Bustinduy avisa por carta a empresas españolas en Israel sobre el riesgo de estar contribuyendo “al genocidio en Palestina”

Advertencia por carta a empresas españolas en Israel sobre el riesgo de estar contribuyendo al genocidio en Palestina. Es lo que está haciendo el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy Amador, según ha podido saber elDiario.es. Así, Bustinduy ha empezado este miércoles el envío de cartas a empresas españolas con actividad económica destacada en Israel para instarles a que adopten las medidas necesarias, de acuerdo al Derecho Internacional y la propia Agenda 2030.

Este miércoles se envían las primeras cartas, si bien se trata de un procedimiento en curso, que está abierto: “Se trata de una iniciativa que persigue la búsqueda de soluciones para poner fin al genocidio en Palestina y se enmarca como una acción más en la línea política del Gobierno de España que busca reconocer el Estado de Palestina y promover su ingreso como miembro de pleno derecho en la ONU”, explican en Derechos Sociales.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha declarado este miércoles tras conocerse la noticia: “No he visto el comunicado en concreto. En general, tenemos muy claro desde el Gobierno nuestra visión con respecto a la situación en Gaza y al desarrollo y a la importancia del mantenimiento de los derechos humanitarios en la zona. Por ello es por lo que estamos peleando a nivel internacional también. No solo para que haya un alto el fuego, sino para que cesen todas estas actividades, toda esta violencia. Y que efectivamente podamos tener una situación de paz en la zona, que es lo importante”.

Fuentes de Exteriores, por su parte, afirman: “No sabemos nada de esa carta. No entendemos qué quiere decir con 'el Gobierno'. Nuestra posición es clara sobre Gaza, Palestina y el reconocimiento. Esta misma mañana el ministro ha puesto un tuit al respecto, pero también es clara nuestra posición de que el Estado de Israel y el pueblo de Israel son amigos de España y del pueblo español”.

La intención del ministro de Derechos Sociales, explica su departamento, es evitar el riesgo de que las actividades económicas de las empresas españolas en la zona puedan contribuir a las vulneraciones de derechos humanos que el Estado de Israel está cometiendo en los territorios palestinos ocupados, incluyendo la Franja de Gaza, contra la población palestina.

Israel, desde el ataque de Hamás el pasado 7 de octubre, está llevando a cabo una masacre de palestinos en Gaza que ronda las 35.000 personas muertas, la mayoría mujeres y niños, por sus bombardeos indiscriminados .

En las cartas, según ha podido saber elDiario.es, el ministro Bustinduy emplaza a las empresas a informar al ministerio de sus evaluaciones y estudios para evitar los principales riesgos de abusos para los derechos humanos que pudieran suponer sus actividades.

En esas evaluaciones deberían incluir consultas a expertos y expertas en derechos humanos o con grupos potencialmente afectados y con otras partes interesadas. 

Así mismo, Bustinduy pide a las empresas que rindan cuentas sobre las medidas que están adoptando para prevenir y evitar las consecuencias negativas de su actividad económica en la situación que se está viviendo la población palestina. Además, el ministro reclama a las empresas que informen sobre los mecanismos que han activado para que las personas consumidoras conozcan sus actuaciones para así poder evitar ser partícipes de forma directa o indirecta de las violaciones de derechos humanos que está sufriendo el pueblo palestino. 

La carta del ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, según ha podido saber elDiario.es, recuerda a las empresas que el pasado 26 de enero la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el máximo tribunal de Naciones Unidas con sede en La Haya, ordenó a Israel que tome medidas para evitar “actos de genocidio” en la guerra que está librando en Gaza, en respuesta a solicitud presentada por Sudáfrica, que registró una demanda contra ese país denunciando un “patrón de conducta de intención genocida” en su ofensiva contra la Franja, donde casi 35.000 personas han muerto desde el pasado 7 de octubre. El Tribunal también ha ordenado a Israel a que permita la entrada de ayuda humanitaria en la Franja.

La orden de la Corte se sumaba a distintas resoluciones del Consejo de Seguridad y del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que han señalado que los asentamientos israelíes en los territorios palestinos suponen una grave vulneración del Derecho Internacional. 

El ministro recuerda la resolución de Naciones Unidas A/HRC/RES/31/36, que insta a los Estados a adoptar medidas para que las empresas domiciliadas en territorio israelí y/o bajo su jurisdicción se abstengan de cometer violaciones graves de los derechos humanos de los palestinos o contribuyan a ellas.

Los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos determinan la responsabilidad de las empresas de ejercer la diligencia debida en materia de derechos humanos identificando, previniendo y mitigando los efectos adversos de sus operaciones, incluyendo en sus relaciones comerciales y cadenas de valor.

En el caso de empresas en territorio israelí, estas obligaciones se extienden a las operaciones que pudieran tener efectos sobre la población de los territorios ocupados. 

En Derechos Sociales también tienen en cuenta el Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos, aprobado en 2017, y en las obligaciones de la directiva europea sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad, recientemente aprobada por el Parlamento Europeo, que ahora debe ser aprobada formalmente por el Consejo, firmada y publicada en el Diario Oficial de la UE. Entrará en vigor veinte días después, y los Estados miembros tendrán dos años para incorporar las nuevas normas a sus legislaciones nacionales.

La directiva incide en la necesidad de garantizar el derecho de las personas consumidoras a contar con información que permita el disfrute de bienes y servicios respetuosos con los derechos humanos, en línea con la regulación europea y el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 12 de la Agenda 2030.

Además, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16 insta a los Estados a promover en todas sus actuaciones el estado de derecho en el ámbito nacional e internacional, así como a impulsar el respeto de los derechos humanos como condición sine qua non para la construcción de paz y el desarrollo sostenible.

Bustinduy se reunió a mediados de abril en su ministerio con el embajador de Palestina en España, Husni Abdel Wahed, a quien trasladó el ofrecimiento para que Palestina sea el invitado oficial durante la participación de España en el Foro Político de Alto Nivel, que se celebrará en la sede de la ONU en Nueva York el próximo mes de julio.

De acuerdo con las fuentes, el embajador de Palestina en ese momento mostró a Bustinduy su preocupación “por la vinculación de empresas europeas a actividades que puedan tener un impacto directo o indirecto en los territorios palestinos ocupados y en el genocidio en curso”.

“Hemos recibido esta preocupación del embajador y hemos expresado nuestra determinación a continuar dando apoyo al pueblo palestino en todos los ámbitos posibles dentro de las competencias de este Ministerio”, dijo entonces el ministro Bustinduy.