El comisario José Manuel Villarejo seguía dirigiendo su organización criminal desde la cárcel. Esta es la última acusación contra el policía de la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Asuntos Internos, que atribuyen a Villarejo el control y dirección de la venta de información reservada desde su celda de la prisión de Estremera (Madrid), donde ingresó preventivamente tras su detención en noviembre de 2017, informan a elDiario.es fuentes de la investigación.
Esta operación para la venta de material clasificado es objeto de la pieza 28 del caso Villarejo, declarada secreta por el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón. En el marco de esta pieza se procedió este viernes a la detención del propio Villarejo, de su esposa, Gemma Alcalá, y de una tercera persona que estaba realizando de intermediario, en colaboración con el comisario y su mujer, para entregar el material a sus compradores a cambio de dinero.
Ese individuo, el abogado Alfonso Pazos, estuvo encarcelado en el mismo módulo que Villarejo en la prisión de Estremera. Cumplía condena en Logroño, estuvo un largo periodo en Estremera y había sido devuelto a la cárcel de la capital riojana. En los permisos de los que disfrutaba habría realizado los contactos referidos, añaden las fuentes consultadas. Pazos pudo ingresar en el módulo de Villarejo, dedicado a funcionarios condenados o en prisión provisional, porque antes de ejercer de letrado había sido militar.
Según consta en las grabaciones del caso Villarejo, el comisario guardaba siete copias del material que acumuló durante toda su carrera, principalmente grabaciones de los encuentros que mantenía con clientes de su “organización criminal”, así como con políticos, otros mandos policiales o miembros de la judicatura. Parte de ese material, reconocía él mismo en las grabaciones, se encuentra escondido en el extranjero.
Las fuentes consultadas aseguran que entre el material objeto de la venta hay información vinculada al uso de fondos reservados y que, al menos una parte, se encuentra entre lo incautado al policía en la operación de noviembre de 2017.
Pese a estar en prisión provisional, el policía fue detenido en su celda a efectos de practicar el registro de la misma con las garantías debidas. Los policías se llevaron papeles ante el gran enfado de Villarejo, aseguran fuentes próximas al dispositivo. En el mismo fue arrestada su esposa, quien ya se encontraba imputada en otras piezas de la causa. Anticorrupción pide para ella 50 años de cárcel por su participación en Iron, la pieza que investiga el encargo de un despacho de abogados a la banda de Villarejo en contra de otro bufete y en el que se utilizó información confidencial.
Entre los delitos investigados en esta pieza 28 figuran, de nuevo, el de organización criminal y revelación de secretos. La información que había puesto a circular el comisario está, en parte, protegida por la Ley de Secretos Oficiales, precisan las fuentes consultadas. Está previsto que los detenidos pasen a disposición judicial el próximo lunes.
Además, Gemma Alcalá se sentará en el banquillo en una causa ajena al caso Villarejo, pero en la que también está procesado su marido. Se trata del espionaje a otro comisario y a miembros del CNI durante una reunión del caso del Pequeño Nicolás a través de un dispositivo de espionaje colocado presuntamente en el teléfono móvil de uno de los policías