Casado hace campaña en un colegio concertado y religioso de Madrid: “Hay que evitar el adoctrinamiento”

Apenas 20 días después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, prohibiera una charla de la ministra de Igualdad, Irene Montero, el 8M, en un instituto público madrileño, al considerar que se trataba de un ejercicio de “adoctrinamiento”, este lunes la presidenta madrileña sí ha permitido un acto del líder de su partido, Pablo Casado, en otro colegio de la capital concertado –que subsiste gracias al dinero público– y en el que se imparte una educación religiosa de la confesión católica: el Colegio Internacional J. H. Newman.

Casado ha acudido a ese centro precisamente en plena precampaña de las elecciones madrileñas del próximo 4 de mayo y lo ha hecho con un fin político, lanzando continuas soflamas contra el Gobierno progresista. El objetivo ha sido cargar contra la nueva ley educativa, la conocida como Ley Celaá, y confirmar la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la citada normativa en el Tribunal Constitucional.

En un mismo discurso, Casado ha asegurado que hay que “evitar el adoctrinamiento educativo” que a su juicio “se está viendo no solo en Catalunya sino también en otras comunidades autónomas” y, a la vez, ha alabado a “John Henry Newman”, el inglés al que da nombre al colegio que ha visitado, y que fue “canonizado por el Papa Francisco hace dos años” porque “decidió abandonar la iglesia de Inglaterra para entrar en la Iglesia de Roma por defender la libertad de conciencia”. El líder del PP, que ha hablado en un micrófono en el que se podía leer la consigna “Por la libertad” y que ha estado acompañado por el líder de UPN, Javier Esparza, también ha aprovechado para alabar la gestión de Ayuso, candidata a la reelección, asegurando que “en Madrid se garantiza la libertad de elección de centro”.

“Los hijos no pertenecen al Estado, debe alejar sus manos de la formación familiar de sus hijos. No vamos a permitir esta ingeniería social”, ha asegurado, en alusión al Gobierno progresista. A su juicio, la ley Celaá afecta a la “libertad” de “elección de centro educativo” y es un “ataque contra la educación concertada”. También ha dicho Casado que “esta ley conculca lo que es una riqueza, que es la lengua, ataca al castellano como lengua vehicular en toda España”. En definitiva, el líder del PP ha tildado la normativa de “instrumento de ingeniería social”.

Qué dice el recurso del PP

El recurso ante el Constitucional registrado este martes por el PP, de 90 páginas, impugna 16 artículos (1, 8 bis, 10,12, 16, 17, 27, 28, 29, 50, 55 bis, 56, 78, 81 bis, 83 y 89) y dos Disposiciones Adicionales (la Tercera y la Cuarta) de la Ley Celaá, por entender que vulneran la Constitución española. En el texto se critica así “que en determinadas Comunidades Autónomas con lengua cooficial se trate al castellano como una lengua no propia, ajena, extraña, obligada o impuesta que debe aprenderse o estudiarse como una lengua extranjera más”.

Se explica, además, que “la ablación del carácter vehicular del castellano en la educación supone un incumplimiento de la obligación del Estado de garantizar tal carácter de la lengua oficial de España en el ámbito educativo”. “Elimina así el último reducto que permitía a los padres reclamar de las administraciones educativas la efectividad de su derecho a que sus hijos puedan utilizar el castellano como lengua vehicular, normal y natural”, añade el recurso contra la norma.

También se impugnan “los preceptos que atacan a la educación concertada”, considerando que “se cercena la libertad educativa cuando se impide a los centros concertados organizar actividades complementarias del modo que entiendan más oportuno y adecuado”. Asimismo, el PP cree que la con la ley se ataca “frontalmente al sostenimiento económico de los colegios concertados mediante la prohibición de percibir cualquier tipo de aportación por estas actividades”.

Finalmente, el PP impugna los artículos que prevén que todas las solicitudes de escolarización en la educación infantil de cero a tres años sean atendidas por plazas públicas.