El juez investiga si Kitchen es un “montaje organizado” por la cúpula del PP y ejecutado por el Ministerio del Interior

La investigación de la Audiencia Nacional sobre el espionaje a Luis Bárcenas que ha permanecido secreta durante los últimos nueve meses apunta a la planta noble de Génova. En el desarrollo de las pesquisas ha resultado determinante la declaración del exchófer de la familia Bárcenas, Sergio Ríos, quien hasta entonces se había negado a declarar y, de cuyo testimonio, el juez Manuel García-Castellón extrae que la operación de espionaje al extesorero del PP pudo idearse en la cúpula del propio partido. 

Durante la declaración de Sergio Ríos, con la voluntad de colaborar con la investigación, según dice, el imputado razona que el Partido Popular le envió a trabajar con Luis Bárcenas para que los responsables del Ministerio del Interior pudieran después poner en marcha la operación de espionaje, captándole como confidente. 

Ríos declaró a finales de noviembre, de forma voluntaria y durante dos jornadas consecutivas en la Audiencia Nacional. En la primera de las sesiones contesta a las preguntas de su abogado. Cuando lleva unos veinte minutos, el juez García-Castellón interrumpe al letrado para concretar lo que viene explicando el chófer, que por un lado está el ofrecimiento de trabajo para que sea conductor de Luis Bárcenas, realizado “a través de alguien del Partido Popular”, y, por otro, que un comisario [García Castaño] “se pone en contacto” con Ríos con posterioridad para demandarle información sobre el extesorero y la documentación que pueda guardar. 

El interrogatorio continúa de la siguiente forma.

Juez: “Ahora ve claro que al final, podríamos denominarlo, un montaje organizado para que usted vaya a un sitio concreto, que sería con el señor Bárcenas, y acto seguido desde el otro lado cierran el círculo con usted, porque ya está con el señor Bárcenas, y van a obtener, piensan, la información que quieren. Es decir, que el punto uno está indefectiblemente conectado con el dos…”

Chófer: “Si usted me pregunta, visto con el tiempo, tengo cada vez más claro que me buscaron a posta, sí señoría.”

Juez: “Lo que me está diciendo, entonces, si es así, está claro que se monta el asunto, si usted lo ve así, yo no le pongo nada en su boca, se monta desde el partido, no desde el Ministerio del Interior en ese primer momento, aunque hubiera un conocimiento. Eso es lo que me está queriendo decir. Es lo que usted sabe e intuye y ha conseguido pensar a lo largo del tiempo…”

Chófer: “Señoría, no creo en las casualidades.”

Sergio Ríos Esgueva había trabajado para el Partido Popular con anterioridad a ser el chófer de Bárcenas. Asegura que un amigo suyo del barrio, Guillermo Barroso, en nómina del PP, le ofreció ser conductor de Francisco Granados y que cuando la formación decidió poner chófer a Bárcenas en febrero 2013, al mes siguiente de que se conociera la financiación irregular del partido, también recurrió a él. 

Barroso fue interrogado por los agentes de Asuntos Internos el pasado abril y explicó que lleva 23 años trabajando en el PP, los dos últimos como jefe de seguridad nacional de la formación. Según su versión, fue Bárcenas quien le preguntó por alguien de confianza para que hiciera de conductor y que nadie más participó en el proceso de contratación. 

Los avances en la investigación del caso Kitchen han conducido a la citación como investigados, entre otros, de la secretaria general del PP en el momento de los hechos, María Dolores de Cospedal, y de su marido, Ignacio López del Hierro, que declararán la próxima semana. Con independencia de que el PP planeara situar a Ríos con la familia Bárcenas o su captación por Interior fuera posterior, el juez considera que hay varios indicios que sitúan a López del Hierro como implicado en el proceso de captación del chófer como topo de la brigada política de Interior y de que Cospedal conocía la operación. 

Anticorrupción considera a la antigua secretaria general del PP como beneficiaria directa de la operación, por aparecer señalada en la caja B como receptora de sobresueldos de dinero negro, así como de forma indirecta, como 'número dos' del partido cuya financiación irregular se investigaba. Las últimas agendas incautadas a Villarejo y la declaración de los imputados y testigos en la subpieza que permanecía secreta han terminado de apuntalar esos indicios.