Faltan solo 43 días para el 4 de septiembre. Ese domingo más de 15 millones de ciudadanos deberán votar si aprueban o rechazan la nueva constitución que 154 convencionales redactaron durante un polémico y azaroso año que culminó el 4 de julio pasado. Todo es inédito: el texto fue escrito por convencionales electos por sufragio universal, en forma paritaria y con escaños reservados para pueblos originarios. Se quiso poner punto final a la Constitución impuesta en dictadura en 1980.
Imposible no volver la mirada a ese otro 4 de septiembre de 1970, cuando Chile también definió un giro radical. Han transcurrido 49 años y las huellas del día en que Salvador Allende obtuvo la primera mayoría en la elección presidencial siguen latentes. Años de acerada Guerra Fría. Para el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon y su secretario de Estado Henry Kissinger, después de la revolución cubana, un mandatario electo democráticamente con apoyo de socialistas y comunistas no es permitido en América Latina, su patio trasero. Menos si promete nacionalizar el cobre, expropiando a Kennecott Corporation, Anaconda y Cerro Corporation. Otros países podrían imitar ese ejemplo.
Lo más peligroso para Nixon y Kissinger era la unidad de esa misma izquierda chilena que se fraguaba con éxito en Francia e Italia; mientras en España buscaba con coraje y tesón sacarse de encima la dictadura de Franco. La vía pacífica enarbolada por Allende se miraba con interés. Eran días de profundo debate intelectual.
Difícil explicar por qué después de 32 años de recuperada la democracia (1990), no hemos sido capaces de darle una vuelta de tuerca a un sistema que, con mínima regulación en áreas de la economía, salud y educación, enquistó la inequidad
Vuelvo al Chile de hoy. El debate profundo ha sido reemplazado por la descalificación ruda e irracional. Sin embargo, en ese año 1970 la máquina de guerra ya estaba en marcha. Los archivos desclasificados de Estados Unidos hablarían años más tarde. Ignorábamos que el asesinato del entonces comandante en jefe del ejército, general René Schneider, en octubre de 1970, para impedir que el Congreso proclamara presidente a Allende, y que fue financiado por la CIA, fue la antesala de miles de encarcelados, torturados, muertos y desaparecidos que a partir del 11 de septiembre de 1973 partirían mi país en dos. Fractura que se profundizó durante los 17 años de dictadura y que aún supura.
Difícil explicar por qué después de 32 años de recuperada la democracia (1990), no hemos sido capaces de darle una vuelta de tuerca a un sistema que, con mínima regulación en áreas de la economía, salud y educación, enquistó la inequidad. Hasta que la olla a presión estalló el 18 de octubre de 2019. La multitud se tomó las calles de muchas ciudades en protesta por la desigualdad que mastican, huelen e indigna a los millones que viven hacinados en poblaciones periféricas.
Esa inequidad mata igual que la corrupción que se fue instalando y cooptando el sistema político, con leyes que no le han quitado ni una muesca al poder que desde hace décadas ostentan los grandes grupos económicos locales y multinacionales.
Basta leer un estudio de la Cepal de febrero: Chile es el país de América Latina en el que los ultrarricos concentran el mayor nivel de patrimonio. La riqueza que acumulan esos nueve chilenos equivale al 16,1% del Producto Interno Bruto (PIB) de Chile. Otro signo de desigualdad: Informe World Inequality Report de 2022 indica el 1% más rico de Chile concentra el 49,6% de la riqueza total del país (en Brasil concentra el 48,9%, en México el 46,9%).
En el segundo puesto de ese listado está Julio Ponce Lerou, quien tomó el control de SQM (Soquimich), una de las mayores productoras mundiales de litio, yodo y fertilizantes, una vez privatizada por Pinochet, su suegro. Maneja la empresa a través de un esquema de “cascadas”, obteniendo una utilidad fraudulenta de US$128 millones (juicio en curso). En 2021, SQM obtuvo ganancias por US$585,5 millones, 255,9% más respecto de 2020.
Hoy se informa de que el juicio por financiamiento ilegal de la política que ejecutó SQM, al distribuir dinero ilegal a políticos de todo el espectro a cambio de una ley de royalty y otros beneficios llega a su fin. Por más de cuatro años el equipo de periodistas de CIPER desmenuzó y rastreó sus redes de complicidad, protección y corrupción. Ese juicio tuvo a más de 100 imputados, ninguno cumplió prisión preventiva. La red de protección funcionó.
Ese juicio explica en parte qué nos pasó. Por qué no pudimos terminar con el lucro en las universidades, por qué fue imposible parar el abuso de las Administradoras de Fondos Previsionales (AFP), en desmedro de las pensiones miserables de los trabajadores. Un dato: en 2021, cinco de las siete AFP repartieron dividendos por US$231 millones. ¿Por qué aceptamos por décadas un sistema de ahorro obligatorio como si fuera de seguridad social?
