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Expediente Royuela: un juez prevaricador y un ultraderechista te cuentan lo que nadie quiere que sepas

Santiago Royuela y Fernando Presencia con documentación presentada en sus denuncias

Alberto Pozas


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El diccionario de la Real Academia Española no reconoce el término “conspiranoico”. Recomienda, sin embargo, usar el adjetivo “conspirativo” para referirnos a todos aquellos que desde su ordenador ven un vídeo de una explosión, un incendio o un crimen y no sólo encuentran al asesino: también descubren su conexión con una logia oscura, con varios miembros del Consejo de Ministros y con una red dedicada al sacrificio ritual de recién nacidos. Lo que los grandes medios, los poderosos y todo el mundo en general no quieren que sepas.

En España, ahora mismo, hay dos hombres en lo más alto del ránking conspirativo nacional: Fernando Presencia y Santiago Royuela. Uno es un juez condenado por corrupto, el otro es un ultraderechista condenado por terrorismo, y entre los dos han impulsado denuncias y querellas sobre una supuesta red criminal que compagina los asesinatos de Estado con los paraísos fiscales. Su último éxito: conseguir que Presencia sea denunciado por la Audiencia Nacional por usar documentos supuestamente falsos de Royuela para acusar a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero de formar parte de la misteriosa organización. Sus altavoces, además, han abandonado las catacumbas de YouTube y se han instalado en los apéndices mediáticos de la ultraderecha, con el PSOE y determinados periodistas, fiscales y jueces en el punto de mira.

Los caminos de Presencia y Royuela han confluido en los últimos años, pero sus historias arrancan hace varias décadas, por separado y en lugares distintos de España. Fernando Presencia es hijo y sobrino de jueces y, según relata él mismo, se aprendió el Código Penal con siete años. Amagó con convertirse en juez estrella en Valencia durante la crisis económica: desde su juzgado mercantil monitorizó algunos de los concursos de acreedores más sonados del crash financiero, como los del grupo Llanera o el Levante.

En aquellos años Fernando Presencia estaba en la cresta de la ola concursal. Se consideraba un pionero en promover la dación en pago en las quiebras de empresas y participaba en encuentros a los que acudían los cabezas de lista de PP y PSOE en plena campaña electoral. Pero su descenso a los infiernos empezó en 2011: un alumno de un máster en el que impartía clase lo acusó de corrupción en la gestión de su dinero. No consta que esa denuncia ante la Fiscalía prosperara, pero el abogado murciano José Luis Mazón llevó el caso hasta el Consejo General del Poder Judicial. Y ahí empezaron los problemas de verdad.

El órgano de gobierno de los jueces decidió en 2012 que Fernando Presencia había estado cobrando por participar y organizar este máster de la Universidad Politécnica de València sin pedir la autorización necesaria. Su condena fue el destierro a Talavera de la Reina, donde fue nombrado juez decano. Algunos de los vocales del Poder Judicial que firmaron su sanción pasaron a formar parte de su plantilla de denuncias: Margarita Robles, Manuel Almenar o Fernando de Rosa, entre otros. El acuerdo del pleno del Consejo dejó por escrito, además, que más de la mitad de los alumnos de su máster fueron nombrados administradores concursales en su juzgado.

Presencia tardó apenas dos años en volver a las andadas, pero ya a otro nivel. El 26 marzo de 2014 archivó de manera irregular una causa abierta contra un amigo suyo acusado de perpetrar un atropello con fuga en Talavera y dejó el caso en un juicio de faltas. El mismo día archivó otra causa contra otro amigo que estaba acusado de estafa. Las dos jugadas le costaron sendas condenas firmes por prevaricación a razón de 10 años de inhabilitación cada una.

La primera fue confirmada por la sala de lo penal del Tribunal Supremo en julio de 2017. La segunda, por la misma sala en noviembre de 2018. Y el juez Fernando Presencia apuntó la matrícula de sus colegas ponentes de sus dos condenas que le dejaron sin toga: Pablo Llarena y Luciano Varela. También la del presidente de la sala, el magistrado Manuel Marchena. Fue expulsado de la carrera judicial.

