Los jueces llegan a su primera plaza por oposición. Pero para ascender al Tribunal Supremo no basta con estudiar. La decisión es política. La toma el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un órgano que teóricamente se renueva cada cinco años a partir de las mayorías parlamentarias y que decide buena parte de los nombramientos claves en la Justicia.
Todos los vocales del CGPJ son elegidos por los partidos. Y todos los nombramientos del Supremo y otros ascensos los decide el CGPJ.
Entre esos nombramientos, hay unos que destacan sobre los demás. Son los que más preocupan a los políticos corruptos: los de los jueces de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la todopoderosa Sala de lo Penal.
Los jueces de la Sala de lo Penal son quienes juzgan a los aforados en todos aquellos casos que les pueden llevar a prisión. Son los únicos que pueden abrir una investigación penal contra un diputado, un ministro o un senador. También tienen la última palabra sobre las sentencias penales más relevantes. Son jueces con el poder de meter a un ciudadano en la cárcel, o salvarlo de entrar en prisión.
Son jueces en la práctica vitalicios, como todos los del Supremo. Una vez nombrados, son irrevocables. Salvo que decidan irse, mantienen el puesto hasta la edad máxima de jubilación: hasta que cumplan 72 años.
Son los jueces que tendrán la última palabra sobre la Gürtel, sobre los ERE; sobre el rey Juan Carlos, sobre la Púnica, sobre la Kitchen… sobre todos los grandes casos de corrupción.
Son también los jueces que decidirán si imputan al Gobierno de coalición por su gestión de la pandemia, como ha pedido Vox.
En los últimos 25 años, la derecha se ha empleado a fondo para garantizarse el monopolio conservador de la Sala de lo Penal. Ha sido un trabajo lento, metódico y eficaz, que inició el exministro Federico Trillo y que después otros continuaron, como Ángel Acebes, Alberto Ruiz Gallardón o Rafael Catalá. Les ha llevado años de movimientos judiciales en la oscuridad, pero su triunfo ha sido arrollador.
En 1995, la Sala de lo Penal estaba formada por 13 jueces: siete progresistas, seis conservadores. En el año 2020, son 11 conservadores frente a dos progresistas.
En esa Sala de lo Penal, faltan tres magistrados más por nombrar. Tres jueces para el Supremo que un CGPJ con el mandato caducado pretende decidir dentro de apenas una semana.
Estas etiquetas pueden parecer reduccionistas. Ni todos los progresistas ni todos los conservadores son iguales: hay buenos jueces y malos jueces, sin importar el color. También los hay más independientes y más serviles a quien los nombró. Cuando los clasifico como conservadores o progresistas no me refiero a su ideología, aunque suele coincidir. Sino a quién decidió e impulsó sus nombramientos: qué vocales, de un partido u otro en el CGPJ, los colocaron allí.
Quién es quién en la Sala de lo Penal
Julián Sánchez Melgar. Es miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la asociación conservadora. Llegó al Supremo en diciembre de 1999, aupado por un CGPJ conservador durante el Gobierno de Aznar. Antes fue presidente de la Audiencia Provincial de Ávila, donde trabó relación con el entonces alcalde de la ciudad, Ángel Acebes (PP). Según distintas fuentes, fue Acebes quien lo avaló para el Tribunal Supremo, donde llegó con solo 44 años.
Sánchez Melgar ascendió hasta el Olimpo del Supremo cuando Acebes era ministro de Administraciones Públicas. Unos meses después, Acebes fue nombrado ministro de Justicia con Aznar.
Melgar fue el ponente de la ‘doctrina Parot’ para alargar las condenas por terrorismo y que los etarras estuvieran más años en prisión; una medida ilegal que años después el Tribunal Europeo de Derechos Humanos anuló.
En 2017, Mariano Rajoy lo nombró Fiscal General del Estado. Tras la moción de censura, fue cesado y regresó al Supremo. Lleva allí 20 años. Le quedan seis más hasta su jubilación, aunque es probable que pronto cambie de destino. Se ha presentado como candidato a la presidencia de la Sala de lo Militar del Supremo.
