El pasado mes de enero, Almeida posaba sonriente ante un cartel que decía Madrid tiene otro aire, exhibiendo con orgullo el cumplimiento de la capital de los límites máximos al dióxido de carbono que marca la Unión Europea. Lo hacía por segundo año consecutivo, pero esta vez con un margen mucho más amplio y con unas buenas perspectivas en cuanto a los meses que venían por delante.
El Ayuntamiento está consiguiendo reducir los niveles de polución que soportan los habitantes de la ciudad y marcar los mejores datos de calidad del aire de su serie histórica gracias a impedir progresivamente el paso a los coches más contaminantes, una medida que en su momento había cuestionado el propio alcalde, cuando estaba en la oposición, pero que acabó adoptando su equipo al llegar a Cibeles, para no variar el camino marcado por el equipo de Carmena ante las instituciones comunitarias.
Pero justo cuando el Ayuntamiento celebra estos días la Semana de la Movilidad, llegaba este martes un jarro de agua fría: la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que anulaba sus tres zonas de bajas emisiones y mandaba a la capital a la casilla de salida en cuanto a la legislación para ordenar el parque automovilístico que más polución genera y que tenía pensado enterrar el próximo 1 de enero, con el cierre de la ciudad a todos los turismos sin etiqueta ambiental.
El TSJM echaba por tierra la Ordenanza de Movilidad Sostenible que el propio Almeida tuvo que volver a aprobar en el año 2021 por otra sentencia judicial que tumbó Madrid Central, entonces por una demanda del propio PP. Buena parte de la campaña electoral del ahora alcalde giró en torno a su supresión y, una vez en la alcaldía y debido a su acuerdo con Ciudadanos, tenía que lidiar con mantener de alguna forma las restricciones para seguir reduciendo la contaminación en Madrid.
El proceso para modificar la ordenanza y esquivar la sentencia judicial -entonces fue el Supremo el que se pronunció- resultó tortuoso e hizo estallar el acuerdo de gobierno con Vox, partido que pedía el fin de Madrid Central y con el que no pudo contar para aprobar la nueva normativa ni tampoco en las votaciones sobre otros asuntos que llegaron después. El PP tuvo que tirar de los votos de cuatro tránsfugas de Más Madrid para sacar adelante el primer retoque de una norma que salvó in extremis las restricciones en 2021 y que a día de hoy acumula tres variaciones por distintas sentencias y decisiones políticas.
El último cambio tuvo que ver, sin embargo, por un retroceso en la norma que aplicó el área de Movilidad: permitir acceder a la Zona de Bajas Emisiones del Distrito Centro a los vehículos de reparto más contaminantes durante todo 2023, un año más de lo inicialmente acordado. En este caso, una denuncia de Más Madrid se llevó por delante este intento municipal de hacer un guiño a los transportistas a costa de permitir mayor polución. Lo consiguió por un error técnico del departamento que dirige Borja Carabante: intentar modificar una ordenanza a través de la aprobación de otra.
Pero los disgustos judiciales para el consistorio no acabaron ahí. Siguiendo el camino marcado por el PP, Vox recurrió la Ordenanza de Movilidad para intentar tumbarla en su totalidad y llegó a la sentencia que dio a conocer este martes el TSJM: las tres Zonas de Bajas Emisiones de la ciudad quedaban anuladas porque los jueces no cuestionan que el Ayuntamiento de Madrid pueda poner en marcha este tipo de iniciativas para proteger la salud y el medio ambiente, pero entienden que las consideraciones económicas de la Ordenanza no fueron correctamente analizadas. Falta, según los jueces de lo contencioso-administrativo, “una ponderación adecuada del balance de beneficios y costes y de la posibilidad de adoptar medidas menos restrictivas de efecto equivalente, o que pudieran producir un efecto discriminatorio para los colectivos más vulnerables económicamente”.
