Granados sale de la cárcel y amenaza con demandar a la fiscalía y a la UCO por sus informes contra él
Dos años y nueve meses después de ser encarcelado como cabecilla de la llamada Operación Púnica, una red que logró 250 millones de euros en contratos públicos presuntamente gracias a los sobornos que repartía a representantes institucionales, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid y exsecretario general del PP regional, Francisco Granados, ha abandonado esta tarde la prisión de Estremera. Lo ha hecho tras abonar una fianza de 400.000 euros y las primeras palabras de quien fue mano derecha de Esperanza Aguirre en el Gobierno y en el partido fueron para pedir disculpas a la prensa que le esperaba a las puertas de la cárcel por su retraso en salir.
A partir de ahí, Granados ha advertido que dedicará su tiempo en libertad a ir “desmontando uno a uno” los informes que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil elaboró sobre sus actividades y que le atribuyen los delitos de blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, malversación, prevaricación y fraude.
“Tengo un profundo amor a la Guardia Civil pero hay informes que son falsos, bien por impericia o bien por mala idea o por ambas”, señaló antes de advertir que también tiene entre sus planes demandar a los funcionarios que firmaron dichos informes y a los fiscales del caso, cuyo trabajo resultó clave para que el entonces magistrado de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, lo encarcelase.
Granados también se ha quejado del “aparato del Estado” y de los 33 meses que el instructor del sumario lo ha mantenido en prisión. Contra él pesa una cadena de pruebas que van desde la documentación hallada en los registros de la UCO, el dinero hallado en cuentas suizas e incluso en la residencia de sus suegros y, sobre todo, el testimonio de quien fue su socio y amigo David Marjaliza, también multiimputado en el mismo caso pero que salió de prisión tras empezar a colaborar con la justicia.
El sumario está plagado de evidencias que señalan su participación en una “organización criminal” que se encargaba de captar fondos públicos en instituciones amigas a cambio de pagar mordidas a funcionarios y cargos públicos. En la operación que arrancó en octubre de 2014 se detuvo a medio centenar de personas, entre ellos directivos de una empresa dedicada al ahorro energético llamada Cofely.
El abogado, Carlos García De la Ceca, destacó la fortaleza demostrada por su cliente para soportar dos años y nueve meses de prisión incondicional: “Tiene una estructura moral distinta a todos los demás humanos”. Incluso remarcó que alguno de los funcionarios de la cárcel ha llorado al saber que Granados salía en libertad.
