Condenada a 45 días de arresto domiciliario en una casa que le obligan a desalojar por estar ocupándola
Bárbara comenzó tachando cada día que pasaba recluida en su casa. Al séptimo, el pasado 28 de marzo, se cansó. Ese es el último que está rayado con boli azul en el documento judicial que recoge los 45 días que va a vivir privada de libertad. “Me terminaba agobiando más al ver el número de días que llevaba arrestada, eran muchos menos que los que me quedaban pendientes”, cuenta esta madre de dos niños de 13 y 10 años.
“Llegué hace cinco años a esta casa, tras separarme. Siempre he intentando darle un techo a mis hijos”, responde. En junio se dictó la primera sentencia que le obligaba a desalojar el inmueble en el que reside, propiedad de UCI (Unión de Créditos Inmobiliarios). Un piso pequeño, un poco destartalado, situado en el barrio de Vallecas.
La condenaban también a una multa de 540 euros, seis euros al día durante tres meses, por haber cometido un delito de usurpación, ocupación no violenta del inmueble. Si no pagaba, en el documento judicial aclaraban que “cada dos cuotas de multa no satisfechas se sustituirán por un día de privación de libertad”. Y así ha sido.
Lo más llamativo de este tipo de condenas es que tienen que cumplirlas en el mismo piso que han ocupado, y por lo que han sido sancionados. “Es totalmente surrealista. Estoy en arresto domiciliario en una casa que tengo que desocupar porque me desalojan. Realmente me están condenando por ser pobre, porque no tengo (dinero) para pagarles una multa”, incide Bárbara, que lleva ya varias semanas en privación de libertad y asegura estar “desesperada”.
Alternativas al arresto en el piso ocupado
Desde Jueces para la Democracia valoran esta decisión como “paradójica”. Según indica su portavoz, Ignacio González, el Código Penal también recoge que en casos como el de Bárbara se le podría plantear “trabajos en beneficio de la comunidad” o “cumplir condena en calabozos municipales”. “El primer caso además le permitiría buscar una alternativa habitacional (mientras cumplen condena)”, apunta González.
La sanción comenzó el 20 de marzo y finalizará el 19 de mayo. Bárbara “libra” los fines de semana. Solo debe cumplir arresto domiciliario de lunes a viernes. “En cada caso toman una decisión diferente”, explica Diego, portavoz de la PAH de Vallecas. Desde el grupo de vivienda del barrio de Latina han recopilado en toda la Comunidad de Madrid seis casos como el de esta familia y los han presentado ante la defensora del Pueblo.
Uno de ellos, el de Dara y Miguel, se ha cumplido de forma ininterrumpida, 45 días seguidos. Tenían también 540 euros de multa, 270 euros cada uno. “Todos los días viene una pareja de agentes municipales para que firmemos, suelen acudir en momentos diferentes: mañana, tarde o noche”, explica Miguel, también vecino del barrio de Vallecas.
“No miran por los menores”
Estos jóvenes veinteañeros son padres de un niño de tres años, la familia completa ingresa mensualmente el RMI (Renta Mínima de Inserción) 587 euros. Durante la condena se han encontrado con problemas para que les concedan permisos y salir del domicilio en casos excepcionales. Un fin de semana el abuelo de Miguel estuvo ingresado en un hospital y pidieron autorización para visitarle: “Me dijeron que hasta el lunes no me podían dar una respuesta. Ese sábado me sentí impotente, todo el rato escuchando malas noticias por teléfono y sin poder salir. Parecía un ensañamiento”.
“No miran por el bienestar de los menores. No miran por que tienes que trabajar para darles de comer, no miran por que hagas la compra para ellos, no miran por nada”, asegura Bárbara con impotencia. Dejó de trabajar a jornada completa como camarera porque su cuerpo “no podía más”, en ese momento comenzaron los problemas para llegar a final de mes y tomó la decisión de ocupar. “Nosotros hemos intentado regularizar nuestra situación y vivir como personas normales. Desde la segunda semana que llegamos, buscamos un alquiler social que nos podamos permitir económicamente y no nos lo facilitaron”, finaliza Dara.
