El juez Nuno Dias ordenó el lunes la libertad de todos los implicados en el caso de corrupción que ha provocado la dimisión del primer ministro de Portugal, António Costa. Cinco de ellos estaban detenidos. La Fiscalía apelará la decisión.
De esta forma quedan en libertad el jefe de gabinete de Costa, Vítor Escaria, y el consultor Diogo Lacerda Machado, amigo del primer ministro dimisionario, para los que la Fiscalía había pedido la prisión preventiva.
Pese a disponer su liberación, el magistrado ha prohibido la salida del país de ambos, que tienen que entregar el pasaporte en 24 horas, y ha ordenado a Lacerda Machado el pago de 150.000 euros de fianza.
Para el resto de detenidos, el alcalde de la localidad de Sines, Nuno Mascarenhas, y los dos administradores de la sociedad Start Campus, Rui de Oliveira Neves y Alfonso Salema, el juez estableció que no están vinculados al caso de corrupción, sino al tráfico de influencias.
En consecuencia, únicamente ordenó que sigan en el régimen denominado “término de identidad y residencia”, que consiste en que informen del lugar donde viven, del que no pueden ausentarse durante más de cinco días sin notificarlo a las autoridades, y de comparecer cuando sean requeridos.
En paralelo, el magistrado ha solicitado el pago de una fianza de 600.000 euros por parte de la empresa Start Campus.
Los cinco fueron detenidos el martes pasado en el marco de una operación anunciada ese día por la Fiscalía de Portugal en la que se registraron 42 lugares y en la que se ha visto implicado Costa.
En total, incluidos los cinco puestos en libertad, hay nueve “arguidos” (sospechosos formales, figura previa a la acusación) en esta causa, entre los que figuran el ministro de Infraestructuras luso, João Galamba, el presidente da Agencia Portuguesa de Ambiente, Nuno Lacasta; y el abogado y exportavoz del Partido Sociailsta João Tiago Silveira, así como la compañía Start Campus. Precisamente, este lunes Galamba presentó la dimisión a Costa.
La investigación de la Fiscalía se centra en las concesiones de explotación de litio en las minas de Romano y Barroso (norte), un proyecto para la construcción de un centro de datos desarrollado por Start Campus, y otro de una central de producción de energía con hidrógeno, ambos en Sines.
Todavía no se sabe bien cuál es el alcance de la presunta implicación de Costa, aunque la Fiscalía portuguesa indicó que varios sospechosos han hablado de su supuesta involucración en el caso por “desbloquear procedimientos”.
Tras conocerse la investigación, Costa presentó la dimisión, pero aseguró que no ha cometido ningún acto ilícito. La Fiscalía ha reconocido un error en la transcripción de una de las escuchas en la que se mencionaba al ministro de Economía, António Costa Silva, pero solo se transcribió António Costa, según ha informado uno de los abogados de la defensa.