Un informe del Gobierno vasco apunta a seis sellos falsificados para justificar contratos a la trama de De Miguel

El 'caso De Miguel', el mayor de corrupción en Euskadi, podría sumar ahora un nuevo delito a los muchos que ya se ventilan en el macrojuicio que arrancó en enero y acabará en octubre: la falsedad documental. Un informe del Gobierno vasco firmado el 12 de abril por el director de Atención a la Ciudadanía e Innovación y Mejora de la Administración, Javier Bikandi Irazabal, y al que ha tenido acceso eldiarionorte.es demuestra que nunca fueron sellados en el Departamento de Cultura seis supuestos trabajos elaborados por tres empresas de la trama que controlaba el ex 'número dos' del PNV de Álava, Alfredo de Miguel, a las que contrató 'a dedo' entre 2006 y 2008 el que fuera director de Juventud, el también nacionalista Xabier Sánchez Robles. El Ejecutivo había certificado en tres ocasiones que esos contratos -y otros hasta sumar unos 200.000 euros- nunca se realizaron, pero Sánchez Robles presentó antes del juicio una copia de la carátula de esos informes “sellada” en el registro oficial del Gobierno. 

Se da la circunstancia de que Sánchez Robles ya había presentado otra versión sin sellar de esos mismos supuestos informes en 2012, cuando declaró en la fase de instrucción como imputado. Asimismo, en algunos casos el propio De Miguel entregó una tercera versión de algunos de los trabajos encargados por Juventud. Era similar al aportado por Sánchez Robles pero no idéntico.

Sin embargo, el listado completo de los asientos del registro de entrada del Departamento de Cultura certifica ahora que ninguna de las tres versiones fueron entregadas en la ventanilla de la segunda plata de la sede administrativa de Lakua en Vitoria. Los documentos aparentemente oficiales aportados por Sánchez Robles en su escrito de defensa, por lo tanto, nunca pudieron ser sellados, lo que abre la puerta a que del juicio del 'caso De Miguel' se derive otro procedimiento por falsedad documental.

A instancias de la Fiscalía, que envió el requerimiento de la documentación al Gobierno a través de agentes de la Policía judicial el pasado jueves, el Ejecutivo ha entregado un desglose de las entradas en el registro los días de los sellos presuntamente falsificados, concretamente los días 20 de marzo y 24 de septiembre de 2007 y 8 y 15 de enero de 2008 y 1 de octubre de ese mismo año. Mención aparte merece el sexto sello, con fecha de 29 de febrero de 2007, un día que no existió al no ser bisiesto. Por ello, el ministerio público pidió todos los asientos “entre el 28 de febrero y el 1 de marzo”. En todos los casos el resultado es negativo.

Efectivamente, sí aparecen con hora e incluso segundo la entrada en el registro de las facturas que en esas mismas fechas entregaron las empresas Errexal, Kataia Consulting y Ortzi Muga, las tres implicadas en los hechos. Pero nada más. El abogado de Sánchez Robles, Javier Beramendi, llegó a deslizar la pasada semana que se podían haber sellado a la vez minuta y memoria justificativa de los trabajos, pero en los casos en que es así, según el informe del Gobierno, se hace constar tal circunstancia expresamente. 

Antes de la certificación del Gobierno de la inexistencia de esos registros, el análisis somero de los sellos ya había arrojado algunas dudas de su autenticidad. Por ejemplo, en dos casos hay diferencias entre el timbre presentado en los documentos del exdirector de Juventud y en el documento oficial compulsado de esas mismas fechas, el correspondiente a las facturas cobradas. Si en una aparece “8 ENE 2008” en otra consta “08 ENE 2008”. Y en otro caso el “3” de un 13 es muy diferente tipográficamente. 

Asimismo, a todos los sellos les falta un número que siempre los acompaña, el del asiento en el registro de entrada. Igualmente, este lunes un testigo ha manifestado que es raro que los documentos de Sánchez Robles tengan el tampón sobre las letras y no en un margen en blanco. Hay dudas igualmente sobre la orientación de estas marcas en comparación con los originales. Beramendi, que no renuncia a estas pruebas, ha excusado estas anomalías. “¿Por qué? Porque sólo los usos y costumbres del registros serían los que no podían dar luz”, ha argumentado. 

El Gobierno no presenta su informe

Se da la circunstancia de que ha sido la Fiscalía y no el propio Gobierno vasco (de PNV y PSE-EE y personado en la causa aunque hasta el momento en un segundo plano) el que ha aportado el informe al juicio. Eso sí, el letrado del Ejecutivo, Javier Otaola, está haciendo referencia a este asunto en sus interrogatorios y, de hecho, ha mostrado su sorpresa por el documento sellado el 29 de febrero de 2007. Fuentes del Ejecutivo ya habían explicado a este periódico cuando adelantó estos hechos la pasada semana que sospechaban que las pruebas de Sánchez Robles podían estar “fabricadas”.

El tribunal, sin embargo, no ha admitido su incorporación como tal a la abundante prueba documental de un sumario de más de 25.000 páginas, como habían solicitado las defensas y singularmente Beramendi El presidente del tribunal, Jaime Tapia, ha alegado que durante esta fase del procedimiento solamente la sala puede solicitar nuevas evidencias y no las partes, si bien no se impedirá hacer referencias a sus conclusiones en los interrogatorios de testigos. De hecho, de aquí al 25 de abril este macrojuicio se centra exclusivamente en las presuntas irregularidades en el área de Juventud.

El asunto de los sellos está monopolizando no sólo las dos últimas sesiones del juicio del 'caso De Miguel', incluso por encima del propio tema de fondo, el análisis de si salieron o no contratos injustificados para beneficiar con dinero público a unas empresas que De Miguel también utilizó como pantalla, presuntamente, para el cobro de comisiones ilegales. Así, ha quedado eclipsado el testimonio de Iñigo Cortázar, quien firmó las certificaciones del Gobierno que hacían constar que no existía documentación de varias adjudicaciones a Errexal, Kataia Consulting y Ortzi Muga, éstas dos últimas con un objeto social no relacionado con la política cultural o juvenil y sin trabajadores. Cortázar ha asegurado que “nadie” en Juventud halló rastró documental de los informes pagados.

Por su parte, el sucesor de Sánchez Robles, el socialista Natxo Rodríguez, ha explicado que no hubo documentación que se ocultó al juzgado para perjudicar a los imputados, como ha sugerido con sus preguntas Beramendi. Ha indicado que todo lo que apareció sobre esas empresas se envió. De hecho, hay constancia de algunos trabajos realizados por Errexal, que obtuvo un total de 15 contratos por valor de 201.683,34 euros, 118.628,4 aparentemente injustificados.