Juan Ramón Berdugo. Miembro de la APM, la asociación conservadora. Llegó al Supremo en 2004, ascendido por el CGPJ que nombró el PP de la mayoría absoluta de Aznar. Junto con Colmenero, Llarena y Marchena, fue uno de los jueces que condenaron al cantante César Strawberry a un año de cárcel por sus tuits, una sentencia que después anuló el Tribunal Constitucional.
Berdugo va a ser el ponente de la sentencia del Supremo sobre la Gürtel, que está a punto de salir. De esa sentencia dependen todas las penas de cárcel definitivas: a Correa, a Bárcenas, a su mujer, que aún sigue en libertad… Y también si se mantiene la condena a título lucrativo al PP, o si se declara como probada la existencia de una caja B.
Antonio del Moral. Miembro del Opus Dei, participó en un acto por el centenario del fundador de esta prelatura católica con la conferencia “Referencias jurídicas en la vida y enseñanzas del beato Josemaría”. Llegó al Supremo en 2012, bajo la presidencia en el CGPJ de Carlos Dívar, muy religioso como él.
Del Moral firmó un voto particular en contra de la sentencia al juez Francisco Serrano, que fue condenado como prevaricador por cambiar el régimen de visitas de un niño para que su padre lo pudiera llevar a una procesión de Semana Santa. Según Antonio del Moral, el juez Serrano debería haber sido absuelto. El Tribunal Constitucional después enmendó la sentencia del Supremo y rebajó la pena de inhabilitación, aunque confirmó la condena por prevaricación. Años más tarde, Serrano fue candidato a la presidencia de Andalucía por Vox.
Del Moral fue también el juez que archivó una investigación penal contra la exalcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo (PP), en contra del criterio de la Fiscalía. El argumento para dar carpetazo a esa causa fue cuando menos peculiar: que la alcaldesa no sabía lo que firmaba. Concretamente, según el juez, la alcaldesa García-Pelayo no sabía que firmaba los contratos fraudulentos que su ayuntamiento adjudicó y pagó a la trama Gürtel.
Hoy García-Pelayo sigue siendo diputada por Cádiz, como cabeza de lista del PP.
Pablo Llarena Conde. Conservador, fue presidente de la APM. Fue el instructor del 'procés' que defendió a capa y espada que había un delito de rebelión, algo que sirvió para que la competencia sobre este juicio recayera en el Supremo y no en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. La asociación Juezas y Jueces para la Democracia denunció en su momento toda una serie de irregularidades en su nombramiento por el CGPJ, un recurso que fue archivado por la Sala de lo Contencioso del Supremo también de mayoría conservadora.
Vicente Magro Servet. Al igual que Llarena, Magro también fue presidente de la APM. Además de juez, fue senador del PP por Alicante en 1996. Tras su paso por la política, en 2001, el CGPJ dominado por el PP le nombró presidente de la Audiencia Provincial de Alicante.
Magro Servet renunció a esa presidencia a finales de 2016 para venir a un puesto menor en la Audiencia Provincial de Madrid. Era una estación intermedia, como pronto se vio. Apenas un año después, la mayoría conservadora en el CGPJ le ascendió a la Sala de lo Penal del Supremo.
En el año que pasó en la Audiencia Provincial de Madrid formó parte del tribunal que admitió a trámite la denuncia contra Dani Mateo y el Gran Wyoming por un chiste sobre el Valle de los Caídos.
Estará en el Supremo por mucho tiempo. No le toca jubilarse hasta 2032.
Ana María Ferrer. Es la primera mujer que llega a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en toda su historia –fue hace relativamente poco, en 2014–. Pertenece a Juezas y Jueces para la Democracia, la asociación progresista. Ferrer estuvo en el tribunal del procés, una sentencia que se aprobó por unanimidad. Su nombramiento formó parte del cambio de cromos de la minoría progresista en el actual CGPJ, a cambio de los votos que faltaban para escoger en esta Sala a otro magistrado conservador, Andrés Palomo.
