Los partidos que suelen apoyar en el Congreso las iniciativas del Gobierno progresista y que facilitaron la investidura de Pedro Sánchez o la aprobación de los Presupuestos se han manifestado este martes a favor de la concesión de los indultos a los presos independentistas que están en prisión tras ser condenados por su participación en el referéndum del 1 de octubre de 2017. En distintas ruedas de prensa en el Parlamento, los portavoces de PNV, EH Bildu, Compromís, Más País y PDeCat han respaldado esta opción para destensar el conflicto entre las administraciones española y catalana, aunque las fuerzas independentistas han pedido al Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos que tome más decisiones.
El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha considerado que “si se quiere dar una vía de solución a la cuestión catalana el primer paso es que las personas que están presas salgan de prisión”, antes de acusar a PP y Ciudadanos de tratar de entorpecer esa solución con sus anuncios de recursos contra los indultos. Por ello ha pedido “pedagogía” para explicar esas decisiones en el caso de que se produzcan, aunque se ha mostrado confiado en que la mayoría de la población va a entenderlas. Los indultos, añadía él, “son las condiciones para iniciar un diálogo” entre España y Catalunya.
“Hay que ir más allá de los indultos”, ha asegurado la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, que ha considerado que la catalana es una cuestión que hay que abordar “mediante el diálogo y el acuerdo”. Así, Aizpurua ha emplazado a las fuerzas del Estado a aceptar que en las últimas elecciones autonómicas “el 52%” de “la sociedad catalana” votó “a favor de opciones independentistas”, por lo que ha instado al Gobierno a solucionar “hablando” el conflicto político en Catalunya.
Íñigo Errejón, portavoz de Más País, ha recordado que “la figura de los indultos en una prerrogativa de los gobiernos que existe en muchos países” y que se suele utilizar en todos ellos “para que el Gobierno pueda intervenir cuando hay problemas de convivencia”, como es el caso catalán. Por eso se ha mostrado a favor de los indultos. “Nos parece bien”, ha dicho. “Los indultos pueden contribuir a la solución política”, ha añadido, antes de considerar que “el inmovilismo solo ha traído más división y enfrentamiento en la relación entre Catalunya y España”.
En la misma línea se manifestaba minutos antes el portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, que consideraba que la aprobación de los indultos por parte del Gobierno “sería una buena manera de avanzar para solucionar un problema que lleva años encallado”. “Catalunya es un problema política”, ha enfatizado el diputado valenciano, que ha insistido en que “los problemas políticos se tienen que solucionar con política”.
Las reticencias de Junts
Desde el PDeCat, su máximo representante en la Cámara Baja, Ferrán Bel, ha querido recordar que el informe del Tribunal Supremo manifestándose en contra de los indultos “no es vinculante”. “Lo relevante del proceso de los indultos es el acuerdo del Gobierno”, ha añadido. Así, aunque a su juicio “la situación óptima para resolver esta situación de Catalunya es la ley de amnistía”, Bel se ha confesado “realista y pragmático” , por lo que ha señalado que “si no es posible” la amnistía “es mejor un indulto que la inactividad al respecto”. El diputado del PDeCat ha cargado a renglón seguido contra PP y Ciudadanos por su “irresponsabilidad” anunciando recursos ante el Supremo en el caso de que se aprueben los indultos. “No les preocupa lo que pase en Catalunya”, ha zanjado.
“Aquí solo cabe la amnistía y el derecho de autodeterminación”, ha asegurado en cambio Miriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso. “No hemos llegado hasta aquí para que nadie nos perdone, y menos el Estado que nos está reprimiendo, intentando arruinar a los trabajadores catalanes”, ha asegurado ella en rueda de prensa. A su juicio, “hay más de 3.000 represaliados y esto es un conflicto político, que se resuelve haciendo política y dialogando”. “No tenemos un Estado democrático enfrente, tenemos un Estado represor”, ha concluido, antes de volver a defender el “derecho legítimo a la autodeterminación” del pueblo catalán para el que “no hay que pedir permiso”.
El Gobierno: “Velará por el interés general de España”
El Gobierno guarda silencio públicamente sobre los indultos a los presos del procés, aunque ha preparado el terreno para su concesión. La portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, no se ha salido del guion en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros al reiterar que aún no están siquiera los informes preceptivos para que el Gobierno se pronuncie ya que falta el del Tribunal Supremo. Pero preguntada por si el Gobierno está dispuesto a asumir el coste de conceder esos indultos con la posición contraria de la Fiscalía -que ya se ha pronunciado- y del tribunal sentenciador, Montero ha dejado claro que actuará conforme “al interés general de España”. “El Gobierno siempre va a velar por el interés general”, ha repetido hasta en tres ocasiones.
También la portavoz parlamentaria, Adriana Lastra, ha evitado pronunciarse. “No se ha tomado ninguna decisión que yo sepa por parte del tribunal sentenciador por lo que de momento no hay valoración posible”, ha expresado Lastra, que tampoco ha querido decir si está de acuerdo en que se otorguen a pesar de que los líderes independentistas no hayan mostrado arrepentimiento. No obstante, ambas han dejado claros los “límites” del Gobierno respecto a las propuestas del independentismo y que pasan por rechazar el derecho a la autodeterminación y la amnistía.
El PP, por su parte, ha dado por hecho que se concederán esos indultos que, a su juicio, “son la burla a la democracia de Pedro Sánchez”. “Si se conceden, los recurriremos”, ha insistido la portavoz parlamentaria de los populares, Cuca Gamarra, en rueda de prensa. A su juicio, se trata de un “instrumento político”. “Sánchez a cobro revertido que les paga a los independentistas para mantenerse en la Moncloa”, ha zanjado. La decisión supondría para el PP que el Gobierno “se aparta de la legalidad vigente que establece justicia, equidad y legalidad jurídica”. “Lo que plantea Pedro Sánchez sería sortear las resoluciones del poder judicial y no basta la voluntad política que él tenga”, ha ramachado.
La amenaza del PP a no renovar el CGPJ si se conceden los indultos que ha publicado El País no es nueva para el Gobierno, que cree que es una “excusa” más. “El PP chantajea con algo que por su propia boca ha dicho que no va a hacer”, ha afirmado la portavoz, María Jesús Montero. “Se trata de un poder independiente, estamos hablando del órgano de gobierno de los jueces y no se puede chantajear el cumplimiento de la Constitución. La Constitución obliga a que se produzca una renovación”, ha dicho Montero sobre el CGPJ que lleva en funciones más de dos años.
“No puedo entender que el PP supedite el cumplimiento de la Constitución a cualquier materia. Hoy será lo que me dice [ha respondido el referencia al aviso del PP a que no renovará el CGPJ si se indulta a los independentistas] y otro día será otra cosa. Es exigible que el principal partido de la oposición cumpla con la ley. No hay excusas que puedan tener ninguna credibilidad”, ha zanjado Montero, que ha recordado que el propio Pablo Casado ha dicho que no renovará el órgano de gobierno de los jueces si no se cambia el sistema de elección que ha operado décadas.
Montero también ha aprovechado una pregunta sobre las encuestas que pronostican un debilitamiento del PSOE y un fortalecimiento del PP para atizar a Casado, a quien se ha referido sin citar expresamente. “Queda mucha legislatura por delante aunque algunos vivan con ansiedad, probablemente por que sí se le agota su tiempo, que se pudieran convocar elecciones, un interés que para nadie es bueno salvo para aquel que vive con esa ansiedad o esa premura su propia liderazgo”, ha señalado Montero.