La Comunidad de Madrid ha anunciado este lunes que llevará ante el Constitucional el plan de ahorro energético del Gobierno central. Tras la Conferencia Sectorial de Energía, Industria y Comercio, en la que el Gobierno se ha reunido con los consejeros autonómicos, la titular madrileña de Medio Ambiente, Paloma Martín, ha asegurado que “ante la cerrazón” del Ejecutivo y “su no rectificación”, van a “anunciar la presentación de un recurso de inconstitucionalidad, porque se están poniendo en cuestión competencias que son propias”.
En concreto, Martín se refiere a “las ligadas al comercio”, en línea con lo expresado hace unos días por el vicepresidente regional, Enrique Ossorio, que ya adelantó hace unos días la intención del Ejecutivo madrileño de analizar “seriamente” el Real Decreto Ley y recurrirlo “si no es constitucional”.
Por la tarde, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que lleva sin agenda oficial desde el pasado 23 de julio, cuando acudió a la toma de posesión de Juan Manuel Moreno Bonilla como presidente de la Junta de Andalucía, y solo se pronuncia por Twitter, ha aprovechado esta red social para lamentar que “mañana por la noche, los únicos escaparates de Europa que estarán apagados serán los de España” y que “el decreto va contra el comercio, el turismo y la sensación de seguridad”. “Una imposición sin diálogo que no mide su impacto económico e invade competencias. Lo recurrimos al Tribunal Constitucional”, ha escrito. Francia ha ordenado también a sus comercios que apaguen los carteles luminosos cuando echen el cierre como medida de ahorro.
Este martes, el vicepresidente Enrique Ossorio aclaró que el Ejecutivo esperaría tres meses para presentar el recurso. Por un lado, porque tiene que pasar por el Congreso, donde podría decaer si el Gobierno de coalición no consigue los apoyos. Por otro, porque en ese tramitación se pueden incorporar cambios. En cualquier caso, cuando la Comunidad de Madrid presente el recurso ante un texto que considera impuesto, que perjudica la economía, que genera inseguridad y que tiene hasta diez puntos inconstitucionales, las medidas ya llevarán en vigor casi 90 días.
Madrid había sido la primera en reclamar la retirada del Real Decreto Ley, que incluye medidas como límites en el aire acondicionado, el apagado de escaparates y edificios públicos a las 22 horas y la obligación de mecanismos de cierre de puertas en comercios. Tras el encuentro, mantenido esta mañana, la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, ya adelantó que “el decreto es el que es” y que no habrá “ningún tipo de aplazamiento”. “Mantienen la imposición de las medidas al comercio, al supermercado, al teatro o al cine, por citar algunos de los sectores más afectados”, ha afirmado Martín en un vídeo difundido tras la Conferencia Sectorial. Por el momento, desde la Comunidad no aclaran si pedirán medidas cautelares, la única herramienta para evitar que el plan de ahorro energético se haga efectivo, ya que el Constitucional tardará meses en pronunciarse.
“Nosotros hemos solicitado una reunión urgente de la Conferencia de presidentes, la convocatoria a los sectores afectados y la retirada del Real Decreto Legislativo”, ha reclamado la consejera. Martín ha señalado que las propuestas del Ejecutivo autonómico “son claras”. Estas pasan por “trabajar para disminuir el recibo de la luz”. Una medida que no supone un ahorro energético y que ha desaconsejado el Fondo Monetario Internacional, que ha propuesta dejar que los precios suban para que se reduzca el consumo, mientras se ayuda económicamente al 20% más pobre de la población.
La postura del Gobierno madrileño ha marcado el paso del Partido Popular de Feijóo. Casi a la par de la rueda de prensa en la que el Ejecutivo de Sánchez anunció el paquete de medidas la semana pasada, la presidenta Isabel Díaz Ayuso ya tuiteó que Madrid no lo aplicaría. Durante los siguientes días el discurso fue virando y suavizándose. Finalmente sus consejeros tuvieron que corregirla, asegurando que se cumpliría la ley “guste o no”, pero la oposición a la medida ha sido firme desde el principio.
Este lunes, el vicesecretario de Organización del partido, Miguel Tellado, salió a reclamar la “retirada inmediata” del Real Decreto mientras el Gobierno estaba todavía reunido con los consejeros autonómicos. Génova afirmó que estaban analizando el decreto y explicaban que, por el momento, no iban a recurrir al Constitucional, a la espera de una respuesta sobre su retirada.
“Hemos sido muy críticos”, ha admitido el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández Lasquetty, que también ha estado presente en la reunión con Ribera y la ministra de industria, Reyes Maroto. “Les hemos dicho que no se pueden hacer las cosas así, sin evaluar las consecuencias, la inseguridad que eso va a traer o la sensación de inseguridad y eso tratándose de un país turístico como España es muy grave. No se puede tomar una medida así sin ver en términos de contracción económica y de pérdida de empleos”, ha desarrollado.
“Contra la manera de ser de Madrid”
“Les hemos dicho (a las ministras) que si el Gobierno no retira este Decreto Ley y no empieza desde el principio, negociándolo, hablándolo, discutiéndolo, cosa que nos ha dicho la ministra que no va a hacer, la Comunidad de Madrid no va a tener más remedio que recurrirlo ante el Constitucional”, ha indicado Lasquetty, que ha reclamado para la región medidas diferentes al resto. “No se puede imponer y no se puede imponer a todos las mismas medidas. No se puede imponer a Madrid medidas que van contra la manera de ser y de funcionar de Madrid y hacerlo de arriba a abajo, desde un ministerio, como si la ministra supiera a qué hora se tienen que apagar los comercios de España”, ha finalizado. La norma, que entrará en vigor este miércoles a las 00.00 horas, no obliga al cierre de comercios, sino al apagado de los escaparates.
“El Gobierno es respetuoso con la Constitución”, había dicho la vicepresidenta Ribera en la rueda de prensa posterior a la Conferencia Sectorial, antes de conocerse el anuncio de la Comunidad y donde había adelantado que serán estas quienes tienen que “ver cómo se aplica” el Real Decreto. Sobre la postura del PP ha lamentado “expresiones altisonantes fuera de lugar” oídas “en público y en las redes” pero aseguró que se queda con “lo importante” que “dicen que es respetar la Constitución y las normas”. “Sí ha habido un consejero que ha negado el cambio climático, el resto ha sido muy correcto”, ha dicho la titular de Transición Ecológica, que ha pedido a la oposición “unidad, responsabilidad y solidaridad” porque “el PP no ayuda en nada”.
La líder de Más Madrid, Mónica García, se ha pronunciado sobre la decisión del Ejecutivo autonómico de recurrir el Decreto Ley ante el Constitucional. “El PP de Ayuso no tiene un problema con las formas mejorables del decreto de ahorro sino con el fondo: ofrecer solidaridad con Europa en un momento de crisis energética y climática”, ha escrito en su cuenta de Twitter. El portavoz del PSOE en la Asamblea, Juan Lobato, ha lamentado que la presidenta “no sabe hacer otra cosa que judicializarlo todo y estar confrontando permanentemente” “Ni se lee los decretos. No se puede estar así toda la vida y le da igual cómo le afecta la guerra de Putin todos los días a los madrileños. Quiere su titular al precio que sea aunque eso beneficie a Putin y perjudique a las familias y empresarios”, ha dicho.