La recuperación de la cocina hospitalaria, otro tema de análisis electoral en Navarra
“En una subcontratación, si quieren lograr beneficio, es habitual que aprieten al personal, con ritmos de trabajo imposibles”. La responsable de servicios privados del sindicato LAB en Navarra, Berta García, vincula de esta forma subcontratación y precariedad laboral, tras la reciente sentencia que reconoce como despidos improcedentes la finalización de tres contratos de trabajadoras de Mediterránea de Cátering, la empresa que gestiona las cocinas en el Complejo Hospitalario de Navarra (CHN). Este caso se suma a las quejas planteadas por pacientes y a las críticas del personal sanitario sobre el descenso de calidad de la alimentación, cuestiones que han convertido a la gestión de las cocinas en uno de los grandes temas de la pasada legislatura y en un tema a abordar durante esta campaña electoral por parte de los partidos.
Estos tres despidos, de todas formas, no son un caso cerrado. LAB ya ha anunciado que recurrirá la sentencia para que sean considerados nulos y que, por tanto, sean las tres trabajadoras las que tengan en su mano decidir si se reincorporan al trabajo y, además, tendrían derecho a recibir los salarios que deberían haber cobrado durante el tiempo de su despido. Este periódico ha intentado sin éxito contar con una valoración de la empresa al respecto.
La sentencia en cuestión se conoció la semana pasada. En el texto, se recoge que los despidos se remontan al 17 de octubre de 2014, cuando la firma alegó realizar tres despidos disciplinarios, alegando una disminución “voluntaria y continuada” del rendimiento laboral de estas empleadas durante los últimos meses. Las tres trabajadoras estaban afiliadas a LAB, habían participado en movilizaciones y dos de ellas formaban parte de las listas de la central; por ello, alegaron una persecución sindical. En la sentencia, sin embargo, se da la razón únicamente en parte a las demandantes por no considerar probado que la empresa conociera que pertenecían al sindicato pero, no obstante, sí se reconoce que los despidos fueron improcedentes porque las causas alegadas en las cartas de despido fueron “vagas e imprecisas”.
Este caso es, según apuntan desde LAB, “una buena noticia”, que en su opinión pone en cuestión el proceder de Mediterránea de Cátering, a la que el Gobierno Foral adjudicó en julio de 2012 el servicio de las cocinas del CHN por cuatro años y un importe de 22,8 millones de euros. Fuentes del personal aseguran que, con ese paso, se creó un problema que antes no existía: en 2013, primer año con el servicio subcontratado, hubo 2.278 quejas, 303 en 2014 y 20 en enero de 2015. Sin embargo, un informe de Comptos ya recuerda que antes de la privatización, por ejemplo en 2012, había habido únicamente ocho reclamaciones en todo el año. La propia Cámara de Comptos, que fiscaliza las cuentas públicas de Navarra, elaboró además un informe en el que cuestiona que la gestión indirecta haya supuesto un ahorro para las arcas forales, afirmó que este se debía únicamente a la unificación del servicio (en lugar de una cocina por centro, se agrupó) y que, de haber sido gestionado de forma directa, se habrían ahorrado otros 670.000 euros. El Gobierno Foral cuestionó abiertamente esas conclusiones.
¿Por qué apuesta cada partido?
Las críticas a raíz de esta polémica también se abordaron, largamente, en sede parlamentaria, y hubo grupos que se posicionaron abiertamente a favor de recuperar la gestión de las cocinas. ¿Cuáles de ellos se han comprometido ahora a hacerlo durante la campaña electoral? Algunos apuestan por esta vía, pero otros temen el coste de revertir el servicio. En el primer grupo, de quienes defienden una apuesta por la gestión pública, se encuentran formaciones como Podemos, EH Bildu e Izquierda-Ezkerra; en el segundo, otras como Ciudadanos o Geroa Bai, que se preguntan cuánto podría suponer a las arcas forales la recuperación de un servicio adjudicado. Y una tercera vía, con otras alternativas, sería la que plantea el PSN, que impulsaría un servicio de economía social en las cocinas.
En cualquier caso, todos los partidos salvo UPN coinciden al criticar la gestión de este proyecto, la pérdida de calidad de la alimentación (Equo y PPN señalan este punto, por ejemplo, aunque los segundos apuestan por mantener una colaboración público-privada pero con más mecanismos de control) y le necesidad de actuar en esta materia. La sentencia contra Mediterránea de Cátering, aunque en este caso sea por un conflicto laboral (dos de las tres despedidas prestaban este servicio en el sistema público y, tras la adjudicación, pasaron a la empresa privada) y no tanto por el modelo del servicio, ha vuelto a poner el foco en la subcontracación/privatización de servicios y en el asunto pendiente de las cocinas hospitalarias, un problema adjudicado y de difícil solución.