Andrés Palomo. Antes fue presidente de la Audiencia Provincial de Segovia, nombrado por otro CGPJ conservador, el de la primera legislatura de Aznar. También firmó la sentencia del 'procés'. No es miembro de ninguna asociación judicial y en algunas cuestiones se ha separado de la mayoría conservadora, como en el voto particular que recientemente firmó contra la condena al grupo de rap ‘La Insurgencia’ por apología del terrorismo.
Miguel Colmenero. Fue presidente de la Asociación de Fiscales, la asociación conservadora. Llegó al Supremo en 2002, durante el segundo Gobierno de Aznar y con un CGPJ donde el PP también tenía la mayoría absoluta. Como gran parte de los jueces y fiscales españoles, viene de una familia de juristas. Su padre, Odón Colmenero, fue fiscal en los sesenta. Su abuelo, Odón Colmenero, fue nombrado juez del Tribunal Supremo en 1946. Ha participado en varios cursos de la FAES, aunque también ha sido crítico con Aznar, al que acusó de querer instrumentalizar a la Fiscalía a su favor.
Andrés Martínez Arrieta. Fue fundador de la Francisco de Vitoria, otra asociación de jueces mayoritariamente conservadora, aunque más moderada que la APM. Llegó al Supremo en 1998, con solo 43 años, durante el primer gobierno de Aznar. Es uno de los jueces que controla la actividad del CNI. Formó parte del tribunal que condenó a Baltasar Garzón por las escuchas a los cabecillas de la Gürtel cuando estaban en prisión, y también del tribunal que sentenció el 'procés'.
Eduardo de Porres Ortiz. Miembro de la APM, la asociación conservadora. Antes fue presidente de la Audiencia Provincial de Madrid, donde llegó promocionado por otro CGPJ conservador. Forma parte de la Junta Electoral Central, donde entre otros asuntos lideró el expediente sancionador contra Pedro Sánchez por hacer durante la campaña una entrevista desde La Moncloa –igual que habían hecho antes otros presidentes del Gobierno, sin merecer sanción–.
Carmen Lamela. Fue nombrada en 2018, recién llegada de la Audiencia Nacional. Allí fue la jueza que inició el juicio contra el 'procés' catalán. La que encarceló a 'los Jordis', acusados de sedición. O la que decidió investigar cuando no le correspondía el llamado caso Altsasua bajo el paraguas de que se trataba de terrorismo, cosa que después la sentencia negó.
Entre sus casos más polémicos está también el que afectó a Sandro Rosell, expresidente del Barça. Lamela, con el respaldo de la Fiscalía, lo encerró en prisión preventiva durante casi dos años. Repito: casi dos años de cárcel antes del juicio. Después la sentencia absolvió a Rosell. Fue declarado inocente.
Rosell ha recibido una indemnización de 25 euros por cada día que injustamente estuvo encerrado en prisión. En total, unos 16.000 euros, por 22 meses de cárcel.
Esa pequeña indemnización la paga el Estado. No la jueza ni el fiscal que encarcelaron durante casi dos años a un inocente.
Susana Polo. Con Ferrer, es la única de la Sala que forma parte de la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia. Llegó al Supremo en el cambio de cromos que permitió nombrar para el Supremo a otros dos conservadores: Carmen Lamela y Eduardo de Porres. De su carrera previa destaca su papel en el caso de los correos de Blesa. Fue la jueza que escribió en un auto que esos mensajes del expresidente de Caja Madrid publicados por elDiario.es y que permitieron conocer varios delitos, “afectaban a la intimidad del señor Blesa”. Polo intentó blindar el contenido de esos correos, pero no lo consiguió. Gracias a que en elDiario.es publicamos los mensajes, destapamos el escándalo de las Tarjetas Black.