Ese día, Fernando Presencia pasó al ataque y puso en marcha una máquina de escribir, difamar y denunciar a todos los que le habían apeado del trono de los concursos de acreedores valencianos. Vaticinó una inexistente nulidad del caso del procés por la elección de Pablo Llarena, exigió al Supremo la jubilación por incapacidad permanente de Luciano Varela y acusó veladamente al CGPJ de tapar la supuesta relación de Margarita Robles, Manuel Almenar y Fernando de Rosa con la proscrita AUSBANC de Luis Pineda. También ha presentado denuncias contra Pablo Lucas Murillo, magistrado del Supremo que confirmó su sanción de 2012.

Sus acusaciones no han quedado sólo por escrito. En enero de 2016, poco antes de ser condenado por primera vez y ya imputado, compareció en el Consejo General del Poder Judicial para optar a ser presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Lo que hizo en realidad fue dedicar la mayor parte del tiempo a hablar de su padre, a denunciar que era víctima de un “destierro” y a acusar a uno de los vocales presentes en la reunión de haberle plagiado una idea para ascender en la judicatura. Uno de los integrantes del Consejo, Álvaro Cuesta, le llamó la atención y le pidió que se ciñera al motivo de su comparecencia. Nadie le votó.

En los últimos años, Fernando Presencia ha metido una marcha más. Condenado por corrupción judicial, se sigue presentando como juez decano y ha fundado una asociación de lucha contra la corrupción: la Asociación contra la Corrupción y Defensa de la Acción Pública (ACODAP). Una fuente inagotable de titulares que podrían hacer temblar los cimientos de la democracia española pero que, hasta ahora, nunca se traducen en realidades. En el último año y medio también ha trazado una alianza para ajustar cuentas contra los que le perjudicaron: su munición ahora son Santiago Royuela Samit y su 'expediente Royuela'.

El 'expediente Royuela' y la ultraderecha

El llamado 'expediente Royuela' existe y, como el Guadiana, aparece y desaparece de las cadenas masivas de WhatsApp y esos foros creados para descubrir la verdad que nadie más quiere ver. Miles de documentos con apariencia oficial y confidencial que, supuestamente, prueban que en España hay una organización de asesinos con un fiscal jubilado, José María Mena, al frente. Este manantial milagroso para cualquier teoría de la conspiración bebe de fuentes desconocidas y para entender su origen hay que remontarse a los primeros años de la democracia española. A cuando el apellido Royuela cabalgaba a lomos de la ultraderecha barcelonesa.

Alberto Royuela jugó un doble papel en los años setenta y ochenta: ultraderechista y líder de la Hermandad Nacional de la Guardia de Franco, pero también rey de las subastas judiciales. En su nómina hay numerosas detenciones y encarcelamientos por su vinculación con el fascismo así como detenciones sin condena por el atentado ultra contra la revista satírica 'El Papus' en 1977 o el asalto al Banco Central en 1981. Las crónicas de la época documentan su dominio férreo del mundo de las subastas desde el bar Scorpio de Barcelona, a pocos metros del Arco del Triunfo.

Conspiración, subastas y ultraderecha se dieron la mano en la década de los noventa, cuando un hijo de Royuela falleció víctima de una sobredosis y el patriarca fue después condenado por partida doble: dos años de cárcel por falsificar documentos y más tarde otro año y medio más por presentar denuncias falsas contra jueces y fiscales. En varias entrevistas, los Royuela afirman que no murió sino que fue envenenado por un guardia civil. Su actividad judicial se dirigió entonces contra dos objetivos: el fiscal jefe de Catalunya, José María Mena, y Carlos Jiménez Villarejo, entonces fiscal en la Audiencia de Barcelona y después Fiscal Anticorrupción.

