Las ramas de la Operación Púnica salpican al Gobierno de Cristina Cifuentes. Uno de los cabecillas de la trama corrupta ha implicado a dos miembros de la lista del PP a las autonómicas del pasado 24 de mayo, según ha revelado el periódico El Español. Uno de los dirigentes, a quien el empresario David Marjaliza vincula con adjudicaciones irregulares, es el elegido por Cifuentes como consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, Jaime González Taboada. Marjaliza también ha hablado ante el juez del diputado Bartolomé González por el cobro de presuntas comisiones y de Eva Bórox, número tres de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid y exconcejala del PSOE en la localidad de Valdemoro, donde Francisco Granados comenzó su carrera política.
El empresario David Marjaliza, que está en prisión desde el pasado mes de octubre por ser uno de los cabecillas de la Púnica junto con el exconsejero de Esperanza Aguirre, Francisco Granados, ha declarado ante el juez de la Audiencia Nacional Francisco Granados para involucrar en la trama a nuevos cargos que hasta ahora no se habían visto salpicados.
Marjaliza ha asegurado, siempre según la información que publica el periódico que dirige Pedro J. Ramírez, que el actual consejero del Ejecutivo de Cifuentes participó en el amaño de adjudicaciones de infraestructuras concedidas por la empresa pública Arpegio, que presidía Granados por ser el consejero de Presidencia de la Comunidad. González Taboada era el artífice de los proyectos como director egenral de Cooperación con la Administración Local.
El 'número dos' de la Púnica tambén ha implicado a Bartolomé González, hombre de confianza de Aguirre y exalcalde de Alcalá de Henares. Marjaliza ha relatado ante el juez que el dirigente del PP recibió supuestamente un soborno de 60.000 euros por la contratación de Cofely, una de las empresas principales del entramado corrupto, para poner el marcha un plan energético en la histórica ciudad madrileña. Según El Español, la secretaria de Marjaliza ha confirmado esa versión ante el magistrado.
Pero las declaraciones de Marjaliza no solo afectan al PP sino también a Ciudadanos, partido que apoyó a Cifuentes en su investidura después de que aceptara su decálogo contra la corrupción. El empresario hoy encarcelado asegura que la número tres de la lista del partido de Albert Rivera recibió dinero cuando era concejala del PSOE de Valdemoro para tenerla de parte de Granados, que empezó su carrera política en esa localidad madrileña como alcalde. También el marido de Eva Borox se vio beneficiado supuestamente por la trama mediante la compra de un boleto premiado de lotería por un importe mayor al que le hubiera dado la administración.
Los nuevos implicados por Marjaliza están aforados en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La Asamblea no ha recibido ninguna notificación que pruebe que están o van a ser investigados, según varias fuentes consultadas por eldiario.es. Si el proceso judicial afecta a miembros de la lista de Cifuentes o de Ciudadanos, puede tener importantes consencuencias políticas. Ambas formaciones han asegurado que sacarán a los imputados del Parlamento, pero la decisión de renunciar al acta es de cada uno de los diputados. De ser imputados, los dos partidos les pedirían la renuncia, pero si se negaran, Cifuentes podría ver peligrar la mayoría absoluta que le garantiza el Gobierno.