Manuel Marchena. Es el presidente de la Sala y quien presidió también el juicio del procés. Fue nombrado en enero de 2007, por un CGPJ en funciones –el de la mayoría absoluta de Aznar– que el PP prolongó artificialmente durante casi dos años al bloquear su renovación para mantener su control sobre la cúpula judicial.
En 2014, el CGPJ actual, con mayoría conservadora, le nombró presidente de la Sala de lo Penal.
Marchena es fiscal de carrera y su primer valedor fue otro fiscal canario como él, Eligio Hernández, en su época como Fiscal General del Estado durante un gobierno de Felipe González. Pero la mayor parte de su carrera en la Fiscalía la hizo durante el gobierno de Aznar, como uno de los hombres de confianza del fiscal general del Estado nombrado por el PP, Jesús Cardenal. Fue el sector conservador quien después le avaló para la Sala de lo Penal y más tarde le ascendió a la presidencia.
En el acta del pleno del CGPJ que decidió en 2007 el nombramiento de Marchena como juez del Supremo se puede comprobar quién le respaldó con mayor efusión. Fue Adolfo Prego: otro exjuez del Supremo, después vocal del CGPJ nombrado por el PP y más tarde abogado del PP en varios casos de corrupción. Prego es también colaborador de la hermandad del Valle de los Caídos y patrono de la Fundación en Defensa de la Nación Española, que fundó Santiago Abascal.
Una vocal del CGPJ nombrada por el PSOE, María de los Ángeles García García, presentó un voto particular contra el nombramiento de Marchena en 2007 al que he logrado acceder. Es este documento. Explica bien la arbitrariedad con la que se suelen decidir estos nombramientos, que poco tienen que ver con criterios objetivos de méritos o experiencia. También es clave para entender por qué no llegó una sola mujer a la Sala de lo Penal del Supremo hasta el año 2014.
Marchena entró en el Supremo en otro cambio de cromos: una parte del sector progresista permitió su nombramiento a cambio de ascender en la misma Sala a Luciano Varela, de Juezas y Jueces para la Democracia. La diferencia es que la derecha fue más previsora. Hace años que promociona a jueces relativamente jóvenes para los puestos del Supremo, y así se garantiza más tiempo de poder. Varela se jubiló el año pasado. A Marchena le quedan diez años más.
Marchena fue el candidato de consenso entre PSOE y PP para presidir el CGPJ en el penúltimo intento para la renovación, que fracasó. A pesar de que fue nombrado por la mayoría conservadora, Marchena también tiene sus partidarios en el Gobierno. Mantiene buena relación con el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y con la ministra de Defensa, Margarita Robles. En el PSOE muchos lo defienden. En el PP también.
Marchena es también el principal protagonista de ese famoso whatsapp del entonces senador del PP Ignacio Cosidó –director general de la Policía en los años de la cloaca policial– donde pronosticaba que este juez ayudaría al PP a “controlar la Sala Segunda (la Sala de lo Penal) desde detrás”.
Tras conocerse ese whatsapp, Marchena comunicó su renuncia a presidir el Poder Judicial.
La Justicia emana del pueblo
Si el CGPJ decide los nombramientos y es el Parlamento quien decide el CGPJ, ¿cómo es posible que en el tribunal más importante de España el dominio de la derecha sea tan apabullante?
No es algo que se explique por el voto de los españoles. La alternancia política ha sido muchísimo mayor. En las últimas dos décadas, el PP ha gobernado 10 años y el PSOE, otros 10. Es verdad que el PP, en ese periodo, ha tenido cuatro años de mayoría absoluta, pero ni siquiera así se explica un desequilibrio tan brutal. Los 14 años de mayorías socialistas de Felipe González no dejaron una Sala de lo Penal tan descompensada.
Una de las causas ya la he explicado: la edad. La derecha nombra a magistrados más jóvenes, que duran en el Supremo mucho más. Otra razón es que la gran mayoría de los jueces suelen ser conservadores, tanto en España como en otros países.