El 'expediente Royuela' recogía decenas de notas manuscritas atribuidas a José María Mena tapando el supuesto asesinato de su hijo y ordenando cientos de muertes por encargo a lo largo de los años. Unas notas supuestamente confidenciales en las que Mena ordenaba y explicaba toda clase de crímenes a otras personalidades igualmente relevantes en la vida pública. Unas notas y unas firmas que los tribunales han considerado falsas e inveraces una y otra vez. El Tribunal Supremo rechazó en 2006 en este auto, por ejemplo, la querella de Royuela que constituye el pilar maestro de su acusación contra esa supuesta banda liderada por el fiscal José María Mena, porque para entonces ya se había jubilado.

Cinco años antes otra de sus querellas había naufragado en la misma sala segunda. Royuela pedía juzgar a los fiscales Mena y Villarejo con la batería habitual de acusaciones pero, en este caso, el Tribunal Supremo devolvió el golpe: el auto, que puede consultarse aquí, recordaba que en ese momento Royuela estaba imputado por denunciar en falso a una jueza de Barcelona y que ahora cargaba contra los fiscales “sin ningún fundamento y sólo avalado por su palabra” y que había que archivar la denuncia. Ningún juez ha dado nunca ni un mínimo de credibilidad a sus documentos.

Con el tiempo entró en juego uno de sus hijos, Santiago Royuela Samit. Pero antes de denunciar una organización secreta y criminal él mismo había formado parte de otra: fue condenado por la Audiencia de Barcelona a seis años de cárcel por participar en la colocación de un explosivo casero en marzo de 2001 en un concierto de Fermín Muguruza a favor de los presos de ETA en la Cochera de Sants. Él y sus compinches se hacían llamar los 'Timbalers del Bruc', según la sentencia, y fueron condenados por un delito de terrorismo. Poco antes, en 1999, había concurrido a las elecciones europeas en la lista que encabezaba el ultraderechista Ricardo Sáenz de Ynestrillas.

Los Royuela empezaron entonces a soltar bombas en internet y YouTube, con su canal creado hace ahora dos años y que tiene casi un millar de vídeos. Vídeo tras vídeo, los dos exponían distintos documentos de su 'expediente Royuela' de nulo recorrido judicial y una difícil relación con la realidad mientras la trama de la organización secreta y criminal iba cambiando con el viento: primero Mena encargaba asesinatos masivos, después su aliado era el presidente Zapatero pero después Mena sale de la organización y es Zapatero quien encarga este asesinato. En esa competición por ser la conspiración dominante a codazos con el bulo del 'Bar España' y los rituales satánicos que motivaron, según esa teoría conspirativa, el triple crimen de Alcàsser, Santiago Royuela ha encontrado un nuevo catalizador para que su expediente vuelva a los juzgados: Fernando Presencia.

El cruce de caminos

La aleación entre Fernando Presencia y el 'expediente Royuela' ha tenido el resultado esperado: el magistrado, a través de su asociación ACODAP, se ha convertido en el ariete querellante de los ultraderechistas de la conspiración. Cada nuevo papel que apunta a la oscura implicación de un personaje público cercano al PSOE o la izquierda en la trama de asesinatos es llevado a la Audiencia Nacional, al Tribunal Supremo o a la Plaza de Castilla con las acusaciones más graves que permite el Código Penal.

Mientras tanto, Presencia y su cuenta bancaria sobreimpresionada son entrevistados, entre otros sitios, en el canal de Royuela en un momento en que sus condenas corren peligro de ser ejecutadas, él desahuciado y en un momento dado tener que entrar en prisión si así lo deciden los tribunales. También mantiene una lucha con el fiscal Ángel Demetrio de la Cruz por su chalet y ha sido condenado a prisión, todavía no en firme, por calumniarlo y denunciarlo en falso. Él se queja de una campaña constante contra él también desde la prensa.

