El juez abre juicio oral contra la antigua cúpula de la Autoridad Portuaria de Balears por amañar varias adjudicaciones

La jueza ha abierto juicio oral contra el expresidente de la Autoridad Portuaria de Balears (APB) Joan Gual de Torrella, para quien la Fiscalía reclama una pena de nueve años de cárcel dos presuntos delitos de prevaricación, dos de fraude a la administración y cohecho a raíz del presunto amaño, entre 2015 y 2020, de varias adjudicaciones públicas relativas a la codiciada explotación del Club Náutico de Eivissa y a la gestión de los amarres del puerto de Maó. Junto a Gual de Torrella se sentarán en el banquillo otros miembros de la antigua cúpula del organismo así como la abogada del Estado y exasesora jurídica de la APB Dolores Ripoll, cuyo papel, tal como se desprende del sumario, fue imprescindible a la hora de decantar los concursos a favor de las respectivas empresas ganadoras, Club Náutico de Ibiza (CNI) y Marina Asmen. 

En un auto al que ha tenido acceso elDiario.es, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma recoge las conclusiones formuladas por la Fiscalía y las empresas Sernautic Balear y Portocolom Nàutic, supuestas perjudicadas en el procedimiento. En concreto, la primera de las mercantiles cifra en 371.715 euros los daños sufridos y, por ende, pide ser indemnizada con esta cantidad, mientras que la segunda eleva los perjuicios a 36.738.000 euros. Sin embargo, el juez decreta en su resolución no interponer por el momento fianza alguna en concepto de responsabilidad civil a la espera de que se concrete que efectivamente resultaron damnificados en esas cantidades.

El Ministerio Público reclama cuatro años de prisión por cooperación necesaria en la prevaricación para el que fuera director de la APB, Juan Carlos Plaza; el jefe de explotación, Armando Parada; el exjefe del área de gestión, Fernando Berenguer, y la propia Dolores Ripoll. Para el exalcalde de Eivissa Rafa Ruiz, Anticorrupción pide tres años de prisión por prevaricación y fraude, los mismos que para el exvicepresidente Miguel Puigserver por cohecho. De igual forma, el fiscal Juan Carrau considera al presidente del Club Náutico de Eivissa, Juan Marí, autor de un delito de fraude y cooperador en el de prevaricación, por los que le pide tres años de cárcel. Finalmente, Justo Saura, Benito Reynés, Javier Mas, Jorge Martín, Marc Pons y Basilio Sastre, por parte de la empresa beneficiaria en Maó, se enfrentan a tres años de privación de libertad por fraude y prevaricación.

La acusación pública, en su escrito de calificaciones provisionales, sostiene que, de manera continuada y permanente y, al menos desde el año 2015 hasta 2020, los procesados que ejercían cargos en la APB se concertaron entre sí y con otros particulares para la adjudicación de sendos títulos de explotación del dominio público portuario en Eivissa y en Maó.

Lo hicieron, señala el fiscal Carrau, “en beneficio de los particulares y apartándose para ello de los criterios de legalidad, transparencia, objetividad y concurrencia que han de presidir las decisiones públicas” y generando, además, un perjuicio para los intereses económicos de la APB. A juicio de Anticorrupción, todos los acusados actuaron bajo su condición de funcionarios públicos, cada uno dentro de las funciones que les eran propias en la APB, y todos lo hicieron para beneficiar injustamente a los particulares que resultaron adjudicatarios de la explotación del dominio público portuario, en un caso el Club Naútico de Eivissa y en el otro, la entidad Marina Asmen, en Maó.

Este concierto y las resoluciones arbitrarias se llevaron a cabo, en parte, de forma coetánea en el tiempo y en los mismos Consejos de Administración de la APB, según los argumentos del fiscal, que la jueza recoge en su auto de apertura de juicio oral.

