El Gobierno de Venezuela detiene a un grupo de civiles que trató de tomar un cuartel al este de Caracas
Si el sábado Caracas amaneció con una Fiscal general destituida y que no podía ingresar a la sede del Ministerio Público porque un grupo de militares se lo impedía, el domingo, el gobierno de Venezuela anunció que retomaba el control del Fuerte Paracamay, en Valencia, la tercera ciudad del país, 160 kilómetros al oeste de Caracas después de que un grupo de civiles, dirigidos por Juan Caguaripano, un excapitán expulsado del ejército y que ha protagonizado en el pasado hechos similares, llamara a la rebelión a través de un vídeo.
Diosdado Cabello, hombre fuerte del gobierno de Nicolás Maduro, dijo a primeras horas del domingo a través de su cuenta de Twitter, que el fuente fue atacado por “grupos terroristas mercenarios” y la situación estaba bajo control. La televisión mostró vídeos en los que se oyen algunos disparos, se pedía a los hombres vestidos de militares entre los que había al menos, un teniente desertor, que se entregaran y se veía a manifestantes civiles protestando en los alrededores del cuartel, ya controlado por la Guardia Nacional Bolivariana.
Según el Ministerio de Defensa, fue la propia dotación del cuartel la que detuvo a las personas que ingresaron en el recito. Apenas tres horas después de que llegaran los efectivos policiales al fuerte tomado por el grupo de personas dirigidos por Juan Caguaripano, Jesús Suárez Chourio, Comandante General del ejército grabó un video rodeado de oficiales y soldados en el patio del fuerte para mostrar el control de la situación. El gobierno ha dicho que los muertos son dos, los detenidos son siete y varios más han huido con armas sustraídas del cuartel.
Caguaripano, que se autodenominó “Comandante de la operación David Carabobo” había hecho público un comunicado a través de internet pocas horas antes. En un vídeo, acompañado de 14 personas más, armados, vestidos en fatiga de combate y camuflaje, el alzado afirma ser capitán de la 41 Brigada Blindada acantonada en Valencia y llamó al ejército y la policía a desconocer al gobierno. “Nos declaramos en legitima rebeldía unidos con el pueblo de Venezuela para desconocer la tiranía asesina de Nicolás Maduro. Aclaramos que no es un golpe de estado”, dijo. “Esta es una acción cívica y militar para restablecer el orden constitucional”, añadió. Pero exhortaba a los militares y policías venezolanos “a desconocer desde sus comandos militares y policiales a este régimen de asesinos”.
El militar pedía también “a toda Venezuela” que fuera a los cuarteles, que “cada unidad despliegue en su fachada pancartas alusivas al (artículo de la constitución) 350 y reciba ordenada y pacíficamente a los ciudadanos de su localidad”. El articulo 350 de la constitución de Venezuela es una declaración que dice que el pueblo desconocerá las leyes y autoridades que no respeten la democracia y los derechos humanos.
La llamada de Caguaripano al país, no obstante, advertía de violencia contra aquellos que no se sumaran. “Unidad que registre actividad hostil contra la población civil será considerada un objetivo militar, la unidad y su comandante, y vamos contra ella con todo el poder de fuego de nuestras fuerzas aliadas en todo el país”, dijo, sin especificar cuales eran esas fuerzas aliadas. La policía y el ejército llegaron a las instalaciones del fuerte donde estaba el excapitán con un número indeterminado de personas y tomó control de la situación. Horas después de la emisión del vídeo y el incidente, no se registraron actividades similares en otras partes del país. Durante una pequeña protesta a las afueras del cuartel reprimida por las autoridades murió una persona.
Venezuela vive un choque, muy tenso, de legitimidades. Y una confusa relación entre poderes del estado que no se reconocen entre sí mientras toman decisiones que unas veces se contradicen, otras, se oponen abiertamente y para las que no siempre tienen competencias.
El ataque al cuartel tuvo lugar un día después de que la recién instalada Asamblea Constituyente, con la que el gobierno pretende encauzar la crisis institucional que vive el país, a la que la oposición no reconoce y a la que no se presentó, comenzara sus trabajos, que deben llevar a la redacción de una nueva constitución.
Pero lo primero que hizo no fue proponer artículos para una nueva carta magna ni nombrar comités de trabajo para la redacción del texto constitucional sino tomar una decisión de gobierno: destituir a la Fiscal General Luisa Ortega, una antigua y firme aliada, que se había mostrado frontalmente opuesta a éste los últimos días, cuestionando la legalidad de la convocatoria y el proceso electoral que han llevado a la creación de la misma institución que la destituyó. La ya exfiscal, una deserción de muy alto rango entre las filas del régimen, llegó a referirse a lo sucedido en torno a la creación de la Asamblea como “crimen de lesa humanidad” y tras ser destituida pidió que no se reconozca la decisión de nombrar para el cargo al exdefensor del pueblo, el oficialista Tarek William Saab. Ortega, al igual que la oposición, no reconoce la legitimidad del Tribunal Supremo de Justicia y sus magistrados actuales. La Asamblea Legislativa había nombrado otros magistrados que nunca pudieron tomar posesión de sus cargos y están refugiados en la Embajada de Chile.
Pocas horas después de la destitución de Ortega, Julio Borges, el Presidente de la Asamblea Nacional, el poder legislativo que se ha visto desprovisto de su capacidad de legislar, dijo, durante una rueda de prensa en la Plaza Bolívar de Chacao, un municipio opositor al este de la capital, que la destitución era ilegal porque sólo la Asamblea Nacional podía destituir a la Fiscal General.
Borges pidió a la población que continúe la resistencia a un gobierno que califican de dictatorial y anunció que el lunes, los diputados opositores regresarán al edifico de la Asamblea Nacional, donde ya hay nuevos inquilinos y quizás no haya espacio para todos, lo que podría llevar a nuevas situaciones de tensión, porque es el mismo en el que ahora se reúne una Asamblea Constituyente monolítica que ha comenzado a tomar medidas ejecutivas.
