Diputado autonómico, reciente senador por decisión de Cristina Cifuentes y exalcalde de Getafe, el político del PP Juan Soler aparece en un informe de la Policía anticorrupción desde octubre pasado. Las irregularidades en el proyecto de unas obras públicas en la localidad del sur de Madrid comenzaron a ser investigadas por un juez de la localidad madrileña en mayo y antes de que acabara octubre, los agentes ya señalaban a Soler.
La Brigada de Policía Judicial se refiere a la presunta participación de Soler en un informe fechado el 29 de octubre de 2015, al que ha tenido acceso eldiario.es. Se trata de una presunta prevaricación administrativa al conceder las obras que convertirían el conocido como Teatro Madrid de Getafe en un moderno centro de artes escénicas. “Esta urgencia (en aprobar el proyecto) carecía de fundamento, ya que el mencionado convenio establecía como fecha límite para ejecutar las actuaciones el 31/12/2015 y su legislatura terminaba también este mismo año”, dice el documento policial.
El juez Francisco Javier Achaerandio había admitido a trámite el 5 de mayo una querella presentada por un vecino de Getafe contra la adjudicación de las obras. Cinco meses después, un grupo especial de la Policía, creado para investigar la corrupción en la Comunidad de Madrid, presentaba al juez sus primeras conclusiones y le solicitaba que aprobara un nuevo paquete de diligencias. El pasado lunes, los agentes entraron en el Ayuntamiento del sur de Madrid en una operación que incluyó la detención de cinco personas.
Juan Soler fue director general de FAES y militó durante muchos años en el aguirrismo, llegando a ser portavoz adjunto del grupo parlamentario en la Asamblea. En los últimos tiempos se sitúa próximo a Cristina Cifuentes, quien le escogió de su lista -ocupó el número 10 en las últimas elecciones- para ser senador por designación autonómica. La condición de aforado que conlleva esa elección retrasará sin fecha cualquier actuación judicial contra él. Cifuentes eligió la sede del PP de Getafe y la compañía de Soler para ofrecer su primera rueda de prensa como presidenta de la gestora de Madrid, tras la marcha de Aguirre.
El 12 de noviembre de 2012, en el transcurso de un pleno municipal, Soler defendió la “urgencia” a la que se refieren los policías para la encomienda de gestión de las obras a la empresa pública Getafe Iniciativas S.A (GISA), que puso en marcha un proceso plagado de irregularidades.
“No se entiende que el motivo por que el Ayuntamiento de Getafe realizó esta encomienda de gestión a GISA, si bien el alcalde manifestó que fue para agilizar la tramitación con el fin de terminar la construccion del Centro Europeo de Producción de Artes Audiovisuales y Escénicas dentro del plazo establecido”, escriben los agentes del Grupo XXVI en el informe incorporado a la causa.
Cuando Soler toma la decisión, la encomienda de gestión del proyecto “ya contaba con la redacción de toda la parte técnica, primando la parte económica por encima de todo y dejando únicamente a GISA la invitación de la empresas”, por lo que la “urgencia” del alcalde es todavía más inexplicable, inciden en su tesis los policías.
La naturaleza de los detenidos el pasado 7 de marzo, técnicos municipales y personas vinculadas a la empresa adjudicataria, motivó al PP a afirmar rápidamente que ninguno de sus concejales está implicado en la trama. Sin embargo, un auto dictado por el juez hace tres semanas, adelantado por eldiario.es, vuelve a señalar como “investigados” -la figura que ha sucedido a la de imputados- a los exconcejales de Hacienda Fernando Lázaro y de Urbanismo Paz Álvarez.
Junto a ellos, el alcalde de Getafe comenzó a ser investigado por el juez un mes antes de convertirse en aforado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). El 5 de mayo de 2015, el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Getafe admitió a trámite la querella presentada por un vecino, Roberto Benítez, que dirige el medio local elbercial.com. En la querella aparecía Soler, los dos concejales citados, una empleada y la exgerente de GISA, María Luisa Gil Madrigal. Esta fue nombrada por Soler, después de haber estado vinculada a la Comunidad de Madrid.
Una adjudicación imposible
En el citado informe policial, los investigadores señalan que sin los “cambios significativos” que la empresa municipal hizo en los pliegos de prescripciones, la sociedad Vegas Arquitectura “nunca podría haber sido adjudicataria de los procedimientos”. Se refiere a coletillas introducidas para adecuar las características de Vegas Arquitectura a lo exigido por el Ayuntamiento o a un cambio en los criterios de negociación sin el cual, la sociedad “tampoco hubiera sido la adjudicataria”.
En el mismo informe policial, el Grupo XXVI analiza las relaciones entre los socios de las tres empresas que se presentaron al concurso, apuntando hacia un posible acuerdo previo entre ellos para que fuera Vegas la que finalmente lo ganara, después de que sus dos competidoras quedaran eliminadas. La práctica de las diligencias solicitadas en octubre de 2015 por la Policía y otras investigaciones han dado lugar a un segundo informe de la Brigada de Policía Judicial con nuevas evidencias y la solicitud al juez de que decretara el secreto de las actuaciones, informan fuentes del caso.
El proyecto de artes escénicas para el teatro de la calle Madrid fue la estrella del plan de Soler para Getafe. Han pasado más de tres años desde aquel pleno en el que se adoptó la decisión que ahora es objeto de investigación y los planes siguen sin consumarse. El nuevo equipo municipal, con la socialista Sara Hernández al frente, paralizó las obras el pasado verano por impagos y rescindió el contrato a la empresa porque planteaba modificaciones que encarecían mucho el proyecto.