Otra vez ha salido el personal docente público pidiendo el 5% del PIB regional para educación. Lo vienen haciendo regularmente y en soledad, sin apoyo social o de las familias, ya que el único discurso imperante es contrario a la existencia de servicios públicos generalistas; no suena mal tenerlos, pero es que para eso hacen falta 'funcionarios', y eso sí que no. Otra vez estas 'profesionales de la queja' (las maestras) piden ratios más bajas, refuerzos para la orientación educativa, y más personal para poder ofrecer la atención individualizada que se supone que la LOMLOE instaura, y que por ahora solo se ha concretado en una tonelada de nuevos papeles, que nadie nunca leerá jamás, y en menos tiempo para atender y educar. No es que en este 'territorio del sureste' importe; tal vez la Sanidad pueda llegar a estar la cuarta o la quinta en motivos de preocupación de la gente que vive por aquí, según dice el CEMOP, pero la educación ni aparece en la lista de las diez preocupaciones principales.
El discurso imperante es el que imponen a través de los medios de comunicación los que tienen poder para hacerlo, que son los que tienen mucho dinero. Una minoría claro. Esto viene de lejos en las democracias, pues ya en la primera y más antigua, la democracia ateniense, los grandes terratenientes lograban imponer, comprando voluntades y 'oradores', la postura ética de que cualquier ley o costumbre que garantizase algún reparto de riqueza y seguridad, era en realidad un 'truco' para que 'los débiles' se aprovechasen de los 'fuertes', es decir, de los ricos, que son ricos porque son mejores y más fuertes.
Así hablan y usan los medios gentes superiores como Ayuso o López Miras, que representan a los 'fuertes', los gen-éticamente superiores, en su lucha sin cuartel para que los débiles y más pobres nos les hagan repartir. Ayuso dice que la justicia social (es decir, la que es distributiva) es un invento de la izquierda “para que algunos vivan del trabajo de los demás”. Por 'algunos' quiere decir los débiles que no puedan pagarse un cirujano privado o una casa, porque su vagancia les ha hecho pobres. Para Ayuso la justicia solo puede ser justicia, sin añadidos distributivos, porque repartir es perjudicar a los fuertes que saben cómo acumular riqueza. Solo hace falta convencer a un número suficiente de que en realidad son mejores que el vecino, o podrían serlo si los dejasen, y de que saldrían ganando si no se 'repartiese' nada a través de servicios públicos (con funcionarios). Así, creando un ethos, un patrón de persona, es cómo se fabrican votantes y ganan elecciones.
Estos días el personal docente está indignado con La Verdad por su campaña de desprestigio hacia los funcionarios. Para desmontar el gran mecanismo de reparto que es lo público lo mejor no es decir a las claras que lo que queremos es privatizar, sino añadir mucha leña y condimentos mediáticos a los tópicos miserables sobre los funcionarios. Por ejemplo, el titular 'Los empleados públicos acuerdan con la Comunidad trabajar menos y cobrar más' es groseramente privatizador; normalmente si apelas a bajos instintos, a la envidia o lo más miserable, el mensaje cala. La Verdad ha recibido un aluvión de quejas directas y ha modificado el titular después, dejándolo en 'Los funcionarios de la Comunidad logran reducir la jornada y mejorar sus salarios', menos grosero pero igualmente equívoco y descontextualizado.
¿Qué está pasando con la jornada de los funcionarios? Que el Gobierno de España, al que los medios borran, decidió recuperar por fin la jornada laboral normal de los funcionarios, que tenían antes de los recortes de 2008, dado el colapso de casi todos los servicios tras la pandemia. Debió entrar en vigor desde el 1 de enero de 2023. Esta recuperación de la jornada normal debe conllevar para el personal docente un reajuste: reducir las horas lectivas en dos o tres. El Gobierno Regional y algunos sindicatos 'preacuerdan', sin pasar perceptivamente por la Mesa Sectorial de Educación, reducir solo una lectiva en septiembre de 2023, una hora y media de trabajo no lectivo, probablemente de las que el docente echa en casa, en enero de 2024, y finalmente una segunda lectiva en septiembre de 2024. Es decir que se va a dilatar más la recuperación de la jornada normal, hasta casi dos años después. Aún así ya da para 'los funcionarios van a cobrar más y trabajar menos'.
Esto ha sido anunciado por López Miras a las puertas de las elecciones regionales, y para dejar 'con el culo al aire' las protestas de docentes, con la connivencia de quienes se han prestado a salir en esa foto. Triste, porque lo cierto es que, tal y como viene avisando STERM, el Gobierno Regional lo que va a hacer ahora es 'cobrar' al servicio público que odia esa reducción lectiva mal hecha, a la que se ven obligados, con una oleada de recortes en gastos de personal. Se recupera la jornada normal y hay que contratar más docentes de matemáticas o filosofía, pero López Miras ha dispuesto que no se puede gastar más en personal docente público. ¿Cómo lo cuadras? Muy sencillo, ya empezaron a dilatar las sustituciones, ya están eliminando maestras de apoyo en los coles, y el mismo camino va a seguir diverso personal no docente a cambio de ese nuevo de matemáticas. Las gallinas que entran por las que salen, y así nos aseguramos de que la escasa inversión en la pública regional siga dejando campo social para el negocio privado de crear votantes del PP, que es lo que hace la red privada subvencionada. Qué fácil es para La Verdad enterrar esto en un “los funcionarios van a cobrar más y trabajar menos”.
A las protestas del personal docente público Miras ha respondido con una entrega de medalla a UCOERM, la patronal de la privada subvencionada. Que quede claro que él no va a poner trabas a esos padres que se saben más fuertes y mejores, aunque no terminen de llegar a fin de mes. También ha enviado una carta a todo el funcionariado anunciando su magnanimidad, mientras el personal docente ha empezado a circular memes contra el titular de La Verdad.
Todo esto además, sin saber si después de las elecciones López Miras le va a vender la Consejería de Educación a Vox, como estos pretenden, para salvar su asiento puesto ahí por el expresidente murciano condenado Pedro Antonio Sánchez, ahora en Miami. Pero como no somos una comunidad, en el sentido político y ciudadano, a las familias les da igual. Si las demandas son “cuestiones laborales” docentes no, que son funcionarios. Mentalidad cincelada para que sigamos siendo territorio de gente fuerte y que gana perras y no llora. No es territorio para débiles. Los murcianos no lloran, los murcianos facturan y se pagan concertados. Así arrinconamos toda justicia social en favor de ese sueño de libertad miserable y falsaria, que te hace creer que eres mejor que tu vecino aunque seas un pringao manual.
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