Los jueces del Tribunal de Roma no han convalidado la detención de las 12 personas retenidas desde el miércoles en los centros de identificación y repatriación de migrantes construidos por Italia en Albania. Es un primer gran varapalo judicial para el plan del Gobierno de Giorgia Meloni, justo mientras la Unión Europea se abre a replicar este modelo, con el aval de la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen. Las dos instalaciones, abiertas esta semana tras cinco meses de retrasos y millones de euros en contratos sin licitación, podrían quedar nuevamente vacías en las próximas horas, estampa de un ensayo que ha terminado en fracaso.
En la decisión del Tribunal ha pesado una reciente sentencia de la Corte de Justicia de la Unión Europa según la cual un país puede ser considerado seguro solo si realmente lo es en su totalidad. Y el concepto de “país seguro” es central en la actuación del protocolo operativo firmado por Italia y Albania hace un año para la apertura de los centros: allí solo deberían ser enviados hombres adultos procedentes de países considerados seguros.
La sentencia de la Corte de Justicia de la UE del pasado 4 de octubre eliminaba de facto de la lista a varios países, entre ellos Túnez, Egipto y Bangladés. Los 16 migrantes llevados en un primer momento a Albania —cuatro de ellos fueron devueltos a Italia pocas horas después de su desembarco en Albania, dos por ser menores y dos por ser considerados “vulnerables”— eran egipcios y bangladesíes.
“La negativa a validar las detenciones en las instalaciones albanesas equiparadas a las zonas fronterizas o de tránsito italianas se debe a la imposibilidad de reconocer como 'países seguros' a los Estados de origen de las personas detenidas, con la consecuencia de la inaplicabilidad del procedimiento de frontera y, como prevé el protocolo, del traslado fuera del territorio albanés de los migrantes, que tienen por tanto derecho a ser conducidos a Italia”, ha explicado en un comunicado Luciana Sangiovanni, la presidenta de la sección 13 del Tribunal de Roma que ha decidido no avalar la detención de este primer grupo de migrantes en los centros. Es decir, que los migrantes tienen que ser trasladados a Italia.
Uno de los puntos claves del acuerdo entre Italia y Albania, como ha repetido en más de una ocasión el primer ministro albanés Edi Rama, era que, bajo ninguna circunstancia, los migrantes pudieran salir de los centros, considerados por Albania como enclaves de jurisdicción italiana.
Un controvertido procedimiento 'exprés'
Una vez que lleguen a Italia, los migrantes tendrán 14 días para recurrir el rechazo de su solicitud de asilo decidido ayer, con una rapidez inédita, por la comisión encargada de estudiar su petición. A los migrantes llevados a Albania se aplicaba el llamado “procedimiento acelerado de frontera”, que reduce a 28 días el tiempo para la primera evaluación de la solicitud y recorta hasta siete el plazo para presentar recurso. Según el fallo del Tribunal de Roma, sin embargo, este procedimiento no se puede aplicar a los 12 migrantes retenidos, cuya demanda de asilo deberá seguir ahora el procedimiento ordinario, que prevé 14 días para recurrir el primer rechazo.
Otro procedimiento 'exprés' sobre el que se apoyaba el plan de Italia era hacer una primera selección rápida de los migrantes inmediatamente después de su rescate en aguas del Mediterráneo por parte de las autoridades italianas. Fue precisamente esta selección la que falló en este primer traslado, después de que el miércoles se descubriera que cuatro de los 16 migrantes trasladados a Albania en un buque de la marina italiana —en un viaje que costó unos 250.000 euros— no tenían que haber llegado nunca allí.
“Desmontar todo y pedir disculpas”
“Ahora, tenéis que desmontar todo, dar marcha atrás y pedir disculpas a los italianos”, ha comentado la líder del Partido Democrático, Elly Schlein. “¡Qué vergüenza! ¡Vaya modelo! El acuerdo alcanzado con Albania es un acuerdo fuera de la ley, un acuerdo que viola el derecho internacional. Todo el mecanismo no se sostiene. Son 800 millones de euros tirados a la basura que podrían haberse utilizado para sanidad”, ha añadido la secretaria general del principal partido de la oposición. El PD, el Movimiento 5 Estrellas (M5S) y la Alienza Verdes e Izquierda han pedido que la UE que abra un procedimiento de infracción por considerar “ilegales” las medidas del acuerdo Italia-Albania.
Una petición que han causado la primera reacción de Meloni, que este viernes ha viajado a Líbano y que, en sus redes sociales, ha comentado en la red social X: “Pd, M5S y AVS han presentado una pregunta a la Comisión Europea para saber si piensa abrir un procedimiento de infracción contra Italia por el acuerdo sobre flujos migratorios con Albania. Han entendido bien: algunos partidos italianos instan de hecho a Europa a sancionar a su propia nación y a sus propios ciudadanos, con el único objetivo de golpear políticamente a este gobierno. Una vergüenza que no puede pasar desapercibida”. Más tarde ha contestado así a una pregunta de los periodistas en la capital libanesa: “Encontraré una solución también a este problema. He convocado el Consejo de Ministros para el lunes para resolver este problema porque tengo la intención de seguir adelante. Los italianos me han pedido que detenga la inmigración ilegal y haré todo lo que esté en mi mano para detener la inmigración ilegal masiva”. Tras tachar la decisión de los jueces de “prejuiciosa”, ha añadido: “No creo que sea competencia de los jueces definir qué países son seguros y cuáles no. Es competencia del Gobierno, así que creo que el gobierno tiene que aclarar mejor qué se entiende por 'países seguros'”.
El vicepresidente del Gobierno y ministro de Infraestructuras, Matteo Salvini, ha comentado el fallo del Tribunal de Roma con un ataque a los jueces: “Dejemos que los jueces pro inmigrantes se presenten a las elecciones, pero que sepan que no nos dejaremos intimidar”. Salvini se encontraba este viernes en Palermo para el alegato final de su defensa en el juicio que le ve imputado por haber bloqueado durante 20 días en 2019 el desembarco de 147 inmigrantes salvados en el Mediterráneo central por la ONG española Open Arms. El fiscal ha pedido para él una condena de seis años de cárcel.