El Tribunal Constitucional ha dado la razón a Vox y ha anulado la inclusión de Pablo Iglesias en la comisión delegada que supervisa el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que el Gobierno incluyó en marzo de 2020 en el primer real decreto de medidas económicas para hacer frente a la COVID-19. El tribunal considera que esa disposición adicional es inconstitucional al no concurrir en este caso la “extraordinaria urgencia y necesidad” que habilita al Gobierno para acudir al instrumento legislativo del decreto-ley obviando el procedimiento legislativo ordinario o de urgencia para regular este tipo de nombramientos.
La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado conservador Pedro González-Trevijano, pone de manifiesto que el Gobierno no justificó la extraordinaria urgencia de esta medida en el procedimiento de elaboración de la norma; ni la misma guarda coherencia con los motivos generales que determinaron la aprobación de ese real decreto y que “no se discuten”.
Según los jueces, “no resulta posible determinar la conexión de sentido que pudiera existir entre las circunstancias desencadenadas a raíz de la pandemia y la modificación de la composición de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia, que propició la integración en la misma del entonces Vicepresidente Segundo del Gobierno, siendo éstas las razones esenciales que determinan la infracción del mencionado precepto constitucional”. El magistrado progresista Cándido Conde-Pumpido ha anunciado un voto particular.
En todo caso, la anulación de la disposición adicional que modificó la ley reguladora del CNI para permitir que Iglesias se pudiera sentar en la comisión delegada para Asuntos de Inteligencia, el órgano gubernamental que controla al espionaje español, no tendrá efectos prácticos dado que ya no es vicepresidente.
Los magistrados han resuelto el recurso presentado por Vox, que calificó de “truco” el método empleado para incluir al ahora exlíder de Podemos en este órgano parlamentario. Según la formación de extrema derecha, los reales decretos tienen que obedecer a una circunstancia “de extraordinaria y urgente necesidad”, requisito que sí reúne el COVID-19 pero “en ningún caso una cuestión ajena a la crisis sanitaria como es la presencia del líder de Podemos [ahora exlíder tras su dimisión el pasado 4 de mayo] en la Comisión del CNI”.