Varios imputados del 'caso De Miguel' responden ya a la Fiscalía que no pactarán y defenderán su inocencia

El juicio del 'caso De Miguel', el mayor de corrupción en Euskadi, se encuentra suspendido hasta el 1 de octubre ante la posibilidad de que los principales imputados, empezando por el ex 'número dos' del PNV alavés Alfredo de Miguel, alcancen un acuerdo con la Fiscalía para rebajar su condena a cambio de reconocer su culpabilidad en unos hechos que hasta ahora había negado con vehemencia. Las negociaciones exploratorias con el letrado de De Miguel, Gonzalo Susaeta, se han extendido ya a otros abogados, que han iniciado los contactos desde el mismo momento en que el lunes se levantó la sesión o que irán desfilando en las próximas horas por el Palacio de Justicia de Vitoria. Según ha podido saber este periódico, al menos dos de ellos -relacionados con las operaciones de Miñano y Zambrana- han trasladado ya al ministerio fiscal su negativa a un acuerdo. Un tercero, el defensor del exviceconsejero de Cultura, Gurutz Larrañaga, confirma también públicamente que salvo “grandes novedades” se inclina por mantener hasta el final la inocencia de su cliente y colaborar con la Fiscalía y con todas las partes durante el juicio en busca de la libre absolución.

Larrañaga está acusado en la subderivada de esta macrocausa que afecta a la Dirección de Juventud del Gobierno vasco, una oficina dependiente del Departamento de Cultura del que el político guipuzcoano del PNV era 'número dos'. La investigación concluyó que el director de Juventud, Xabier Sánchez Robles, concedió contratos 'a dedo' a tres empresas de la órbita de De Miguel, Errexal, Kataia Consulting y Ortzi Muga, y que, en muchos casos, no consta que se realizaran los trabajos que supusieron un desembolso de más de 200.000 euros. Las contrataciones fueron firmadas por Larrañaga, a quien la Fiscalía considera copartícipe de los hechos, por lo que solicita para él hasta 17 años de prisión.

Durante el juicio y hasta las recientes negociaciones, la mayoría de las defensas han mantenido una estrategia coordinada de crítica frontal a la acusación de la Fiscalía y de defensa de la inocencia de los acusados. Apenas ha habido disensiones en la línea seguida por los letrados y una de las pocas excepciones ha sido la del letrado de Larrañaga, Miguel Alonso. Ya en la segunda sesión del juicio Alonso incidió en que las contrataciones objeto de polémica fueron “propuestas por el director” y que Larrañaga no ha tenido problemas en ninguna de las otras Direcciones a su cargo. Más adelante, Alonso insistió en esta tesis a través de la comparecencia de un testigo, el excargo del PNV Imanol Agote, que señaló claramente la responsabilidad de Sánchez Robles:  “El visto bueno, el aval, que [el pago] estuviera suficientemente motivado, era cosa del director”.

En esta fase decisiva del juicio, la de los interrogatorios de los acusados, la defensa de Larrañaga no se plantea en ningún caso aceptar una condena menor. Es más, el exviceconsejero quiere declarar y explicar lo ocurrido en Juventud desde la “colaboración absoluta” con la Fiscalía y la sala. Según su letrado, la reciente sentencia del 'caso Margüello' les hace ser optimistas. En ella, el viceconsejero de Sanidad, Rafael Cerdán, que firmó uno de los contratos objeto de reproche penal, fue absuelto al entender la sala que la responsabilidad directa fue de su subordinado, José Ramón Elorriaga, que era amigo del titular de la empresa beneficiaria. El tribunal interpretó que se puede hablar de “negligencia” por parte del viceconsejero al no haber controlado esos expedientes pero en ningún caso de colaboración directa con la trama. Según Alonso, Larrañaga se guió por el “principio de confianza” y no participó en las relaciones de Juventud con las mercantiles de la órbita de De Miguel y en el seguimiento de esos contratos. Uno de los datos que se esgrimirán es que no se mencionaba su nombre -y sí el de Sánchez Robles- en los correos electrónicos incorporados al sumario.

Precisamente el Gobierno vasco, por boca de su portavoz y responsable de los servicios jurídicos, Josu Erkoreka, se ha pronunciado este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno sobre el nuevo escenario abierto en el juicio del 'caso De Miguel' ante la posibilidad de que algunos de los principales acusados asuman su culpabilidad. El Ejecutivo está personado en la causa exclusivamente en relación a estas contrataciones del área de Juventud. No ha formulado una solicitud de penas propia a los excargos del PNV imputados -deja ese papel en manos de la Fiscalía- pero sí reclama, en caso de que se confirmen las irregularidades contractuales, la restitución del dinero.

Según Erkoreka, durante el juicio han aparecido “documentos” que permitirían “reducir” el posible quebranto económico en este subapartado del 'caso De Miguel'. Fuentes del Gobierno han indicado a este periódico que si la totalidad de contratos bajo sospecha identificados por la Fiscalía sumaban unos 280.000 euros, “durante el juicio se han aclarado o despejado dudas de algunos de ellos, que suman unos 100.000 euros”.

Los periodistas han preguntado al consejero-portavoz sobre esos “documentos” nuevos y si se refería a las pruebas aportadas por Sánchez Robles o De Miguel, sobre las que pesan indicios de plagio y falsificación de los sellos oficiales que llevan, que no tienen número de registro y no constan en las bases de datos oficiales de la Administración, según un informe del Departamento que dirige Erkoreka. Éste ha preferido no dar más detalles al desconocer el informe completo de los letrados del Gobierno. El Ejecutivo, en todo caso, entiende que todavía no ha llegado el momento procesal para realizar una valoración general del juicio y asegura que “es muy pronto” para saber la cifra final presuntamente defraudada por los acusados.  

En sala, el abogado del Ejecutivo, Javier Otaola, ha criticado duramente los pagos a estas empresas porque “se ha testimoniado” que se facturaron servicios no prestados y por lo irracional de que no haya rastro de informes que costaron hasta 12.000 euros. Sobre las pruebas presentadas por Sánchez Robles, Otaola consideró que eran “fotocopias”.