A última hora de la noche de un domingo y a través de un vídeo de apenas cinco minutos grabado en la sala, vacía, que ha acogido los plenos que dirigió durante sus nueve años como presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Así anunció Carlos Lesmes su renuncia como primera autoridad judicial del Estado tras haber estado casi cuatro años en funciones. El órdago que lanzó el pasado 7 de septiembre —dijo que o había renovación o dimitiría “en semanas”— se materializó apenas un mes después. Lesmes deja una institución con el mandato caducado desde diciembre de 2018 por el bloqueo del Partido Popular, con una mayoría conservadora que nada tiene que ver con la actual realidad parlamentaria y que tiene prohibido desde hace un año y medio realizar nombramientos en la cúpula judicial.
El magistrado, de 64 años, se despidió repartiendo culpas por igual al Gobierno y al PP, a los que reprochó su “reiterada indiferencia” a sus llamamientos a atajar una situación que “debilita y erosiona a las principales instituciones de la Justicia y el Estado de Derecho”. Tras su renuncia volverá “de forma inmediata” a su despacho de magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo. De allí salió en 2013 tras ser propuesto por el Gobierno de Mariano Rajoy como presidente del órgano de gobierno de los 5.300 jueces españoles. Su nombramiento contó con la aquiescencia del PSOE, que entonces dirigía Alfredo Pérez Rubalcaba. Antes había sido alto cargo en los Gobiernos de José María Aznar. Hasta su nombramiento como presidente fue afiliado de la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM).
Lesmes ha liderado desde entonces un órgano muy presidencialista gracias a una reforma aprobada en solitario por el PP en 2013 y en cuya elaboración colaboró él mismo. Esa norma le ha facultado para proponer a los miembros de la todopoderosa Comisión Permanente, una especie de núcleo duro que tiene en su mano muchas decisiones sobre asuntos de calado que antes se debatían en el Pleno. Sus siete miembros, además, son los únicos vocales que tienen sueldo y dedicación exclusiva frente a los otros 13 que deben asistir a los plenos desplazándose desde donde residan y compaginar su tarea en el CGPJ con su trabajo.
Su última etapa al frente del órgano ha estado marcada por el incumplimiento del mandato legal de realizar en plazo los dos nombramientos del Tribunal Constitucional que corresponde hacer al CGPJ. Ese bloqueo lo han propiciado ocho de los diez vocales elegidos a propuesta del PP, que han utilizado diferentes subterfugios para dilatar unas designaciones que acumulan casi un mes de retraso. La fecha marcada por la ley era el 13 de septiembre. Precisamente este bloqueo ha evidenciado su soledad al frente del órgano. Aunque lo intentó durante semanas, no fue capaz de convencer a los vocales que lo auparon a la presidencia hace casi una década de la conveniencia de hacer esos nombramientos.
Su renuncia tampoco es vista con buenos ojos por una mayoría de vocales, que cuestionan la “devastación institucional” que supone su salida. Otros sostienen que su dimisión va a “agravar” todavía más la situación en la que se encuentra el órgano de gobierno de los jueces. El propio Alberto Núñez Feijóo, que dirige el partido que lo propuso como presidente, dijo el pasado septiembre que no tendría sentido que dimitiera el “capitán del barco”.
Nombramientos en la cúpula judicial
Durante su mandato, el Poder Judicial ha protagonizado sonados choques con el Ejecutivo de coalición. La reforma que regula la interinidad del CGPJ ha sido uno de los mayores puntos de fricción entre ambos poderes del Estado. En su último discurso público como presidente en el acto solemne de Apertura del Año Judicial calificó de “devastadores” los efectos de esa norma, que fue promovida por el PSOE y Unidas Podemos y contó con un amplio respaldo parlamentario. “El estropicio es tan grande que no se había producido una situación semejante en la cúpula de la Justicia española en toda la historia de nuestra democracia”, aseveró.
Los socios de Gobierno han defendido que el objetivo era acabar con un vacío legal, pues hasta entonces la única competencia que no podía ejercer el CGPJ en funciones era nombrar a un nuevo presidente. Pero detrás de su aprobación estaba también el intento de aumentar la presión para que el PP accediera a renovar el órgano de gobierno de los jueces tras varios intentos fracasados. El bloqueo se ha mantenido a pesar del cambio legal y las consecuencias de esta parálisis ya se dejan ver en los tribunales. Especialmente, en el Supremo, donde hay 14 vacantes sin cubrir de una planta de 79 magistrados.
Hasta entonces, y durante más de dos años y medio de mandato prorrogado, el CGPJ trazó buena parte de la composición de los principales tribunales para los próximos años. Acordó en funciones 74 nombramientos en la cúpula judicial, 21 de ellos en el Tribunal Supremo, donde se consideran especialmente sensibles porque esos puestos, salvo renuncia, se mantienen hasta la jubilación, fijada para jueces y magistrados a los 72 años.
