Interoperar, una respuesta eficaz a los damnificados por la DANA

Oigo estos días, una vez más, quejas por el laberinto al que los ciudadanos nos vemos inmersos cada vez que nos relacionamos con la administración, ahora, desgraciadamente y en gran parte, por la necesidad masiva de ayudas en la Comunidad Valenciana.

Pronto hará cuatro años, una humilde asociación encabezó un manifiesto contra la brecha digital en Bizkaia. Además de descartar cualquier empatía por parte de los servicios públicos de titularidad privada, banca, energéticas, grandes distribuidoras, que en aquel momento aprovechaban el COVID para seguir reduciendo recursos y costes propios para trasladarlos a los usuarios, insistía en la importancia de hablar de “Interoperabilidad”, un concepto entonces desconocido pero que ya venía siendo subrayado en sus informes por el Ararteko, defensor del pueblo en el País Vasco. Así lo hicimos, desde nuestra humildad, compareciendo en Juntas Generales, Parlamento y Oficina del propio Ararteko, además de en los medios de comunicación que nos dieron espacio.

Interoperabilidad no es un término abstracto, de esos que gustan a los eruditos. No es más que llevar a la práctica un viejo principio administrativo, un principio que Estado y comunidades comparten en sus normas de relación con la ciudadanía, que ningún ciudadano se vea obligado a presentar documentos que obran en poder de las administraciones, operando conjuntamente, es decir, cruzando sus bases documentales.

Pues bien, la ley de ámbito estatal va a cumplir una década, pero sus administradores han sido hasta ahora incapaces de darle cumplimiento. En una época en la que los algoritmos te inundan de propaganda si detectan que buscas un modelo determinado de ropa o calzado, has visitado una población o has comprado una herramienta en internet, la administración todavía te puede pedir que acredites una vida laboral, un empadronamiento o ingresos y gastos que ella misma no solo conoce, sino que computa a determinados efectos. Cualquier persona con una mínima experiencia o conocimiento de las distintas administraciones sabe que la mayoría de trámites y procedimientos podrían hacerse de oficio, apenas con el visto bueno y no con el esfuerzo del beneficiario. Apúntese para los miles de víctimas de la DANA. Trabajadores, autónomos, simples ciudadanos...

Porque si las administraciones no interoperan en la Comunidad de Valencia es muy posible que miles de ellos no accedan a ayudas o prestaciones a las que tienen derecho, sea porque no pueden relacionarse digitalmente, por desconocimiento o carencias diversas, y en un gran porcentaje porque las administraciones les pedirán documentos que obran en su poder, una cumplimentación a la que además no ayudan sus páginas laberínticas, de difícil comprensión, repletas de barreras de seguridad, ni la obligación de cita previa o los pocos puntos de atención pública, que demoran la respuesta necesaria.

Lo prioritario es sin duda la existencia de ayudas, de fondos que mitiguen la emergencia económica a la que se han visto abocados miles de valencianos, pero de nada serviría si no llega a todos con prontitud y sin que estos tengan que pasar por una carrera de obstáculos.

Uno de los agujeros del gobierno progresista es no haber mimado a la avanzadilla de la administración, la que atiende a la ciudadanía, sea digital o presencialmente, ignorando que la amabilidad en la respuesta a sus problemas puede que no dé votos, pero cohesiona a la sociedad y la aleja de la desafección. Hay tiempo para corregirlo.