Pero la principal razón está en el filibusterismo parlamentario del Partido Popular: en los bloqueos que ha aplicado el PP en la renovación del CGPJ, en contra del mandato constitucional, para prolongar su control del Poder Judicial. Unos bloqueos para controlar esa Justicia que “emana del pueblo”, según la Constitución.
En las últimas dos décadas, el PSOE y el PP han gobernado 10 años cada uno. Pero los CGPJ con mayorías del PP han durado 15 de esos 20 años.
Si ampliamos el foco a las últimas tres décadas, desde 1990, el PSOE ha gobernado 16 años, frente a los 14 del PP. Pero los CGPJ nombrados durante mayorías conservadoras han controlado 19 de esos 30 años.
Fue una estrategia, también una necesidad. Al Partido Popular, asediado por los casos de corrupción, no le bastaba con utilizar a la cloaca policial para tapar sus presuntos delitos. La clave está en la Justicia. Y es ahí donde el PP se empleó a fondo, como expliqué con más ejemplos en un artículo anterior.
Desde 1995, el PP ha bloqueado la renovación del CGPJ en tres ocasiones. Las tres por la misma razón: para controlar la Justicia y colocar a jueces afines en todos los tribunales por los que sus dirigentes podrían desfilar.
El próximo 30 de septiembre, el actual CGPJ en funciones pretende nombrar a tres nuevos jueces para la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, cuando su mandato y su legitimidad están fuera del plazo constitucional. Tres nuevos jueces de por vida.
EL CGPJ está en funciones, pero mantiene todo su poder. Esto es posible por la reforma de la ley orgánica que lo regula, y que aprobó el PP sin consenso durante la mayoría absoluta de Rajoy. Ya entonces blindaron el CGPJ para que mantuviera plenas funciones incluso con el mandato caducado.
En la derecha argumentan que el bloqueo en la renovación no puede dejar a tribunales importantes sin jueces suficientes, y que por eso el CGPJ tiene que aprobar los nombramientos, aun estando en funciones. Es una explicación falaz porque el CGPJ podría nombrar jueces temporales de refuerzo en aquellos destinos que así lo requieran, y dejar el nombramiento definitivo de esas plazas para un Poder Judicial que responda a las actuales mayorías parlamentarias: a lo que los españoles votaron, que es de donde emana su legitimidad.
Nombrar a jueces de por vida con el mandato caducado rompe el contrato constitucional, que dice que “la Justicia emana del pueblo”. En democracia, tan importante es votar a los representantes del pueblo como que los electos se renueven, una vez terminen el plazo para el que fueron nombrados. Y esto sirve para el Parlamento –donde sería impensable que un Congreso legislara con el mandato caducado– y también para el órgano de gobierno de los jueces.
Cuando el Congreso de los Diputados acaba su mandato, una pequeña parte de sus funciones las asume la Diputación Permanente. Pero este órgano temporal no puede, ni mucho menos, legislar.
Que un CGPJ en funciones apruebe nombramientos es aún más grave que si a un Parlamento en funciones le diera por legislar. Las leyes se pueden cambiar, pero los nombramientos al Supremo no se pueden revocar.
No es un riesgo abstracto. Está pasando ya.
En el año 2019, estando en funciones, el CGPJ aprobó 43 nombramientos. Entre ellos, los de 10 jueces de otras salas del Tribunal Supremo –de por vida, hasta su jubilación– y dos presidencias de Sala.
En enero de 2020, tras la investidura de Sánchez, el CGPJ decidió parar. Y publicó esta nota argumentando que no seguían “temporalmente” con más nombramientos por estar en funciones, mientras pedían a los partidos que pactaran la renovación.
Esa renovación es imposible mientras el PP no la permita: hace falta una mayoría de tres quintos del Parlamento.
Con este bloqueo, Pablo Casado se niega a cumplir con la Constitución, que obliga a renovar los órganos constitucionales cada cinco años. No pasa solo con el CGPJ: también el Tribunal Constitucional o el Defensor del Pueblo tienen su mandato caducado.
