Enfrentamientos entre manifestantes y policía tras la gran marcha sobre Lima contra la presidenta peruana
Miles de campesinos e indígenas llegaron a Lima este jueves desde distintas regiones del país para pedir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Los manifestantes demandan nuevas elecciones, el cierre del Congreso y una nueva Constitución. Las protestas, que comenzaron pacíficas, terminaron en enfrentamientos con la policía, después de que las fuerzas de seguridad ordenaran el despliegue de un operativo de seguridad en la capital de más de 11.800 efectivos.
“Los actos de violencia generados a lo largo de estos días no quedarán impunes”, dijo la presidenta de Perú en la noche del jueves. En simultáneo, Boluarte, tres ministros y dos exministros están siendo investigados de manera preliminar por presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, por la responsabilidad en la muerte de medio centenar de manifestantes desde el 7 de diciembre.
Después de agradecer el accionar en la policía, Boluarte hizo una distinción entre dos tipos de manifestantes. “En sus protestas no hay ninguna agenda social que el país necesita”, dijo la presidenta sobre aquellos que mantienen su participación constante desde diciembre. “Ustedes quieren quebrar el Estado de Derecho, quieren generar caos y desorden para tomar el poder de la nación”, increpó.
El ministro del Interior, Vicente Romero, confirmó la muerte de un manifestante en medio del intento de la toma del aeropuerto de Arequipa, mientras que 22 miembros de la policía y 16 civiles resultaron heridos. “Dejemos la violencia”, solicitó Romero en la noche del jueves y denunció ataques en tres aeropuertos. Por su parte, el Gobierno considera que los actos de violencia no han sido espontáneos sino que resultaron planificados con el objetivo de generar caos.
Los agentes de la policía dispersaron con bombas lacrimógenas a los manifestantes que lanzaban piedras. Los incidentes tuvieron lugar en las principales calles del centro de Lima, como la avenida Abancay que conduce hasta el Congreso, según informaron medios locales. Por ese motivo, el Gobierno decretó este jueves el estado de emergencia por 30 días en Amazonas, La Libertad y Tacna, que se suman a Lima, Callao, Cuzco y Puno. Este mecanismo autoriza a las Fuerzas Armadas a actuar junto con la Policía en el control de la seguridad. También quedan suspendidos derechos como la inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito y de reunión.
Los enfrentamientos no se limitaron a Lima. En otras regiones del país, sobre todo en el sur, en los departamentos de Arequipa y Cuzco, los aeropuertos suspendieron sus operaciones. Mientras avanzaban las movilizaciones hacia la capital, los bloqueos de rutas continuaban en ocho regiones del país. En las primeras horas del día, los cortes interrumpían de manera total 46 rutas y 48 de manera parcial, según ha registrado el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. La huelga nacional, convocada para las 16 hora local, tuvo lugar cuatro días después de que el Gobierno declarara el estado de emergencia en Lima.
La Defensoría del Pueblo de Perú, que supervisa la garantía de los derechos humanos, resaltó en un comunicado que el “derecho a la protesta pacífica no incluye acciones de violencia contra otras personas, agentes policiales o miembros de las Fuerzas Armadas” e hizo hincapié en que las detenciones “solo pueden ser efectuadas por personal policial en caso de flagrante delito”.
En un país donde los reclamos de la zona rural, sobre todo del sur del país, parecen quedar desacoplados de la capital, llegar a Lima representa para los manifestantes un modo de hacer oír su rechazo al gobierno de Boluarte. Hasta el momento, al menos 44 manifestantes y un policía han muerto en las manifestaciones, mientras que otras 10 personas han perdido la vida por distintas causas provocadas por los bloqueos y manifestaciones desde que estallaron las protestas, el día que Pedro Castillo fue destituido por el poder Legislativo después de intentar disolver el Congreso.
Incendio en el centro de Lima
A metros de la plaza San Martín, punto de encuentro de las protestas, un incendio arrasó en la tarde del jueves una casona del centro histórico de Lima. Mientras se incrementaban los enfrentamientos en la cercana avenida La Colmena, se vio que las llamas comenzaron a aparecer en el tejado de la casona del gran edificio ubicado a pocos metros de la plaza, lo que generó el despliegue de la Policía y miembros de sanidad para atender la emergencia, según informa EFE.