El carácter escandaloso de sus denuncias es inversamente proporcional a su éxito judicial. “Aparecen las cuentas bancarias de Dolores Delgado en un paraíso fiscal”, decía su página web antes de denunciar en la Audiencia Nacional que la fiscal general cobró varios millones en Panamá procedentes del presidente Zapatero para que se pusiera al frente de la organización de asesinos. El resultado no ha sido sólo la inadmisión de la denuncia: el juez Joaquín Gadea ha dejado el caso en manos de los juzgados de Talavera para que decidan si debe ser juzgado por aliñar sus denuncias con documentación falsificada.

Las notas del 'expediente Royuela', por tanto, pierden toda su capacidad destructiva cuando abandonan las profundidades de YouTube y la explicación del fracaso siempre es más conspiración. Según las últimas teorías de Presencia, el archivo de su denuncia ha sido fruto de una connivencia más entre la Fiscalía, el juez y la prensa. Y ha vuelto a la carga: su última denuncia, basada en nuevas notas y nuevos supuestos ingresos bancarios, es contra el ministro Fernando Grande-Marlaska y su marido. Esta vez, los 'papeles de Mena' desvelan que tiene 24 millones de euros en un paraíso fiscal, a falta de nuevas revelaciones.

La ultraderecha mediática

Los Royuela y su expediente nunca han tenido una atención mediática o social más allá de sus propias querellas y de sus vídeos de YouTube, que acumulan varios miles de visualizaciones pero en números discretos. Fernando Presencia, por su parte, contó con el altavoz de medios digitales que publicaban sus columnas, noticias y reflexiones y tuvo su ración de aplausos de una fracción reducida del soberanismo cibernético catalán cuando vaticinó el fracaso de la causa del procés. Pero su reciente ofensiva judicial y conspiradora contra figuras del Gobierno les ha proporcionado un nuevo altavoz donde todo se dice y nada se cuestiona: la ultraderecha mediática.

Estado de Alarma TV, el canal de televisión digital impulsado por el periodista Javier Negre, se ha lanzado a promocionar la figura de Fernando Presencia, Santiago Royuela y sus denuncias en los últimos dos años junto con otros digitales y canales. “El juez perseguido por denunciar a Zapatero y Dolores Delgado”, se titula una de sus entrevistas. “El juez que acorrala a Pedro Sánchez, Dolores Delgado y Robles en la UE”, le presenta otro vídeo. En la línea comunicativa elegida por Vox para ensalzar sus acciones judiciales y ocultar sus fracasos, que un juez estampe un sello en una denuncia de Presencia implica la imputación inmediata de varios ministros y autoridades. El archivo y la inadmisión, sin embargo, suelen ser fruto de una nueva conspiración.

La difusión de las acciones judiciales y documentos de la sociedad Presencia-Royuela ha encontrado también altavoz ocasional en Alvise Pérez, ex asesor de Ciudadanos en Valencia y agitador de ultraderecha en las redes. Hace unos meses, por ejemplo, afirmaba en su canal de Telegram: “Quizá tras esto podemos ya hablar abiertamente del Expediente Royuela sin que nos llamen conspiranoicos”. Lo afirmaba a raíz de una noticia sobre el comisario Villarejo. “En España se asesina por motivos políticos”, concluía. Hace unas semanas difundía un auto de la Audiencia Nacional que rechazaba de plano las acusaciones de Presencia contra la ministra Margarita Robles y que no podía ser más explícito: “Todo ello se afirma sin proporcionar ningún dato sobre los gravísimos hechos denunciados o sobre la identidad de las víctimas, haciendo imposible cualquier ulterior corroboración y, a la vez, inverosímil lo denunciado”, dice la Audiencia sobre la supuesta trama criminal. Más recientemente también ha difundido la denuncia sobre el marido de Grande-Marlaska.

