Barberá, Ábalos y lo que cuesta asumir la responsabilidad política por la corrupción

Rita Barberá que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El pasado fin de semana, la alcaldesa de Valencia rindió otro homenaje a la mujer que dirigió los destinos de la ciudad durante 24 años. “Hoy hace ocho años que Rita Barberá nos dejaba. La quiero recordar con una frase suya que me ha inspirado siempre: 'Valencia es mi pasión y ser alcaldesa es mi amor'”, escribió María José Català. Es posible que Català también la recuerde por otras razones, porque ella la ajustició en una votación en la que se le exigía que dimitiera de su escaño en el Senado.

La corrupción es un arma que mata por acumulación. Durante años, el PP había desdeñado las acusaciones en todas las más variadas formas delictivas que existieron en esa comunidad. Para entendernos, la cosa fue tan loca que hubo un tiempo en que ser el concejal de Urbanismo del PP en la Comunidad Valenciana suponía presunción de culpabilidad. Los sumarios judiciales fueron cayendo en oleada. Aunque no todos concluyeron en una sentencia condenatoria, los más graves terminaron convenciendo al PP de Rajoy de que debía librarse del peso muerto que suponía Barberá. Català y el resto del grupo parlamentario del PP votaron a favor de pedir su dimisión en el Senado, donde se había refugiado para conseguir el aforamiento. El partido la abandonó y ella lo encajó muy mal.

La defunción política había comenzado antes. En las elecciones locales de 2015, su candidatura perdió la mitad de los votos que había recibido cuatro años antes. Barberá falleció sola y amargada en 2016 y el PP pasó ocho años en la oposición. Hubo que esperar a 2024 para contar con la sentencia del caso Taula que acreditaba la financiación ilegal de las campañas municipales del PP de Barberá. Ahora Català busca blanquear la figura de la exalcaldesa, una salida que tiene su coherencia teniendo en cuenta la extensión del blanqueo de dinero en esos años.

En el PSOE, están aún en la fase de ruptura de relaciones con José Luis Ábalos, al que le exigieron sin conseguirlo que renunciara a su escaño en el Congreso. La intención es similar a la del PP con Barberá años atrás: hacer todo lo posible para que la caída del exministro no manche al partido hasta niveles irreparables.

Hay que decir que las posibilidades de éxito no son muy altas. Cualquier indicio que cuestione a Ábalos impactará en la credibilidad del PSOE. Ya no valdrá preguntarse cómo pudo Ábalos elegir a alguien como Koldo García en el Ministerio, sino cómo pudo Pedro Sánchez elegir a alguien como Ábalos para su Gobierno o para mantenerlo en las listas electorales en 2023.

La declaración de Víctor de Aldama la semana pasada ha permitido al PP anunciar que lo mejor está por venir en el caso Koldo y prever el fin inmediato del Gobierno, pero también ha posibilitado al PSOE ignorar lo que ese testimonio dice sobre Ábalos. La descripción fantasmagórica de la preparación de una supuesta cena de casi la mitad de los ministros socialistas con la venezolana Delcy Rodríguez les permite tachar toda su declaración de sarta de mentiras. Lo mismo en relación a la denuncia de que un ministro y el número tres del PSOE aceptaron corromperse por unos miles de euros, según el testimonio de Aldama. Sobre Ábalos, no tienen mucho más que decir que hay que dejar trabajar a la justicia y que su nombre les suena, pero que ya no tiene nada que ver con ellos.

La responsabilidad política ante los casos de corrupción es uno de esos conceptos difusos ante los que se reacciona con firmeza y claridad cuando afecta al adversario y con una extraña distancia si ocurre en tus propias filas. Los otros siempre tienen que dimitir, faltaría más. Con los tuyos, al final se dice que ese tema ya se cerró hace tiempo.

¿Alguien debe asumir una responsabilidad específica por la presencia anterior de Ábalos en el Gobierno? Ahora, cuando el tema está más caliente, se dirá que ni siquiera ha sido procesado o imputado, pero esto último es solo porque está aforado y el Tribunal Supremo querrá el caso bien cocinado antes de permitir que se lo sirvan en un plato.

