Donald Trump ha mantenido varias reuniones en los últimos días planificando su respuesta política y legal ante la que va a ser su semana de mayor riesgo jurídico desde que dejó la Casa Blanca. Es probable que el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, presente una acusación penal contra él por su papel en el pago a la estrella de cine para adultos Stormy Daniels a cambio de su silencio.
En su red Truth Social, el ex presidente estadounidense publicó en mayúsculas que esperaba ser “ARRESTADO EL MARTES”. También pidió a sus partidarios que se unieran a las protestas, un recuerdo funesto de los tuits con que los incitó a la protesta en los días previos al ataque del 6 de enero contra el Capitolio de EEUU.
Según fuentes cercanas a Trump, la fecha de este martes como día de la acusación de Bragg es sólo una conjetura, después de ver en los medios de comunicación que la oficina del fiscal del distrito se ha puesto en contacto con el servicio secreto de EEUU para hablar sobre medidas seguridad en caso de una acusación formal.
Un gran jurado de Nueva York está escuchando las pruebas del resucitado caso de 2016. Para este lunes estaba programado el testimonio de un nuevo testigo, lo que hace improbable que se produzca un arresto al día siguiente. Redactar los documentos de la demanda, una vez terminado el testimonio, es algo que puede llevar horas. Aparentemente, el testigo de este lunes era Robert J Costello, que comparecía a petición del equipo jurídico de Trump. En su día, Costello fue el asesor jurídico del ex abogado de Trump Michael Cohen, pero ambos se han enemistado desde entonces. Es probable que el objetivo del testimonio de Costello sea desautorizar a Cohen.
El expresidente republicano ha acusado también al presidente estadounidense, Joe Biden, de estar detrás de la acusación del fiscal. “Biden quiere fingir que no tiene nada que ver con el asalto a la democracia de la Fiscalía de Manhattan cuando, de hecho, ha 'llenado' la oficina del fiscal con gente del Departamento de Injusticia”, escribió en Truth Social.
Bragg, un demócrata electo como fiscal de distrito por voto popular, afirmó el domingo que no se dejará intimidar por las protestas. El ex presidente dedicó varios mensajes a denostar a Bragg, a quien acusó de recibir más de un millón de dólares “del izquierdista radical enemigo de TRUMP, George Soros”.
A su vez, uno de los portavoces de la Casa Blanca, John Kirby, ha señalado que las fuerzas de seguridad están alerta ante las posibles movilizaciones trumpistas. “Controlamos siempre la situación lo mejor que podemos. Y obviamente no queremos que haya violencia, desde luego no hasta el extremo de lo que vimos el 6 de enero” de 2021, ha dicho Kirby en la cadena Fox en referencia al asalto al Capitolio.
Los frenéticos mensajes de Trump demuestran el profundo pánico y ansiedad que siente el expresidente ante la inminencia de una probable demanda penal, sostienen fuentes cercanas. Sobre todo, porque no tiene manera de impedir que la oficina del fiscal siga adelante con un caso que llevará a Estados Unidos a territorio legal desconocido, con Trump intensificando la campaña para convertirse en el candidato republicano a la presidencia en las elecciones de 2024.
En estos días, Trump y sus aliados han dejado caer la idea de que una demanda por comprar el silencio de Stormy Daniels puede beneficiarlo políticamente: sus votantes republicanos podrían ver la resurrección de un caso de hace años como una auténtica “caza de brujas”, en palabras del expresidente. Pero también es cierto que el propio Trump siente un profundo temor por la posibilidad de una acusación penal.
La semana pasada, Trump habló todos los días sobre el caso. Sus asesores dicen que han barajado varios escenarios si se produce la demanda, como si el expresidente debe ir a Nueva York para una comparecencia o si debe hacerlo a distancia desde su complejo residencial de Mar-a-Lago, en Florida.
Trump ha mostrado interés en comparecer en persona ante el tribunal penal de Manhattan, donde se cree capaz de transformar el proceso en un espectáculo para los periodistas presentes, sostienen las mismas fuentes. El sábado por la tarde planteó esa posibilidad mientras viajaba hacia Oklahoma para un campeonato de lucha de la NCAA, la Asociación Nacional de Atletismo Universitario de EEUU (National Collegiate Athletics Association por sus siglas en inglés).
Algunos miembros de su equipo jurídico le desaconsejan la comparecencia en persona por temas de seguridad, entre otras preocupaciones. Le han pedido que les permita negociar una presentación inicial a distancia y una fecha de entrega acordada, cuando sea notificada la acusación.
Estrategia de la defensa
El equipo jurídico de Trump ya está trabajando en la estrategia de defensa. Joe Tacopina y Susan Necheles, dos abogados contratados para el caso, argumentaron que una acusación centrada en el incumplimiento de la regulación de financiación de campañas no se sostiene y que en 2012 ya se intentó sin éxito una demanda similar contra el senador demócrata John Edwards.
La investigación se refiere a 130.000 dólares que Trump hizo llegar a Daniels a través de Cohen, su abogado en aquel momento, durante los últimos días de la campaña de 2016. Trump reembolsó después a Cohen con sus fondos personales, entregándole cheques por valor de 35.000 dólares. En 2018, Cohen se declaró culpable en una demanda federal relacionada con el soborno.
Es probable que el caso del fiscal se centre en la forma en que Trump y la Organización Trump registraron esos reembolsos. Según documentación del caso, la sociedad de los Trump anotó los pagos como gastos jurídicos, haciendo referencia a un contrato legal con Cohen que no existía.
Si la acusación alega que la compra del silencio de la actriz vulneró las leyes de financiación de campaña, lo más probable es que los abogados de Trump argumenten que no pasa lo que viene a denominarse el “irrespective test” que desvincularía el pago a la estrella de cine para adultos de un delito electoral. Es decir, que aunque Trump no hubiera estado en la campaña por la presidencia de 2016, en cualquier caso hubiese pagado a Daniels para evitar la vergüenza, porque el magnate ya era una figura pública.
Pero esa argumentación puede ser una batalla complicada. Trump podría quedar como responsable si se demuestra que tenía “motivaciones mixtas”: proteger su imagen pública y su campaña a la vez. Y el momento de los pagos sugiere que había urgencia de hacerlos antes del final de la campaña de 2016.
En respuesta, se espera que el equipo jurídico de Trump argumente que Daniels ya había intentado en 2011 vender su historia de un affaire con Trump y que entonces le habían dicho: “Deja en paz a Trump, olvídate de la historia”. Se trataría de demostrar que el silencio de Daniels había sido buscado mucho antes de que Trump se presentara a las elecciones presidenciales.
Los abogados de Trump expusieron esos argumentos hace poco a la Fiscalía, cuando Necheles pidió al fiscal de distrito que abandonara el caso, como informó The Guardian. Pero todo apunta a que el fiscal Bragg seguirá adelante con la acusación, una demanda sin precedentes contra un expresidente de EEUU que además está tratando de regresar al Despacho Oval.
En las últimas semanas, la oficina del fiscal del condado de Nueva York (Manhattan) ha hecho testificar ante el gran jurado a al menos siete ayudantes y asesores de Trump. Entre ellos figuraba Cohen, que dio testimonio el miércoles durante unas dos horas (es su segunda intervención). Se ha dicho que cada miembro del gran jurado tenía una pregunta para él, lo que hace pensar en un alto grado de participación.
Según los expertos jurídicos, ese es un indicador clásico de que los fiscales sopesan posibles demandas. Si el gran jurado encuentra que un testigo es concluyente y termina produciéndose el juicio, el jurado final podría encontrarlo igual de convincente.