El relativo a los nombramientos no ha sido el único encontronazo entre el Poder Judicial de Lesmes y el Ejecutivo de coalición. En enero de 2020, solo dos días después de tomar posesión, el CGPJ lanzó el primer aviso al entonces vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias por sus críticas a los jueces. El órgano le pidió que evitara “la utilización política” de la Justicia tras calificar en una entrevista de “humillación” que “muchos” tribunales europeos hubieran “quitado la razón” a jueces españoles en resoluciones relacionadas con el procés. Tres meses después, en abril de 2020 y en pleno confinamiento, el órgano reprobó de nuevo a Iglesias después de que éste asegurara en un tuit que le invadía “una enorme sensación de injusticia” tras la condena por un delito de atentado y lesiones leves en una protesta contra un desahucio a la portavoz de Podemos Isabel Serra.
Previamente, en enero, había tenido lugar otro momento de tensión entre ambas instituciones a raíz de la elección de la exministra de Justicia Dolores Delgado como fiscal general del Estado. A propuesta de Lesmes, el CGPJ evitó pronunciarse sobre la idoneidad de Delgado para el cargo —tal y como se había hecho en las cuatro ocasiones anteriores— y se limitó a aceptar que reunía los requisitos “exigidos por la legislación”.
La maltrecha relación del Gobierno con la cúpula del Poder Judicial tuvo otro episodio con la entrega de despachos de los jueces en 2020. La Moncloa vetó la asistencia de Felipe VI a ese acto, celebrado en Barcelona, tras saber que iba a coincidir con la sentencia sobre la inhabilitación de Quim Torra. En el Ejecutivo, aunque no lo comunicaron a la opinión pública, entendieron que había que blindar al monarca ante posibles incidentes e intentaron aplazarlo y alejarlo lo más posible de la tensión política que podría provocar el fallo, a lo que Lesmes se negó. De hecho, llegó incluso a desvelar una llamada de cortesía de Felipe VI, un movimiento que en la Moncloa se interpretó como una utilización de la Corona como ariete contra el Ejecutivo.
Lesmes también ha cuestionado en público otra de las actuaciones del Ejecutivo: los indultos a los líderes del procés y el hecho de que el Gobierno justificara la medida de gracia por constituir “la concordia frente al resentimiento”. “Nada más alejado de la realidad”, afirmó en su discurso de Apertura del Año Judicial del año pasado, donde reiteró que “la justicia no es, ni ha sido nunca, un obstáculo para la paz, sino el instrumento fundamental para salvaguardar el orden jurídico y, por ende, la convivencia pacífica entre los ciudadanos”.
También han recibido reproches del Ejecutivo por sus informes críticos con normas que consolidan avances sociales como la ley de vivienda o la de memoria democrática. Por ejemplo, Lesmes suscribió junto a la mayoría conservadora un informe que cuestiona el control de precios del alquiler y alerta del “problemático encaje” de la ley de vivienda en el orden constitucional de competencias. “La parte más conservadora de la sociedad siempre se ha resistido a los grandes avances de los gobiernos socialistas”, dijo entonces la titular de Vivienda, Raquel Sánchez. El CGPJ también cuestionó que el Gobierno pueda ilegalizar fundaciones franquistas tal y como prevé la ley de memoria. “Enaltecer el franquismo es seguir vilipendiando a las víctimas y a sus familiares”, reaccionó la entonces vicepresidenta Carmen Calvo.
La crisis de la hipotecas
Sin embargo, la peor crisis de credibilidad del mandato de Lesmes tuvo lugar en octubre de 2018, cuando tuvo que pedir perdón públicamente por el cambio de criterio del Supremo en el impuesto de las hipotecas. “No lo hemos gestionado bien”, dijo después de que el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo sometiera a revisión una jurisprudencia perjudicial para la banca ante el impacto “social y económico” que había suscitado la condena. Entonces, todos los partidos se situaron del lado de los clientes y el Gobierno socialista llegó a hablar de “jornada negrísima” para la Justicia.
Lesmes fue alto cargo del Gobierno del PP, en el Ministerio de Justicia, bajo las órdenes de todos los ministros del ramo nombrados por José María Aznar: Margarita Mariscal de Gante, Ángel Acebes y José María Michavila. En la primera legislatura de Aznar –entre los años 1996 y 2000–, Lesmes fue director general de Objeción de Conciencia. En la segunda, fue director general de Relaciones con la Administración de Justicia, un puesto clave en ese ministerio porque es quien ejerce de enlace del Gobierno con los jueces.
Tras ocho años en el Gobierno de Aznar, Lesmes pasó a la Audiencia Nacional, donde el CGPJ de entonces –conservador, nombrado durante la mayoría absoluta de Aznar– le ascendió a presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Más tarde saltó al Supremo, a la Sala Tercera, también con el apoyo conservador. A ese puesto volverá ahora tras su renuncia y allí se quedará “los próximos años”, afirmó en su vídeo de despedida. Se trata, sin duda, de una frase dirigida a todos los que en las últimas semanas —dentro y fuera del órgano— han especulado sobre su intención de ser aupado al Tribunal Constitucional.