Con un documento falsificado en la mano apareció Cristina Cifuentes en un vídeo la noche del 21 de marzo de 2018 desafiando a quienes consideraban que la presidenta de la Comunidad de Madrid no podía seguir en el cargo con un título académico regalado. Aquella fue la primera imagen de una desconcertante estrategia que este viernes vivió un nuevo capítulo: su defensa retiró en la penúltima sesión del juicio la agenda electrónica que presentó sorpresivamente en la primera y que, según defendía, mostraba una cita de Cifuentes para acudir a defender el Trabajo de Fin de Máster (TFM) el 2 de julio de 2012.
A todas las suspicacias que provocó que Cifuentes presentara una supuesta prueba de descargo casi tres años después de que arrancara el caso se une ahora que la retire alegando razones de privacidad y confidencialidad. La expresidenta madrileña se juega hasta cuatro años de cárcel y esa agenda era el único indicio –el tribunal debería valorar de qué peso– que Cifuentes tenía para intentar convencer de que acudió el citado 2 de julio de 2012, aún siendo delegada del Gobierno, a la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), en una visita que nadie presenció, a defender un trabajo que no aparece y ante unos profesores sin identificar.
El tribunal había aceptado en el arranque del juicio el 'pendrive' que contiene la agenda y la pericial de parte que adjuntaba, pero rechazó la pretensión de Cifuentes de no dar traslado a las partes personadas. Ella quería que acusaciones y defensas solo vieran lo que su secretaria en la Delegación del Gobierno, Cristina Abad, habría anotado supuestamente el 1 de julio de 2012: que al día siguiente tenía que acudir a la universidad a defender el TFM. El tribunal se negó y Cifuentes renunció a la prueba. Según se desprende la explicación de su abogado, José Antonio Choclán, ha pesado más que las anotaciones de la secretaria sobre la actividad de la entonces presidenta no tengan publicidad que la supuesta prueba de descargo que representa esa anotación.
El letrado, antiguo magistrado de la Audiencia Nacional, daba la sorpresa este viernes al exponer en su inicio que retiraba la prueba al considerar “desproporcionada” la decisión del tribunal, lo que deja abierta la posibilidad de una petición de nulidad por parte de la defensa. Fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es concluyen que de apreciarse una vulneración de derechos cabría la posibilidad de la repetición del juicio.
El abogado Choclán alegó “la intención no ocultada de dos partes para acceder indiscriminadamente al contenido personal del pendrive”. La agenda, según aseguró Cifuentes precisamente a preguntas de su defensa, estaba alojada en un pendrive que había sido “aportado” hacía “apenas unos días” por quien fue secretaria durante más de una década, incluida la etapa en la que fue delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Abad. La defensa de la expresidenta proponía que, de aceptarse la prueba en los términos que solicitaba, fuera a declarar la secretaria. En el informe pericial, sin embargo, consta que Abad, que también fue secretaria de Cifuentes en la Comunidad de Madrid, le entregó una copia en abril o mayo de 2018, la época de su dimisión. El informe pericial está elaborado el último día laborable antes de que arrancara la vista, el 15 de enero.
Durante la instrucción, la magistrada Carmen Rodríguez-Medel había requerido a la Delegación del Gobierno que entregara la agenda oficial de Cifuentes, pero el organismo público informó de que ese material se destruía cada dos meses. ¿Quiere eso decir que Cifuentes tenía una copia de la supuesta prueba a su favor y no la aportó a la magistrada? Tampoco eso quedó claro en su declaración.
El abogado de la Universidad Rey Juan Carlos, que ejerce la acusación particular, fue directo. “¿Desde qué fecha tiene a su disposición la copia de seguridad de esa agenda? Pero el juez le interrumpió alegando que el acusado puede presentar la prueba en cualquier momento del proceso, según la ley.
Abogado de la URJC: El informe pericial dice que Cristina Abad le entregó a usted toda la documentación que custodiaba de su trabajo como secretaria en abril o mayo de 2018. ¿Es cierto?
Cristina Cifuentes: Documentación me entregó muchas cosas. Pero el pendrive que se ha aportado en esta Sala es un pendrive que aporta la que era mi secretaria de manera directa.
Abogado de la URJC: ¿Pero en abril o mayo de 2018 como dice el informe pericial o cuándo?
Cristina Cifuentes: Mire, no sé. ¿Qué me está preguntando exactamente? No entiendo bien la pregunta.
Abogado de la URJC: ¿Desde cuándo dispone de esa documentación que le dio Cristina Abad?
Cristina Cifuentes: Le acaba de decir…
Presidente del tribunal: Lo de la fecha es irrelevante. Lo que no puedo hacer es estar dirigiendo el juicio de esta forma. Para no seguir declarando la impertinencia. ¿Le parece muy relevante la fecha de posesión de ese documento por parte de la declarante?
Abogado de la URJC: Absolutamente.
Presidente del tribunal: ¿En qué considera que es relevante la fecha de tenencia de ese pendrive?
Abogado de la URJC: En primer lugar, se ha aportado un informe en el que dice lo que he manifestado. Hay que contrastarlo.
Presidente del tribunal: Para zanjar el tema. ¿Conoce usted la fecha o el origen desde la cual tiene el pendrive?
Cristina Cifuentes: No lo sé.
Presidente del tribunal: No lo sé es elemento suficiente.
Tras un receso llegó el turno de su abogado, que volvió a preguntar por el asunto obteniendo de Cifuentes una versión más clara. “¿El pendrive que se ha aportado se lo facilitó Cristina Abad? Es decir, no es su copia sino la copia de seguridad que guardaba Cristina Abad”, expuso el letrado. “Efectivamente. Cuando yo me voy de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, unos días más tarde Cristina Abad me da una serie de pendrives, varios, y de documentación que yo tengo... Están en casa pero no sé dónde están y no los he utilizado jamás. Y el pendrive que se ha aportado en esta causa es un pendrive aportado hace apenas unos días por la propia Cristina Abad.
La decisión de no aportar la prueba significa no utilizar la pericial elaborada por Enrique Hellín, un perito al que recurrían con frecuencia la Policía y la Guardia Civil para la realización de periciales, según publicó El País en 2013 cuando desveló su anterior identidad, Emilio Hellín Moro, asesino de la estudiante Yolanda González en una de los atentados más brutales de la extrema derecha durante la transición. Fue condenado a 43 años de cárcel de los que cumplió 14.
En el informe pericial consta que la secretaria de Cifuentes apuntó la cita en la Universidad con tan solo 24 horas de antelación. La fiscal, Pilar Santos Echevarría, preguntó por ello a Cifuentes, quien consideró normal reservar la cita para defender su TFM el día antes.
A pesar de los datos que figuran en el pantallazo incorporado al peritaje, la conclusión a la que llega Hellín es que en la agenda de Cristina Cifuentes se reservó un hueco, entre las “13:45:00 hasta las 16:45:00 h” del 2 de julio, con la anotación “Master URJC”. La coherencia sobre la hora y duración concreta de este registro no se alcanza en la redacción del informe, en el que se plantea en un párrafo diferente que este señalamiento supuso una “reserva de 3 horas”, “desde las 15:45 h hasta las 16:45 h”, a pesar de que ese periodo temporal sólo supone una hora.