El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha escapado este miércoles del Congreso sin dar ni un solo detalle nuevo sobre el escándalo del espionaje, que era uno de los motivos por los que los grupos parlamentarios le habían citado. Además, ha dado por zanjado el “control interno” que el Gobierno se vio obligado a realizar en el CNI cuando Citizen Lab dio a conocer que unas 65 personas del mundo soberanista habían sido espiadas con el software Pegasus. A pesar de que no se conoce ninguna conclusión de ese “ejercicio” más allá de que los teléfonos de Pedro Sánchez, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska fueron espiados y de que ello ha conllevado el cese de la directora del CNI, Paz Esteban, Bolaños ha dado por finiquitado el asunto con las explicaciones que ella misma dio la semana pasada en la comisión de secretos oficiales del Congreso, que se reúne a puerta cerrada. “Era el último paso del control y lo expuso en la comisión”, explican fuentes gubernamentales.
En aquella comparecencia, Esteban reveló que el CNI había espiado con autorización judicial a 18 de las personas que figuran en el listado revelado por Citizen Lab, entre las que figuraba Pere Aragonès, cuando era vicepresidente de la Generalitat. Sin embargo, quedan numerosas preguntas sin respuesta después de que la entonces jefa de los espías pasara por el Congreso. De hecho, los socios de la coalición reconocieron salir más preocupados tras escucharla. Durante la comparecencia de Bolaños, los diputados le han interrogado sobre la motivación del espionaje e incluso la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, le ha planteado que “se debe aclarar que Pegasus no ha sido usado por elementos no controlados del Estado”. Pero Bolaños no solo no lo ha aclarado sino que ni siquiera ha contestado.
“Al amparo de la ley de secretos oficiales y que regula el CNI no le puedo dar respuesta”, ha sido la justificación del ministro a las múltiples preguntas concretas sobre el caso. “Hemos dado buena cuenta de las medidas y decisiones que hemos adoptado”, ha agregado: “Creo que explicaciones públicas ha habido y no me cabe duda de que los aquí presentes saben lo que hemos hecho por esclarecer lo que ha ocurrido en las últimas semanas. Es verdad que hay cosas de las que no podemos hablar porque lo impide la ley, pero salvo esas cosas claro que estamos dando explicaciones como está viendo todo el mundo”.
De lo que se han encargado tanto el propio Sánchez, como Bolaños y también Adriana Lastra, es de dejar claro que la destitución de la directora del CNI obedece al “fallo de seguridad” en la infección de los teléfonos del presidente y los ministros, que se produjo hace un año y no se ha detectado hasta ahora, después de que Robles lo evitara a toda costa en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que se ejecutó esa decisión. “Vamos a reforzar las capacidades del CNI para evitar las brechas de seguridad que hemos conocido en los últimos días”, ha dicho Bolaños. Sin embargo, no ha contestado a la pregunta del diputado del PNV, Mikel Legarda, que le ha interrogado específicamente por las regulaciones que pretende llevar a cabo el Ejecutivo en el marco normativo del CNI. “No me ha contestado nada, ni a ningún otro grupo”, se ha quejado el parlamentario vasco.
El portavoz de Unidas Podemos, Jaume Asens, ha reconocido que la destitución de la directora del CNI no es suficiente: “Estamos ante uno de los mayores escándalos y cesar a la directora del CNI es un paso importante, efectivamente, pero eso no elimina la exigencia de saber la verdad, una exigencia que tiene derecho la ciudadanía a ver satisfecha”. “Hay que saber qué pasó por qué pasó y quién lo hizo, y todavía no lo sabemos”, ha dicho Asens, que ha apuntado a la existencia de “cloacas” del Estado aún por limpiar. También ha insistido en la desclasificación de documentos. En Moncloa están dispuestos a hacerlo aunque circunscriben esa decisión, al menos por ahora, a que lo reclame un juez.
Asens ha dado un paso más allá al reclamar un “compromiso claro y firme” de que el sistema Pegasus no se vuelva a utilizar. “Podría no solo ser ilícito o ilegal, sino incluso delictivo”, ha aseverado. También ha reclamado la llamada a consultas al embajador israelí para que dé explicaciones por el espionaje al presidente. “Sí que hay un actor internacional que tiene una responsabilidad clara que es Israel. Porque Pegasus está supervisado por el gobierno de Israel y según las informaciones que han salido publicadas, la empresa NSO no espía sin la autorización del Gobierno”, ha relatado. Bolaños le ha afeado que haya hecho “acusaciones muy graves a terceros estados”. “Le tengo que decir que su intervención se basa en suposiciones, interpretaciones y conjeturas”, ha afirmado el ministro, que durante toda la comparecencia ha insistido a los diputados que acudan en estos casos a las informaciones oficiales.