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Más sobre el secreto profesional de la justicia

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El acceso publicado a los datos de las comunicaciones del Fiscal General del Estado en España me llena de estupor y me hace reflexionar sobre mis creencias adquiridas mediante el ejercicio profesional en el deber de secreto profesional como abogado, ya que, al fin y al cabo, los abogados y los fiscales somos agentes de la justicia, actuamos frente a frente en los tribunales muchas veces y otras en el mismo lado.

El secreto profesional del abogado, también conocido como confidencialidad entre abogado y cliente, es fundamental en el Estado de Derecho por varias razones:

Protección de la privacidad del ciudadano: Permite a los ciudadanos comunicarse abiertamente por todos los medios con sus abogados sin temor a que la información confidencial sea revelada a terceros. Las interceptaciones de comunicaciones entre clientes y abogados requieren autorización judicial y solo pueden ser legales en determinados supuestos siempre revisables en el procedimiento 

y esto incluye los datos de conexiones y las facturas detalladas de los proveedores de comunicaciones porque no parece lógico que terceros conozcan con quién se ha comunicado un abogado o un fiscal. Esto es crucial para que los abogados y fiscales puedan ofrecer el mejor asesoramiento y defensa posible en sus posturas en el proceso.

Garantía de una defensa (o acusación) eficaz: Un abogado necesita tener toda la información relevante para poder representar adecuadamente a su cliente, como un Fiscal para representar el interés público. Si los ciudadanos no pueden confiar en que sus comunicaciones a un abogado o a un fiscal serán confidenciales, pueden retener información importante, lo que podría perjudicar su defensa o la defensa del interés público. Si las comunicaciones de los abogados y de los fiscales entre ellos son intervenidas por terceros, publicadas sin mesura por terceros, las garantías constitucionales del proceso justo dejan de existir.

Fomento de la honestidad: La confidencialidad permite que los ciudadanos sean honestos y transparentes con sus abogados y con los fiscales, lo que facilita la búsqueda de soluciones legales justas y adecuadas. La confidencialidad en las conversaciones profesionales entre abogados y/o fiscales permite que se digan opiniones necesarias para el desarrollo del procedimiento que no se dirían en público.

Protección de la justicia: La confidencialidad entre abogado y cliente también protege la integridad del sistema judicial. Sin esta protección, los abogados y los fiscales podrían ser obligados a testificar contra sus propios clientes en el primer caso o contra quienes les han confiado elementos necesarios para el ejercicio de su ministerio en el caso de los fiscales, lo que socavaría la confianza en el sistema legal, si en España queda rastro de esa confianza.

Cumplimiento de normas éticas: Los códigos de ética profesional de los abogados requieren que mantengan la confidencialidad de la información de sus clientes. Esto no solo protege a los clientes, sino que también preserva la reputación y la integridad de la profesión. Creo que la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Estatuto del Ministerio Fiscal vienen a dar fuerza jurídica a la obligación ética de la confidencialidad de los fiscales, en todo caso.

Por ello, cuantas veces, en más de 50 años de vida profesional de abogado, se ha solicitado mi colaboración por fiscales o abogados sobre asuntos que llevaban entre manos, he colaborado voluntariamente y siempre creyendo que esa colaboración, opinar, se hacía bajo el más estricto secreto profesional. Este letrado no ha revelado jamás el contenido de una conversación profesional y ha considerado siempre esas conversaciones de consulta como conversaciones profesionales. Revelar su contenido, por otra parte, puede ser delito y siempre es una infracción de las normas que rigen el ejercicio de la abogacía en España. En una conversación profesional están incluidas las notas que los participantes puedan tomar en su desarrollo.

El secreto profesional no es un privilegio del abogado, el secreto profesional es un deber de abogados y de fiscales (A este respecto en el blog “Antxón Massé”, el 9 de febrero de 2019 se puede leer https://antxonmasse.blogspot.com/2019/02/las-conversaciones-entre-abogados-y-el.html ).

Creo que los jueces, incluyendo a los del Tribunal Supremo, deberían cortar este « apocalipsis » de las comunicaciones del Fiscal General que nos lleva por el peor camino posible a todos los agentes de la justicia.

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