Un mes y medio después de que se cumpliera la fecha límite marcada por la ley empieza a haber perspectivas de desbloqueo en la renovación del Tribunal Constitucional. Los vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que han utilizado diferentes excusas para impedir los dos nombramientos de ese tribunal que corresponde hacer al órgano de gobierno de los jueces ven ahora “imprescindible” reactivar la negociación y buscar un candidato. Así lo han acordado en un encuentro celebrado en la noche de este miércoles, aseguran fuentes de este sector en un comunicado.
Por el momento, siguen sin poner encima de la mesa el nombre de ningún magistrado. No obstante, se comprometen a iniciar “contactos” en los “próximos días” para determinar los candidatos posibles que los miembros del grupo consideren “más adecuados” y que “expresen disponibilidad a participar en el proceso de selección”. Además, anticipan en su comunicado el que, con seguridad, será su siguiente caballo de batalla: la reforma que desde 2021 impide al CGPJ hacer nombramientos en la cúpula judicial cuando, como ahora, está en funciones. Afirman que su derogación es “imprescindible”.
Hasta ahora, el bloqueo del sector conservador ha impedido sustituir a los cuatro jueces del Constitucional que tienen el mandato caducado desde el 12 de junio y cuyo relevo corresponde hacer al CGPJ (dos) y al Gobierno (otros dos). El Ejecutivo ha decidido por el momento no nombrar a los suyos hasta que lo haga el CGPJ por la dudas jurídicas que ocasiona una posible renovación por fases. En consecuencia, ha sido imposible cambiar la actual mayoría conservadora por una progresista en el tribunal que tiene pendiente pronunciarse sobre leyes tan relevantes como el aborto, la eutanasia o la reforma educativa.
Está previsto que los progresistas se reúnan este jueves por la mañana para abordar este asunto. En este grupo el sentir mayoritario es que los nombramientos tienen que hacerse ya y que el CGPJ no puede seguir en esta situación de “rebeldía institucional”. No obstante, todavía no han decidido quién será su candidato. Barajan los nombres de José Manuel Bandrés y Pablo Lucas, ambos magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo. Fuentes de este sector afirman que sus miembros coinciden en que lo importante es “no perder el consenso” y de que la “prioridad” es hacer los nombramientos. En principio, la voluntad es elegir a su candidato este jueves mediante una votación interna.
Las conversaciones entre las dos alas del CGPJ están paralizadas desde hace casi un mes. El 5 de octubre, el minoritario sector progresista se levantó de la mesa y anunció que exploraría “otras vías alternativas” tras constatar la falta de “perspectivas de acuerdo” con los conservadores, que durante más de un mes utilizaron diferentes subterfugios para dilatar las designaciones. Entre esas excusas estuvo la visita a España del comisario europeo de Justicia o la “repercusión” que estos nombramientos pueden tener en el Tribunal Supremo, donde se acumulan las vacantes. Y, sobre todo, la ausencia de candidatos afines que les convencieran y estuvieran dispuestos a ir al Constitucional.
Después llegó la dimisión de Carlos Lesmes —que se hizo efectiva el 11 de octubre— y el Gobierno y el PP retomaron las negociaciones para sacar al CGPJ de la situación de interinidad que arrastra desde 2018. El avance de esos contactos convenció a la mayoría de vocales de que había que dejar en suspenso las designaciones del Constitucional para que, en caso de renovación, el asunto fuera abordado por el órgano entrante. De hecho, se trató de puntillas en dos plenos celebrados tras la renuncia de Lesmes.
El escenario ha cambiado ahora. La negociación para la renovación del CGPJ está en vía muerta tras la ruptura unilateral del PP y Lesmes ya no es presidente, una cuestión que también suponía un escollo para parte del bloque conservador. Sin embargo, en el bloque progresista no todos son tan optimistas. Hay quienes temen que los conservadores utilicen nuevas “excusas” para dilatar los nombramientos. Miembros de este grupo consideran que los consejeros elegidos a propuesta del PP siguen una estrategia de bloqueo sobre la renovación del Constitucional que reproduce la que sigue Génova en relación al CGPJ.
Antes de que las conversaciones se paralizaran, los dos bloques habían llegado a un mero acuerdo de mínimos. A saber: que los nombramientos se realicen “por una amplia mayoría”, tras evaluar los currículos de los candidatos y que estos procedan del Tribunal Supremo, algo que no supone estrictamente una novedad. Es una regla no escrita que los elegidos para el Constitucional por parte del CGPJ sean jueces de la más alta categoría dentro de la carrera. Esto es, del Supremo.
Los nombramientos del Constitucional deben conciliar el respaldo de al menos 11 de los 18 miembros actuales del pleno del CGPJ. Necesitan, por tanto, del concurso de vocales de ambos sectores del órgano, formado ahora por 10 conservadores y ocho progresistas. Con esta correlación de fuerzas, los conservadores sólo necesitarían un voto del grupo contrario para sacar adelante las designaciones, lo que despierta ciertos temores en el sector progresista. No obstante, desde que existe la democracia el acuerdo es que el CGPJ nombra para el Constitucional a un magistrado progresista y otro conservador.