El Ayuntamiento está estudiando recurrir la sentencia a través de sus servicios jurídicos. Si lo hace seguiría aplicando hasta un pronunciamiento del Tribunal Supremo las prohibiciones de acceso en cada una de las tres Zonas de Bajas Emisiones. Y podrá mantener el plan de que a partir del 1 de enero de 2025 ningún coche sin etiqueta ambiental pueda circular por el término municipal de Madrid. Actualmente esos vehículos suponen el 9% del total circulante en los barrios con zona SER, según datos municipales.
Pese a los efectos positivos que ha tenido la aplicación de esta Ordenanza para el aire que respiran los madrileños, los jueces consideran que las medidas del consistorio afectan a “miles de vehículos profesionales” e inciden en la competencia y el mercado. Afirman que tendría que haber tenido en cuenta, por ejemplo, la situación de “colectivos empresariales de menor capacidad económica para la renovación del vehículo”, en alusión a autónomos o pymes. El Ayuntamiento, no obstante, lleva varios años ofreciendo subvenciones en la compra de vehículos menos contaminantes a través del programa de Ayudas 360. Solo este año ha gastado en él 20 millones de euros para facilitar el cambio de coche a los particulares.
Sentencia a favor de las estufas contaminantes
La otra decisión judicial que permitió la existencia de elementos contaminantes la recibió el Ayuntamiento de Madrid hace casi un año, cuando el TSJM anuló otro articulado de la normativa municipal por el que se iban a prohibir en 2024 las estufas de las terrazas que emiten gases contaminantes. La medida había sido pactada también con los concejales escindidos de Más Madrid. Una vez que estos ediles desaparecieron de Cibeles después de las elecciones, el Gobierno de Almeida decidió no recurrir la sentencia y dejar correr el problema.
La sentencia de este martes ha sido recibida como una “muy mala noticia para la salud de los madrileños”, declaró la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre. “El Partido Popular y Almeida alimentaron el negacionismo climático en su lucha contra la izquierda madrileña y sufren ahora el boicot que en el pasado emplearon y alimentaron contra todos los avances en la materia”, recordó sobre las sentencias recientes del TSJM, una de ellas a instancias de la demanda del PP.
La jefa de la oposición ha trasladado que “la extrema derecha de Vox juega con las cartas marcadas de una Justicia que intenta en este caso, como en otros, imponerse sobre la voluntad de los madrileños, una Justicia que a veces tiene pronunciamientos más propios del siglo XIX que del XXI”, dijo en unas duras palabras contra la decisión judicial.
La portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista, Enma López, ha encuadrado la anulación de las Zonas de Bajas Emisiones de Madrid (ZBE) en las “chapuzas del alcalde”, que generan “inseguridad jurídica” en la ciudadanía. “Ya van muchos casos en los que la Justicia anula actos del Ayuntamiento de Almeida precisamente por no cumplir con el procedimiento, como la moratoria de vehículos para acceder a Madrid Central, las estufas de gas en las terrazas o la ordenanza de terrazas”, enumeró. Tanto el PSOE como Más Madrid ha reclamado que el consistorio recurra el fallo judicial.
En el otro extremo, Vox ha reclamado la dimisión del alcalde o, al menos, “que cumpla a rajatabla esta sentencia”, dijo este martes también su portavoz municipal, Javier Ortega Smith. Lo que tendría que hacer Almeida “si tuviera dignidad” es “presentar su dimisión por haber mentido a los madrileños y por haber quedado absolutamente desacreditado en todas las mentiras de este Madrid Central, que se ha demostrado que no era otra cosa que una fabulosa maquinaria de recaudación de dinero, con cerca de un millón de euros impuestos todos los días”, añadió.
Las sucesivas sentencias judiciales también han puesto en vilo los cientos de miles de multas por accesos indebidos a Madrid Central, cada uno de ellos se salda con una sanción de 200 euros. Desde la puesta en marcha de la mayor zona de emisiones en enero, el área de Movilidad calcula que se cometen 1.400 entradas diarias de vehículos no autorizados. El delegado de Movilidad, Borja Carabante, aseguró a última hora del martes que las multas no serán anuladas y que todas las ZBE siguen en vigor hasta que se decida si hay recurso municipal ante el Supremo. El Ayuntamiento tiene hasta el 23 de octubre para hacerlo.