El magistrado Santiago Pedraz abrió la puerta el pasado mes de febrero a que un juzgado investigue por primera vez uno de los episodios de la guerra sucia sin muertos que practicó el último gobierno del PP contra la oposición: las maniobras policiales y periodísticas contra Podemos. Pedraz admitió a trámite una querella de la formación política contra quien fuera el secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, el ex director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino y otros altos cargos de la Policía por las presuntas investigaciones prospectivas y ajenas al control judicial sobre las personas que conformaban aquella organización política.
La guerra sucia del Gobierno de Rajoy se apoya en tres vértices: el original, conocido como la Operación Catalunya, las maniobras contra Podemos, y la operación Kitchen para sabotear la investigación judicial de la caja B del PP. Solo los dossieres contra la formación de izquierdas había quedado fuera de una investigación judicial. El juez consideró que no había motivos, por el momento, para investigar al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, al exdirector general de la Policía Ignacio Cosidó y a otros responsables policiales.
La querella se presentó por delitos de organización criminal, apoderamiento y revelación de secretos, prevaricación administrativa y falsedad documental. También se presentó por malversación y por delito contra las instituciones del Estado, si bien en este último caso el magistrado lo desestima al no poder ser subsumidos ambos tipos penales en los hechos relatados. Estos son cuatro de los episodios sobre los que ya pone el foco el juez a partir de los mensajes incautados en el caso Kitchen al ex número dos de Interior, grabaciones y documentos apócrifos publicados en medios de comunicación y testimonios incorporados a otras causas judiciales.
1. La búsqueda de antecedentes de los diputados. 30 de enero de 2016. Las conversaciones entre PSOE y Podemos para la formación de gobierno están en una fase incipiente. Los resultados de los comicios generales del 20 de diciembre anterior han abierto la posibilidad de que un acuerdo entre ambos partidos desbanque al Partido Popular.
El Ministerio del Interior en funciones exprime la maquinaria de su brigada política para poder ofrecer a los medios afines información negativa de Podemos. El secretario de Estado de Seguridad escribe a un destacado miembro de la Policía: “Aquellos de Podemos que tenían antecedentes, ¿pudiste confirmar algo? El comisario Enrique García Castaño le contesta que ”nada“. ”¡Cagüenlaputa!“, exclama Francisco Martínez.
La conversación aparece en los whatsapp intervenidos a Martínez en 2020, en el marco de la investigación por el espionaje parapolicial a Luis Bárcenas con cargo a los fondos reservados. El principal imputado, Francisco Martínez, ha solicitado que la causa se archive porque considera un delito la utilización de sus mensajes, obtenidos en el marco del caso Kitchen, en la investigación de Pedraz, después de que el juez Manuel García Castellón suspendiese su acceso a los mismos. “Sería muy interesante saberlo… Y si han estado en temas abertzales temas de extremismo violento, etc…”, escribe el número dos de Interior al policía.
“Josetxu Arrieta el único que pertenecía a ETA”, le explica el comisario al político. García Castaño le explica sobre unas fotos que le había enviado con anterioridad a Martínez: “[Es] el último que aparece en las fotos que te mandé, los moros con esos nombres, nada”. El secretario de Estado de Seguridad deja entrever su decepción: “Digo que si los demás están limpios… tampoco violencia callejera, anarcas, etc???”. El comisario le contesta: “Lo vuelvo a mirar, pero creo que no”.
2. Pablo Iglesias Sociedad Anónima. Por las mismas fechas, y también con el objetivo de dinamitar las negociaciones entre PSOE y Podemos, fue publicado en dos medios el contenido del informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima). En el dosier, sin sello ni firma policial, se lanzaban acusaciones sin concretar sobre la financiación de Podemos que, según delatan las conversaciones de whatsapp del número dos de Interior entonces, fue obra de la brigada política. Algunos de sus integrantes aparecen hablando con el secretario de Estado de Seguridad sobre la obtención de datos y su posterior filtración a los medios. El informe PISA fue descartado como indicio de ninguna ilegalidad por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo por basarse, entre otros motivos, en recortes de prensa.
Francisco Martínez: “Qué te parece lo de Inda??”
Eugenio Pino (director adjunto operativo de la Policía): “Bien a ver que dicen los de podemos y el psoe, aunque ya te dije que creo que pactaran a toda costa, salvo que se acojonen con cosas como esta”.
3. La cuenta falsa de Iglesias en un banco. El 6 de mayo de 2016, Okdiario publicó una información con el siguiente titular: “El Gobierno de Maduro pagó 272.000 dólares a Pablos Iglesias en el paraíso fiscal de Granadinas en 2014”. Ese mismo día, la entidad en cuestión, Europacific Bank Limited, hizo público un comunicado en el que aseguraba que “nunca ha mantenido una cuenta para esta persona ni ha recibido una transferencia bancaria de ninguna de las instituciones financieras o fuentes mencionadas en el artículo”.
Hasta aquí, una posible noticia falsa. Sin embargo, los chats intervenidos revelan el trabajo de la Policía para que pudiera ser publicada. “Es necesario, según nuestras fuentes, que si ha de darse a la prensa, por el interés de la oposición venezolana, que sea El Mundo o El País, por una plataforma mediática televisiva. Lo exigen para seguir colaborando”, le dice Pino al número dos de Interior. Finalmente fue Okdiario quien publicó la falsa cuenta de Iglesias.
4. El viaje a Nueva York de la brigada política. El inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, uno de los miembros de la primera línea de la brigada política del PP, viajó a Nueva York para reunirse con el ex ministro venezolano Rafael Isea. En una grabación publicada en el digital moncloa.com, aparece Fuentes Gago dirigéndose al antiguo responsable chavista: “Si nos ayuda a que no lleguen los de Podemos, mejor para todos”. Se trataba de que Isea avalara la autenticidad de un documento sobre un supuesto pago de 7,1 millones de euros, en 2008, del Gobierno de Venezuela a la Fundación CEPS, ligada a los inicios del partido de Pablo Iglesias.
Los agentes redactaron a su vuelta un atestado que publicó Abc, aunque después nunca se incorporó a investigación judicial alguna. Tras la polémica, Isea hizo unas declaraciones en las que aseguró que el documento que le dieron para visar era una fotocopia. En la grabación, Fuentes Gago revela hasta donde llegaban las directrices de la policía política: “Yo he hablado con el ministro del Interior español y él habló con el presidente español. Yo sólo tengo un mandato aquí, acompañar a estas personas y que me diga aquí los nombres de las personas que quiere que documentemos en España y que les demos una nueva identidad o una nueva vida, o la que ustedes tienen y les protejamos. Ese es mi compromiso. Usted me lo dice y lo hacemos”.
Se trata de uno de los cuatro viajes de policías nacionales a Latinoamérica para intentar encontrar vínculos entre la Venezuela de Chávez y Podemos. De sus supuestos hallazgos dieron cuenta varios medios de comunicación españoles.