Miro mis archivos y leo que en la última elección presidencial de Estados Unidos (2020), la más cara de la historia de ese país según el Center for Responsive Politics, se gastaron aproximadamente US$5,2 mil millones. Monto que explica la cuantía de los intereses en juego y la creciente violencia en las campañas.
Y los intereses en juego en este plebiscito de septiembre son enormes. Como los de la propiedad del agua y la gran minería y que alertó el expresidente del gremio minero (Sonami), Diego Hernández: “desacreditan la minería por temas ambientales, pero lo que quieren es apropiarse de la renta minera”. La gran minería tiene la garantía de que sus concesiones no serán expropiadas, pero la nueva amenaza es la obligación de respetar el medio ambiente: les impedirá afectar glaciares y territorios protegidos.
La parte más polémica del texto propuesto es la declaración de “Estado Plurinacional e Intercultural”, reconociendo autonomía y cultura de 11 pueblos y naciones, entre ellas la del pueblo Mapuche. No le pone fin al carácter “único e indivisible” del Estado de Chile, pero hay un reconocimiento al despojo de sus tierras y la restitución reparatoria, uno de los conflictos más importantes se apruebe o rechace la nueva Constitución.
La restitución de tierras involucra una zona donde están instaladas las principales empresas forestales -representan el 2,1% del PIB y el 8% de las exportaciones-. Un dato: las utilidades de empresas Copec (familia Angelini, entre los nueve más ricos de Chile), se dispararon en 2021, impulsadas por su sector forestal, US$1.781 millones, alza de 834% respecto de 2020. Son estas empresas las que quieren expulsar del territorio las comunidades mapuche más radicales: Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Resistencia Mapuche Lavkenche y Weichan Auka Mapu.
La violencia en la zona del Walmapu se salió de control. El crimen organizado ya se instaló en las principales zonas de conflicto del país, llámense mapuche, inmigración o estallido social, y es la nueva lepra. En Walmapu operan mafias que se dedican al lucrativo negocio del robo de madera. La cosecha ilegal de 2020 fue avaluada en US$68 millones y participan chilenos, mapuches y forestales. A ese negocio ilícito se suman el tráfico de drogas, de armas y trata de inmigrantes.
Aupados por la violencia de las mafias y encubiertos a veces en la “causa mapuche”, delincuentes buscan ocupar por la fuerza tierras reclamadas por años por comunidades mapuche. La corrupción de las autoridades y la falta de respuesta por siglos a sus demandas en la región más pobre del país, hoy nos pasa la cuenta. Los jóvenes mapuche han iniciado el regreso a su tierra ancestral y quieren escribir otra historia.
La violencia del crimen organizado causa alarma pública. El subsecretario del Interior Manuel Monsalves afirmó: “el país ha sufrido una mutación criminal, el tipo de delitos vinculado al tráfico de drogas ha hecho que el mercado chileno sea muy atractivo para organizaciones criminales más grandes, poderosas, peligrosas y que tienen el control de más territorios en el país”. Y detalló: “Tren de Aragua, cartel chino ‘Bang de Fujian’, indicios de presencia del Cartel de Sinaloa, Cartel de Jalisco, Nueva Generación y Cartel del Golfo”.
A esa violencia se suma otra: la desinformación y las noticias falsa para un texto difícil de leer y mucho más de entender. Muchos buscan dejar atrás errores y desaciertos de los convencionales que por momentos se tomaron el proceso. ¡Un espectáculo lamentable! Otros buscan que el poder regrese al Senado, a los “expertos”, a los que un 79% de ciudadanos rechazó cuando votó por una Constitución sin participación del Congreso.
La campaña del plebiscito cobra voltaje y la miseria sigue mostrando la fractura. La pobreza, aumentó por primera vez en 20 años, amenaza con seguir creciendo (10,8% y 4,3% en extrema pobreza). Los expertos dicen que próximo año la crisis económica golpeará fuerte. A Chile, a América Latina y al mundo.
A poco más de cuatro meses de asumir el presidente Gabriel Boric, la promesa de construir un nuevo pacto social sigue en deuda. El estallido social no ha terminado. Nada ha vuelto a ser igual. La vida se ha vuelto más dura, con pandemia, restricciones y la crisis. Y la indignación sigue allí. Latiendo.
Vuelvo a la noche de ese 4 de septiembre de 1970. Había algarabía en los miles de rostros y la esperanza de que se daban los primeros pasos en un camino por construir. Ignorábamos que los tanques y la brutalidad masificada cortarían de raíz los sueños. Miro, hurgo. Intento atrapar la esperanza. La cara entumecida de una niña en un recodo de La Pintana, población en la periferia, me da la clave. Son 700 mil como ella que hoy viven en la pobreza y necesitan un giro. Son miles los jóvenes de ayer que hoy demandan pensiones dignas, sistema de salud universal. Son miles las mujeres que exigen que les devuelvan el derecho a huelga, ser dueñas de su cuerpo y del derecho al placer. Rechazo o Apruebo, Chile tendrá una nueva Constitución. La primavera viene.