El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor del caso Púnica, ha ofrecido a David Erguido, senador del PP y próximo a Pablo Casado, que declare como investigado. El ofrecimiento se debe a que Erguido está aforado ante el Tribunal Supremo y, en caso de que lo rechace, el instructor “valorará la procedencia” de elevar exposición razonada ante dicho tribunal, según un auto al que ha tenido acceso elDiario.es. Tras hacerse pública la decisión del magistrado, el PP informó de que Erguido “declarará de forma voluntaria”.
La Fiscalía Anticorrupción solicitó el pasado julio al juez que remitiera un escrito a la Cámara Alta para que le confirmara oficialmente que Erguido es senador por el PP y poder solicitar que se eleve exposición razonada ante el Supremo. Anticorrupción incluyó esa petición en un informe en el que detallaba la participación de Erguido en la trama para beneficiar a una empresa de eventos apadrinada por Francisco Granados cuando el senador era concejal de Algete.
David Erguido era ya colaborador de Esperanza Aguirre en el PP de Madrid cuando se produjeron los hechos. Después ha unido su carrera a la de Pablo Casado, a quien apoyó activamente en su elección como presidente del PP, y quien le ha recompensado con la silla de senador por designación autonómica. Erguido además es diputado autonómico después de haber engrosado la lista electoral de Isabel Díaz Ayuso en el número 10.
El relato de Anticorrupción explica cómo Francisco Granados, desde su posición privilegiada en el PP de Madrid, benefició durante años a las empresas de José Luis Huerta, la principal de ellas Waiter Music, encargada de organizar los festejos de distintas localidades de la Comunidad de Madrid, entre ellas Algete. Huerta comenzó a hacer negocio con el dinero público de esta localidad en 2007, coincidiendo con la recepción del bastón de alcaldesa de Inmaculada Juárez.
La exregidora, añade Anticorrupción, se apoyó en su primer teniente de alcalde, David Erguido, y en un cargo de confianza, Lorenzo del Triunfo Calleja, para trocear los contratos y que todas las empresas invitadas a los concursos sin publicidad estuvieran vinculadas a Huerta. Para ello, lo primero que hizo Juárez fue retirar a la Concejalía de Cultura la organización de los festejos de Algete. Entre 2007 y 2014 las empresas de José Luis Huerta obtuvieron más de 1,9 millones de euros en adjudicaciones solo en Algete.
El empresario organizó en 2008 una celebración privada de David Erguido el 7 de marzo de 2008 en el campo de golf del Canal de Isabel II que costó 1.800 euros y que, en lugar de ser abonada por el teniente de alcalde , ingresó una cuenta de recuperación de saldos del Ayuntamiento de Algete. Tres semanas antes, el PP de la localidad madrileña había impuesto una medalla al exministro de Economía Rodrigo Rato en un acto celebrado en la carpa de la Casa de la Juventud y que el partido de la localidad endosó al Consistorio, con un coste de 6.775 euros. La organización también corrió a cargo del empresario Huerta. David Erguido llegó a declarar ante la Guardia Civil cuando estalló el caso.
Además de en Algete, Erguido fue concejal de los distritos de San Blas y Centro en Madrid, como parte de la cuota de aguirristas en el Ayuntamiento que presidió Alberto Ruiz-Gallardón, época en la que su partido le colocó en la Asamblea General de Caja Madrid, donde también cobraba por asistir a los plenos. En la actualidad integra el Comité Ejecutivo Regional del PP y a sus sueldos de senador y de diputado autonómico suma cerca de 72.000 euros anuales como asesor del Grupo Municipal en el Ayuntamiento de la capital.
Con experiencia en la gestión de redes sociales, dedicó sus conocimientos y esfuerzo a la campaña de Pablo Casado cuando éste compitió hace dos años por la Presidencia del Partido Popular. De la generación de Casado y Ayuso comparte con ellos haberse criado políticamente en el ‘aguirrismo’.
15 investigados
En este mismo auto, que lleva fecha de 10 de septiembre, el juez acuerda citar como investigados a otras 14 personas, la mayoría ex alcaldes y exconcejales de municipios madrileños implicados en la trama. Entre ellos, los exregidores del PP José Carlos Boza (Valdemoro), Esteban Parro (Móstoles), Carlos Alberto Estrada (Moraleja de Enmedio) y María Luisa Fernández (Chinchón).
Por otro lado, el juez señala que en el escrito del Ministerio Fiscal de 15 de julio, se hace expresa referencia a acciones que no serán objeto de acusación por la Fiscalía y que no serán objeto de investigación. En concreto, indica que son las relativas a denuncias relacionadas con contratos con Waiter Music en los ayuntamientos madrileños de Alcalá de Henares, Villarejo de Salvanés, Getafe, Leganés, Alcorcón, Navalcarnero, Arroyomolinos, Torrejón de la Calzada. El magistrado entiende que estas denuncias son sobre hechos ya prescritos o bien sobre puntuales que deben dirimirse en otros juzgados, ante los que acuerda inhibirse.
Por otro lado, García Castellón acuerda trasladar documentación a la UCO para que investigue la existencia de hechos susceptibles de constituir infracción penal en relación a la presunta contratación con la empresa Waiter Music por parte del Ayuntamiento de Chinchón.