Las imágenes de violencia que se produjeron el 1 de octubre de 2017 en Catalunya tienen como responsables al Gobierno de Carles Puigdemont y los partidos independentistas, a la dirección de los Mossos d’Esquadra, con el mayor Trapero al frente, y a la distorsión informativa que se produjo con posterioridad a los hechos acaecidos. Esta es la principal conclusión de la intervención que el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, realizó este jueves ante la comisión de Interior del Senado.
Ni una sola asunción de autocrítica salió de boca del ministro durante las más de cuatro horas que compareció en la Cámara Alta. Sus explicaciones llegan tres meses y medio después del 1-O y tras numerosas negativas a los grupos parlamentarios a sus requerimientos de respuestas sobre el despliegue policial. “Para su mayor eficacia, como todos ustedes comprenderán, no era conveniente hacer públicas” hasta ahora, ha justificado el ministro.
Donde más lejos llegó Zoido en la autocrítica fue al reconocer que “a ciencia exacta” el Gobierno sigue sin tener ni idea de cómo llegaron las urnas que permitieron votar a cientos de miles de catalanes en el referéndum declarado ilegal por el Tribunal Constitucional.
Pero incluso en ese terreno, Zoido desplegó una lista de disculpas. A saber, que las urnas que buscaron los servicios de Información y de Inteligencia no eran de plástico sino otras homologadas nacional e internacionalmente; que hoy en día cualquiera puede encargar cajas por servicio de mensajería; y que 40.000 voluntarios censados para el 1-O son demasiados como para poder controlar lo que hacen.
“¿A quién hay que atribuir el fracaso? ¿A los servicios de Información del Ministerio del Interior? ¿Al CNI de la vicepresidenta?”. La pregunta partió del portavoz de Unidos Podemos, Joan Morera, pero no obtuvo respuesta del ministro del Interior. El senador fue uno de los portavoces que sacó a relucir las portadas de distintos medios internacionales al día siguiente del referéndum, todas ellas con la violencia policial como tema principal. “No eran bots rusos”, ironizó Morera, respecto a la tesis de la injerencia de ese país en la manipulación informativa y en redes sociales de lo ocurrido en Catalunya.
Y a esas portadas internacionales respondió el ministro con fotos en la mano de un guardia civil pidiendo a un padre que sacara a su hijo de corta edad de la muralla humana formada para evitar la acción policial en un colegio. También con el reproche a un diputado del PDeCAT que mostró la portada de un semanario inglés de 2012 sobre la huelga general europea y con la votante que denunció que le habían partido todos los dedos de una mano cuando tenía una pequeña lesión en un solo dedo.
“Lamento como el que más que hubiera heridos, claro que sí, pero sin duda los responsables fueron quienes, con un comportamiento arbitrario, irresponsable e ilegal, generaron un clima de crispación y desobediencia”, dijo Zoido, en referencia al Gobierno de Puigdemont y sus apoyos parlamentarios de la anterior legislatura.
Por contra, calificó la actuación policial de “absolutamente indispensable, legítima y profesional”, a pesar de que Policía y Guardia Civil se enfrentaron a “un elemento común a todas las intervenciones: la existencia de una actividad de oposición organizada en contra de la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”. Radicales infiltrados entre los votantes, según describió el ministro.
Zoido dedicó un capítulo especial a la actuación de los Mossos. O a su “inacción”, según el término que utilizó en su larga intervención. El ministro tuvo unas palabras paras las imágenes de un agente lanzando una patada voladora a una mujer en un colegio electoral o a los golpes con la defensa de otros policías contra votantes que levantaban las manos mientras retrocedían. Fue la desobediencia y la pasividad de los Mossos, dijo, lo que provocó “en ciertos puntos incidentes de violencia que obligaron a utilizar la mínima fuerza imprescindible para simplemente poder marcharse del lugar”.
El mayor sin nombre Josep Lluís Trapero
Especialmente significativo resultó que no mencionara el nombre de su máximo responsable entonces, el mayor Josep Lluis Trapero, hasta bien entrada la comisión y en las réplicas a los portavoces parlamentarios.
Contrasta con que sí mencionara a su sustituto Ferrán López, nombrado ya con el artículo 155 en aplicación, del que dijo que solo se había reunido una vez con él para pedirle que se limitara a aplicar la ley. Zoido presumió en varias ocasiones de no haberle vuelto a dar desde su nombramiento ninguna instrucción más.
La intervención de Zoido fue, en parte, el relato de la traición de Trapero que denuncian en Interior. En las reuniones de coordinación precedentes al 1-O, los Mossos aseguraron estar “incrementando considerablemente el número de efectivos que prestarían servicio para abordar este dispositivo, e incrementando también las jornadas de trabajo de sus agentes”, dijo el ministro.
Además, “en cada una de las reuniones de coordinación que tuvieron lugar en la Fiscalía Superior, el mayor hizo entrega de voluminosas carpetas en las que recogía las minutas correspondientes a todas las actuaciones que ese Cuerpo venía realizando hasta el momento, y con las que supuestamente estaba dando cumplimiento al mandato de la Fiscalía”.
Pero todo era una celada, según se desprende del relato que hizo en el Senado el ministro. Durante la jornada electoral, “con carácter general, su actitud fue de absoluta pasividad y nula colaboración ante la actuación de los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil”, afirmó.
Zoido ha comparado la movilización de mossos el 21 de diciembre en comparación con la del 1-O. Para un día “tranquilo y pacífico” como el 1-O, ha ironizado el ministro, se movilizaron 7.850 agentes autonómicos. El 21-D, de “alta tensión”, ha seguido ironizando, trabajaron 11.565 mossos d'Esquadra.
“La justicia se está encargando de analizar el comportamiento de los Mossos ese día, y principalmente de sus mandos, de hecho su máxima autoridad en aquellos momentos”, dijo Zoido. El ministro siguió sin mencionar a Trapero para decir que la conducta del mayor “está siendo investigada en la Audiencia Nacional por delitos tan graves como el de sedición”. “Quizá si todos hubiesen cumplido con su obligación, algunos de los hechos que tanto se han criticado no hubieran tenido lugar”, apostilló.