Pedro Sánchez ha cambiado de posición con respecto a su negativa inicial a prorrogar los Presupuestos Generales que heredó de Mariano Rajoy. El presidente dio a entender que no gobernaría en 2019 con esas cuentas y que un fracaso en la aprobación de las suyas llevaría a elecciones. Pero ahora el Ejecutivo está determinado a seguir adelante incluso si no tiene nuevos presupuestos y traslada la responsabilidad a las fuerzas independentistas, después de que Quim Torra haya amenazado con retirarle un hipotético apoyo si no negocia un referéndum de autodeterminación.
La portavoz del Consejo de Ministras, Isabel Celaá, ha asegurado que “hasta el ultimísimo momento” el Gobierno trabajará por sacar adelante sus presupuestos “con todas las fuerzas parlamentarias también con las independentistas”. “Para que esto sea así y ellos tendrán que ser quienes determinen si este país se merece unos presupuestos que salven, mejoren, su futuro o no”.
El órdago de Torra hizo tambalear la duración de la legislatura dado que pone en peligro la aprobación de los presupuestos. No obstante, ni PDeCAT ni ERC han avalado al completo esa advertencia. En el Gobierno están convencidos de que hay una parte del independentismo que se inclina por una vía pactista.
En cualquier caso, el Gobierno de Sánchez ha variado su posición inicial para aplacar la presión del adelanto electoral que se produce cada vez que recibe un revés de los que fueron sus socios en la moción de censura.
Además, el Ejecutivo ha elevado el tono contra los independentistas, a quienes acusa de “sufrir una crisis importante” interna que, a su juicio, “arrastra en su deriva a toda Catalunya”. La portavoz ha sido especialmente dura contra Torra, a quien ha acusado de permitir una “parálisis política” a través del “bloqueo o el colapso” en la “labor imprescindible” del Parlament.
Celaá ha avisado de que “si el Parlament adopta posiciones contrarias a la Constitución, el Gobierno actuará en consecuencia”. La portavoz se ha referido así a la decisión de la Mesa del Parlament de permitir la delegación de los votos de los independentistas de Junts Per Catalunya que fueron suspendidos por el Tribunal Supremo.
El Gobierno entiende que los diputados fueron “inhabilitados” y que, por tanto, solo cabe la “transmisión de de derechos” de los parlamentarios. La portavoz ha dejado entrever que si el Parlament catalán llega a aceptar un voto delegado de algunos de los independentistas suspendidos, el Gobierno recurrirá ante el Tribunal Constitucional.
El Gobierno descarta por ahora una activación del 155, como le reclaman PP y Ciudadanos, al entender que no se ha cometido ninguna ilegalidad. “Entre el 155 perpetuo (...) y lo que significa la rotura o quiebra y conflicto hay un espacio amplio para acordar, dialogar e incorporar racionalidad”. Además, Celaá ha instado a Pablo Casado y Albert Rivera a que se sumen “a las conversaciones”.