Casado argumenta que no renovará estos órganos mientras Podemos siga en el Gobierno. Es una falsa excusa, la razón es otra. El bloqueo sirve para mantener la mayoría conservadora en el Poder Judicial y así controlar más nombramientos.
La próxima semana se deciden tres jueces del Supremo más
Todo apunta –así lo ha anunciado el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes– a que el CGPJ aprobará tres nuevos nombramientos en la Sala de lo Penal. Será el miércoles 30 de septiembre. Ese día se reúne el pleno del CGPJ y entre otros nombramientos judiciales probablemente acordará un '2 a 1' en la Sala de lo Penal: dos conservadores, frente a un progresista. Eso dejaría esta Sala del Supremo con un '13 a 3' conservador. Mayoría absolutísima de la derecha por al menos una década más.
Entre los candidatos favoritos del sector conservador para estas plazas se encuentran Jesús Barrientos, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que condenó a Artur Mas, Concepción Espejel, la jueza recusada por su cercanía del PP, Ángel Hurtado, el único juez del tribunal de la Gürtel que pidió la absolución del PP, y José Ramón Navarro, el presidente de la Audiencia Nacional que se cambiaba mensajes con Francisco Martínez, el exnúmero dos de Interior imputado por la cloaca policial.
Por el lado progresista suena Javier Hernández, presidente de la Audiencia Provincial de Tarragona. Es el candidato que promueve Mar Cabrejas, una de las vocales progresistas, que es clave en esta votación. Cabrejas fue escogida por el PSOE de Rubalcaba, pero ahora es muy cercana al presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, que la llevó a la comisión permanente hasta 2018, y después la nombró en la comisión de asuntos económicos.
Dato importante: los vocales que Lesmes nombra en la comisión permanente tienen sueldo y chófer. Los otros, no. Esa diferencia es una enorme zanahoria que permite a Lesmes dirigir el Poder Judicial con mayor comodidad –esto antes no ocurría, fue otro de los cambios que metió en la ley orgánica Gallardón–. Un vocal del CGPJ en la comisión permanente cobra entre 6.000 y 6.500 euros netos al mes, igual que un juez del Tribunal Supremo. Un vocal de los de segunda, los que no están en esa comisión, solo cobra dietas, unos mil euros al mes.
Porque solo con los votos conservadores no es suficiente para que un CGPJ en funciones cometa el atropello democrático que supone nombrar jueces de por vida con una mayoría absoluta caducada, la de Rajoy de hace casi una década.
Durante la época del PP –gracias a la reforma que hizo Gallardón–, bastaba con una mayoría absoluta en el CGPJ para aprobar un nombramiento en el Supremo: 11 votos. Con la caída de Rajoy, en enero de 2019, esa ley se modificó. Hoy es necesaria una mayoría de tres quintos para aprobar determinados nombramientos, como los de jueces del Supremo. 13 votos, del total de 21 miembros del CGPJ –veinte vocales más el presidente, que tiene voto de calidad en caso de empate–.
El sector conservador, nombrado por el PP, hoy tiene 12 votos en el Consejo General del Poder Judicial: los diez vocales que negoció durante la renovación de 2013, más el presidente, Carlos Lesmes, más otro puesto que logró a través de una extraña carambola.
En 2013, la vocal nombrada por CiU, Mercè Pigem, fue sorprendida por la Guardia Civil llevando 9.500 euros en efectivo a Andorra, un dinero de su hermana, que le acompañaba en el viaje con otros 10.600 euros en billetes. Aunque este comportamiento era solo una infracción administrativa, no un delito, Mercè Pigem fue forzada a dimitir. Fue sustituida por uno de los suplentes, un vocal que había sido propuesto por el PP.
El sector conservador tiene 12 votos. Necesita 13. Les falta un voto más para la mayoría de tres quintos.
Si todos los vocales progresistas en el CGPJ se negaran, estos nombramientos serían imposibles de realizar.
Me temo que eso no va a pasar.
SEGUNDA PARTE DE ESTE INFORME ESPECIAL: Quién es quién en el Consejo General del Poder Judicial que ocupa el PP
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