Hasta entonces, a los socialistas solo les queda la opción de seguir sudando mientras esperan. Este fin de semana, celebran el congreso del partido con lo que podían escapar de la realidad durante unos momentos, abrazarse y desearse lo mejor. Hasta que llegó Juan Lobato, el pariente que siempre pone nerviosos a todos en las cenas familiares.

El líder del PSOE madrileño se vio expuesto por una información de ABC que revelaba que había registrado ante notario los mensajes de una conversación con la jefa de gabinete del ministro Óscar López sobre la supuesta filtración del correo que envió el novio de Isabel Díaz Ayuso a la Fiscalía reconociendo sus delitos. ¿Un notario? ¿Guardando pruebas por si necesita usarlas contra compañeros de partido o porque es una persona olvidadiza? Este martes, dijo como ejemplo que era por si perdía el móvil, lo que es una respuesta involuntariamente cómica. Como sacada de uno de los personajes frikis de una serie tipo 'La que se avecina'.

La conversación se produjo en marzo, pero no fue hasta noviembre cuando Lobato decidió hacer una visita al notario. Este mes es cuando se han extendido los comentarios sobre el interés del PSOE de buscar otro candidato para las próximas elecciones en la Comunidad de Madrid y ha circulado el nombre del ministro Óscar López. ¿Estaba Lobato maniobrando para contar con una baza que le permitiera neutralizar a Ferraz? Si fue así, la bomba que estaba preparando le ha estallado en la cara, eso sin contar el estado de shock en que ha quedado su partido.

La duda es si esos mensajes confirman que el email del abogado de González Amador estaba en poder del PSOE antes de que llegara a los medios de comunicación. Lobato dio unas explicaciones el martes –no muchas, menos de tres minutos y sin aceptar preguntas de periodistas– que solo sirvieron para dejarlo todo más confuso.

A él le dijeron que ese email ya había aparecido en medios de comunicación, por lo que podía usarlo en el pleno de la Asamblea. Y aquí viene lo que Lobato considera una aclaración: “Ahora, vista la reacción de algunos dirigentes de mi partido, parece como si de alguna manera se dudara sobre la veracidad de lo que ahí se me dijo. Yo esto desde luego no lo contemplo, no contemplo que fuera falso lo que se me dijo, que fuera falso que el origen de esa documentación eran los medios de comunicación, porque esto sería bastante grave”.

Es como gritar en medio de la calle ante las cámaras: ¡Oiga, es posible que me hayan engañado y que todos sean culpables del delito de revelación de secretos menos yo, pero no creo que haya sido así, porque sería gravísimo! Y luego enviar la cita de la grabación a la sede más cercana del PP para que la disfruten.

La gracia de todo esto es que los dirigentes socialistas prefirieron no hablar mucho en público sobre la extraña relación de Lobato con su notario. En privado, la discreción no ha sido tal. Por eso, Lobato comenzó su intervención ante los periodistas con una frase tremebunda: “Os he convocado ciertamente porque estoy preocupado por la reacción, barra, linchamiento que ha habido por parte de algunos dirigentes de mi partido que sinceramente no entiendo”. Como forma de declarar la guerra a Moncloa, no está mal. Sobre su forma de hablar (“reacción, barra, linchamiento”), no se puede hacer nada.

El viernes, cuando comienza el congreso socialista, es también el día en que Lobato tendrá que declarar ante un juez del Supremo y llevar consigo las copias de los mensajes que entregó al notario. Algunos van a aguantar la respiración hasta saber qué sale de todo eso. Asumir el error que supuso tener a Ábalos en el Gobierno, cosa que hasta ahora Sánchez no ha hecho, ya es una tarea bastante complicada. Eso sin contar con que Lobato aparezca de improviso y empiece a dar saltos en el escenario con unas cerillas y varios cartuchos de dinamita en la mano.