A mediados de 2021, un trabajador del Ministerio de Industria bajó al almacén del edificio del Paseo de la Castellana de Madrid y se dio cuenta de que faltaban decenas de ordenadores con su respectiva caja de embalaje incluida. La Policía tiró del hilo y descubrió que un empleado de una contrata del ministerio había estado sacando las computadoras para venderlas en un Cash Converters –tienda de compra venta de artículos principalmente de segunda mano– de la localidad de Alcorcón, en Madrid. El trabajador ha sido condenado a dos años de cárcel por malversación tras reconocer los hechos, pero después de rebajar a 33 el número de terminales sustraídos, que según la Fiscalía eran más del doble.
La resolución de la Audiencia Provincial de Madrid revela que el condenado trabajaba para Sermicro, empresa del ámbito de la tecnología y la informática que en ese momento prestaba servicios para el ministerio. En algún momento entre 2017 y 2021, según reconoció él mismo, sacó hasta 33 ordenadores del almacén de la tercera planta subterránea del edificio para venderlos en una tienda de segunda mano de Alcorcón.
Allí, según explicó el encargado del Cash Converters en el juicio, no saltaron las alarmas, porque este técnico de soporte no llevó los 33 terminales de golpe. Pero sí saltaron en el ministerio cuando comprobaron la cantidad de material que faltaba. “En un primer vistazo faltaban unos 60 ordenadores, pero no sabíamos desde cuándo”, explicó otro de los trabajadores durante el juicio celebrado en marzo.
Un juicio en el que declaró el subdirector general de Telecomunicaciones del ministerio, explicando que en una revisión más pormenorizada comprobaron que faltaban “decenas de ordenadores”, pero que se encontraron con un problema: “La falta de rigor del inventario” del propio Ministerio de Industria, según reconoció el alto cargo del departamento.
Varios agentes de Policía Nacional explicaron en el juicio cómo siguieron el rastro a los ordenadores robados tras la primera denuncia del Ministerio de Industria. La información facilitada por Cash Converters les permitió localizar uno de los terminales y descubrieron que ese vendedor había realizado decenas de ventas similares de segunda mano. No solo computadoras: también ratones y cámaras web, por ejemplo. Pero solo 33 de esos aparatos aparecían en los inventarios del ministerio.
Facultades “disminuidas” por drogadicción
El acusado reconoció los hechos pero no aceptó íntegramente la acusación de la Fiscalía durante el juicio, que le atribuía el robo de más de 60 ordenadores cuando, finalmente, la Justicia ha declarado probada la sustracción y venta de 33 de ellos. La condena es de dos años de prisión por un delito de malversación, seis años más de inhabilitación y la obligación de indemnizar al Ministerio de Industria con 23.800 euros, unos 15.000 euros menos de lo que pedía la Fiscalía en su escrito.
La sentencia también se hace eco del trastorno que padece el acusado por ser adicto a la cocaína. “Sus facultades volitivas pero no las intelectivas estaban disminuidas pero no anuladas, habiendo cometido los hechos por razón de dicho trastorno”, dice la Audiencia de Madrid para aplicarle una atenuante de drogadicción. En caso de hacer frente a la parte económica de su condena no tendrá que entrar en prisión.
La condena final de dos años de prisión es, según el documento, más alta que la solicitada por la defensa, que pidió al menos tener en cuenta como muy cualificada la atenuante de drogadicción y que fuera condenado a seis meses de cárcel. La Fiscalía, según consta en el documento, pidió un año, lo que fuentes del caso atribuyen a un error.