Club Náutico de Eivissa

En el caso de la adjudicación a favor del CNI, la Fiscalía refiere que de ese concierto también participó Rafael Ruiz, exalcalde de Ibiza, en su condición de vocal del Consejo de Administración de la APB y primer edil en el momento de los hechos. Carrau considera que Gual de Torrella y el resto de directivos acusados, con la asesoría de la abogada del Estado Ripoll, se pusieron de acuerdo con los responsables del CNI para que fuera este club el que siguiera explotando la dársena de la autoridad portuaria que el club llevaba ocupando desde junio del año 1927.

Por parte del CNI, Marí en la presidencia y Rafael Ruiz, en su condición de vocal del Consejo de Administración de la APB y alcalde de Ibiza, actuaron también para que el CNI resultase beneficiado por la APB. El Consejo de Administración de la APB, continúa el fiscal, dictó varias “resoluciones arbitrarias” destinadas a favorecer ilegalmente al CNI. Además, se crearon comisiones técnicas 'ad hoc', provocando, finalmente, que la adjudicación presuntamente arbitraria supusiera para la APB pérdidas de entre 7,6 y 12,9 millones de euros en todo el periodo de concesión.

Favorecimiento de Marina Asmen en Maó

En relación al supuesto favorecimiento a Marina Asmen en Maó para la gestión de puestos de amarre y taller en el muelle de Ponent, Anticorrupción también apunta a una resolución arbitraria y concertada previamente con los administradores de la sociedad y un perjuicio a la administración por importe superior a 100.000 euros. Como en el caso de Eivissa, Gual de Torrella también habría contado con la colaboración de los directivos de la APB acusados y con la abogada del Estado actuando como asesora.

Entre otras maniobras, considera Carrau que se elaboraron unos pliegos genéricos para controlar la oferta con criterios poco definidos que no permitían a los licitadores conocer cómo se iban a valorar las ofertas y que ocultaban las verdaderas necesidades en esa zona del puerto de Mahón. Los acusados habrían negociado estos pliegos con las empresas posteriormente adjudicatarias. De acuerdo a las investigaciones, la adjudicación estuvo plagada de irregularidades y la Autoridad Portuaria habría dejado de ingresar unos 300.000 euros en tasas.

Los amarres, un pastel goloso en Balears

El caso Puertos ha vuelto a poner en cuestionamiento la gestión llevada a cabo por la cúpula de la Autoridad Portuaria, encargada del control de las prestaciones y servicios de las distintas instalaciones portuarias del archipiélago. Las concesiones de amarres presuntamente irregulares y los contratos de dudosa legalidad se encuentran en el punto de mira en un sector en el que los atraques siempre han constituido un pastel goloso en Balears.

Las investigaciones, abiertas hace más de cuatro años -y que condujeron en julio de 2020 a la detención de Gual de Torrella, que acabó cesado como presidente de la APB y sustituido en el cargo por el expresidente del Govern Francesc Antich, y de otros cuatro directivos de la entidad- apuntan a una perpetuidad en el tiempo de este tipo de prácticas. No en vano, el caso Puertos hunde sus raíces en la causa que más de diez años asoló la APB a raíz de los tratos de favor que recibió la empresa Trapsayates, de la que era propietario el expresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) Gerardo Díaz Ferrán, en dos concursos para la explotación de amarres en Maó y Eivissa.

Durante casi una década, permanecieron bajo el punto de mira de la justicia, además de Díaz Ferrán y de su exsocio Gonzalo Pascual, más de una decena de ex altos cargos de la Autoridad Portuaria, entre ellos sus expresidentes Francesc Triay (PSOE) y Joan Verger (PP), así como numerosos empresarios vinculados a la mercantil beneficiaria. De todos ellos, solo tres acabaron condenados.

Pese a las elevadas penas de prisión y las millonarias indemnizaciones que se solicitaban, los tres acusados -Díaz Ferrán, el empresario Pedro Hernández y el exdirector de la APB Ángel Matías- fueron finalmente sentenciados, en virtud de un acuerdo de conformidad entre acusaciones y defensas, al pago de 8.500 euros en multas.