Los flujos de la información han cambiado drásticamente en la última década y uno de sus frutos se recoge en esta parcela concreta. Las teorías que antes se difundían a través de blogs, foros o páginas web de escasa capacidad ahora llegan directas al teléfono móvil y, a veces, cuentan con el altavoz de personalidades con miles de seguidores e, incluso, de formaciones políticas como el Partido Popular o Vox, que el año pasado preguntó al Gobierno sobre este asunto a través de uno de sus senadores y recibió respuesta: “Las afirmaciones en que se basa la pregunta son falsas y calumniosas”, dijo el Gobierno. El 'expediente Royuela' y el tándem que forma con Fernando Presencia ofrece, además, unas posibilidades inagotables: las supuestas notas del fiscal Mena pueden seguir apareciendo para reflejar cualquier cosa y ser llevadas al juzgado por todo un ex magistrado a quien nadie hace preguntas incómodas mientras un sector de la ultraderecha difunde sus documentos con el inconfundible aroma que tiene todo aquello que no te contarán los grandes medios.

Este periódico se ha puesto en contacto con varias personas que una y otra vez aparecen o en el 'expediente Royuela' o en los artículos, escritos y denuncias de Fernando Presencia. José María Mena, exfiscal jefe de Catalunya y supuesto líder de esa trama de asesinatos que sigue recibiendo cartas a día de hoy, no ha querido hacer declaraciones.

En la mayoría de casos, los afectados han optado por no contestar o no denunciar por miedo a alimentar la maquinaria querellante que triunfa en el mundo cibernético y que, por ahora, fía su éxito tangible a entrevistas y a que, de vez en cuando, una pancarta sobre el 'expediente Royuela' aparezca en un plano televisivo a distancia prudente de un cargo público acusado de crímenes inconfesables por Fernando Presencia y Santiago Royuela.

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Nota de rectificación de Santiago Royuela Samit

“Mi hermano murió en 1993. La primera entrada en prisión de mi padre tuvo lugar 5 años más tarde. La segunda, en 2008. Quince años son muchos años como para que el periodista, tras comentar la muerte de mi hermano, despache ambos acontecimientos con un simple ”después“, término que la RAE define como ”Detrás“ o ”a continuación“. Otro asunto es por qué a mi padre se le condenó de la forma tan descarada en que lo hicieron, sobre todo en la segunda de las ocasiones, donde el juez instructor no admitió las pruebas que llegaron vía diplomática y judicial desde Venezuela, avaladas no ya tan solo con la firma del magistrado que abrió allí una investigación sino por un extenso informe de la Interpol que culpabilizaba a quienes le juzgaron y condenaron en España, que eran los mismos a los que él había denunciado.

En otro párrafo del artículo se dice que los tribunales que han tenido acceso a las notas manuscritas que muestran el Expediente Royuela las han considerado “falsas e inveraces una y otra vez”. Notas atribuidas tanto al exfiscal José María Mena como al resto de sus colaboradores fueron en su día peritadas por tres acreditados profesionales en Madrid, Viena y Toulouse. ¿ Por qué en ninguno de los frentes judiciales abiertos se han valorador esos completísimos informes periciales? ¿Por qué la caligrafía de Mena es intocable en cualquier instancia judicial cuando existe plena constancia de que es suya? A su disposición tengo los informes mencionados.

En cuanto al párrafo que alude al “explosivo casero” que se colocó en marzo de 2001 en un concierto de Fermín Muguruza, cuando se habla de los “seis años a los que fui condenado por terrorismo”, lo que al final se convirtió en una sentencia por un delito de terrorismo, fue calificado en un principio como un simple “delito de faltas” por el fiscal personado en el procedimiento, habida que el artefacto (eminentemente “casero” como bien especifica el artículo) era un mero “petardo de humo”, como así lo reflejaba el informe pericial, incapaz de causar ningún daño físico a las personas que asistieron al concierto. 

Por último, decir que de “teorías conspirativas” tipo Quanon, nada de nada. Que en el “Expediente Royuela” estamos únicamente por la verdad que encierran las miles de notas manuscritas que poseemos, peritadas además por expertos y reconocidos profesionales pero cuya difusión, aceptación y tramitación representa un auténtico tabú para instancias policiales, judiciales y medios de comunicación“. 

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