El comandante general de los bomberos, Luis Ponce La Jara, declaró a la cadena América Televisión que “originalmente es un edifico vacío”. De todos modos, ordenó evacuar a los vecinos de la zona. “Es un edificio histórico y el material de construcción es de quincha [un antiguo entramado de caña o bambú recubierto con barro] son rápidamente inflamables”, explicó Ponce La Jara. El ministro del interior, Vicente Romero, negó que el incendio haya sido causado por “algún artefacto lacrimógeno de la policía nacional”.
La marcha campesina
La segunda marcha de los Cuatro Suyos, si bien el nombre hace referencia a los cuatro puntos cardinales del Imperio Inca, tiene una referencia histórica más reciente. Fue a mediados de 2000 que surgió la primera marcha de los Cuatro Suyos, la protesta más grande contra el Gobierno de Alberto Fujimori, después de su cuestionada tercera reelección. En ese momento, el líder de la oposición, Alejandro Toledo, buscó liderar una protesta masiva contra la reelección de Fujimori. Aunque las manifestaciones nacieron como expresiones pacíficas, terminaron en disturbios violentos y choques con la policía.
En este caso, a diferencia del 2000, la manifestaciones no están lideradas por un único actor. Hace 22 años, Toledo representaba la confluencia de distintos sectores de la oposición, con partidos políticos y organizaciones sociales más robustas. “Había una estructura centralizada de la organización. Ahora no existe un liderazgo concreto, lo que hace que las propuestas sobre qué hacer luego de que Boluarte caiga son muy dispersas”, dice Omar Coronel, doctor en Ciencia Política por la Universidad en Notre Dame de Indiana, Estados Unidos.
El escenario sobre lo que podría pasar después de una eventual renuncia de la presidenta es poco claro. Entre las opciones está la posibilidad de que, junto con la presidenta, se renueve la mesa directiva del Congreso, un llamado a elecciones inmediatas y la propuesta de una Asamblea Constituyente, entre otras reformas. “Eso tiene que ver con que no hay un liderazgo claro, que se explica porque no queda casi ningún actor político con legitimidad en el Perú”, explica Coronel.
Es por eso que la caída de Boluarte no garantiza que el problema de la crisis política que vive el país desde hace más de cinco años quede resuelto, tal y como opinan algunos expertos.
Lima se activa
La plaza San Martín, en el centro histórico de la ciudad, no ha sido esta vez el único punto de encuentro de los manifestantes que exigen un nuevo Gobierno. Las manifestaciones han tenido lugar también en otras zonas como la plaza 2 de Mayo pasando por el adinerado barrio de Miraflores. El cambio responde a que en este paro nacional se han sumado a las organizaciones campesinos e indígenas manifestantes de la capital.
En un primer momento de las protestas, gran parte de Lima le dio la espalda a los manifestantes, pero el último mes el escenario cambió, después del casi medio centenar de manifiestes muertos. “El 12 de enero empezamos a ver a los sectores del anti-fujimorismo urbano sumarse a las protestas. Dejaron de ser solo los sindicatos y las organizaciones vinculadas a la izquierda, sino un amplio sector anti-fujimorista”, dice Coronel, especialista en movimientos sociales.
La distancia entre lo que sucede en los círculos de poder de Lima con los movimientos del interior del país no es un elemento nuevo. La idea de “la toma de Lima”, como la han apodado algunos medios locales e incluso los seguidores más radicalizados de Pedro Castillo, en una especie de reapropiación del concepto, tiene que ver con los fantasmas de los círculos de poder limeños desconectados de lo que sucede fuera de la capital.
“Desde Túpac Amaru, Lima ha temido siempre el fantasma del 'aluvión de indios que van a tomar la ciudad', un fantasma colonial que permanece en la sociedad limeña. Las élites limeñas que controlan la política institucionalizada reproducen esta idea de homogeneizar al indígena del sur, siempre rebelde, probablemente terrorista, que va a saquear la ciudad. Esa lectura tiene que ver con un racismo enraizado en las élites del país”, dice Coronel.
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