El Ministerio de Exteriores de Israel ha ordenado este lunes al Consulado de España en Jerusalén dejar de prestar servicios consulares a partir del 1 de junio a los palestinos “residentes bajo la Autoridad Palestina”, es decir, en Cisjordania ocupada, en represalia por el reconocimiento del Estado palestino.
En una nota diplomática enviada a la Embajada, el ministro israelí de Exteriores, Israel Katz, formaliza esta prohibición que ya anunció el viernes como castigo al reconocimiento por parte de España del Estado palestino, que se hará oficial mañana, y las declaraciones de la vicepresidenta Yolanda Díaz, que cerró un discurso con el lema propalestino “Desde el río hasta el mar, Palestina será libre”, que Israel considera antisemita.
“Estamos en el año 2024, se acabaron los días de la Inquisición. Hoy los judíos tenemos un Estado soberano e independiente y nadie nos obligará a convertir nuestra religión ni amenazará nuestra existencia. A quien nos haga daño, le haremos daño”, afirma Katz en un comunicado en el que anuncia formalmente las primeras “medidas punitivas contra España”.
Según estas medidas, Israel prohíbe al Consulado de España en Jerusalén “realizar actividades consulares o prestar servicios consulares a los residentes bajo la Autoridad Palestina”, aunque aclaró que la medida no aplica a personas con nacionalidad española.
“Tras la decisión del Gobierno de España de reconocer el 'Estado de Palestina', y tras las declaraciones de incitación al odio y antisemitas de altos funcionarios del Gobierno de España, encabezados por la vicepresidenta Yolanda Díaz, queremos informar a la Embajada de que el Consulado General de España en Jerusalén está autorizado a prestar servicios consulares solo a los residentes del distrito de Jerusalén únicamente, y no a residentes de la Autoridad Palestina”, señala la carta enviada a la Embajada en Tel Aviv.
España tiene su embajada ante Israel en Tel Aviv, pero mantiene desde antes de 1948 un Consulado en Jerusalén, que desde hace décadas funciona como una embajada de facto ante los palestinos y mantiene relaciones diplomáticas con la Autoridad Nacional Palestina (ANP).
Esta prohibición debe entrar el vigor a partir del 1 de junio de 2024, y si no, el Ministerio “tomará medidas adicionales”. “Hoy he aplicado medidas punitivas preliminares contra el consulado español en Jerusalén, que decidí tras el reconocimiento por parte del gobierno español de un 'Estado palestino' como regalo a los asesinos de Hamás y la grave incitación antisemita de sus dirigentes contra la existencia del Estado de Israel”, ha indicado el ministro Katz.
Katz publicó ayer en su cuenta de X un vídeo con imágenes de tópicos de España, en el que dos actores parodian el baile flamenco, intercaladas con imágenes del ataque de Hamás en Israel el 7 de octubre; acompañado del mensaje “Hamás agradece tus servicios” mencionando al presidente Pedro Sánchez.
El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, tildó ayer ese montaje de “escandaloso” y “execrable”, en una rueda de prensa conjunta en Bruselas con el primer ministro de la ANP, Mohamad Mustafa.
España anunció el pasado martes, junto con Irlanda y Noruega, el reconocimiento del Estado palestino, que formalizarán mañana, lo que provocó la ira de Israel, que llamó inmediatamente a consultas a sus embajadores en esos tres países, y convocó para una “reprimenda” a sus representantes diplomáticos. “Hay que decir a los palestinos que estamos con ellos, que hay esperanza” y que “la tierra y la identidad de Palestina seguirá existiendo en nuestros corazones y en la legalidad internacional”, aseveró Sánchez el día del anuncio.
Más de 140 países reconocen el Estado palestino, ocho de ellos europeos -Bulgaria, Polonia, República Checa, Rumanía, Eslovaquia, Hungría, Chipre y Suecia- así como casi todos los países árabes o los históricamente vinculados al movimiento no alineado.
Además, Palestina es miembro de pleno derecho de la Liga Árabe, el Movimiento de los Países No Alineados, la Organización de Cooperación Islámica o la UNESCO; mientras que en la ONU es Estado observador, aunque la Asamblea General votó este mes a favor de mejorar su estatus.