Los cabecillas de Gürtel han hecho este miércoles un nuevo intento de tumbar las grabaciones que permitieron desmontar la trama corrupta. Ante el Tribunal Supremo, sus abogados han cargado contra las grabaciones que realizó el delator José Luis Peñas porque suponen una “insoportable violación del derecho a la intimidad”. También han expuesto que el caso debe ser anulado por las grabaciones que ordenó Baltasar Garzón a los acusados y sus abogados, que aunque fueron apartadas de la causa, han “salpicado” toda la investigación.
En la vista pública celebrada este miércoles los abogados de los principales implicados han expuesto sus recursos contra la primera condena de Gürtel. El Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJC) condenó en febrero de 2017 a 13 años de prisión a los cabecillas de la trama, Francisco Correa y Pablo Crespo; a 12 a su lugarteniente Álvaro Pérez 'El Bigotes' y a 9 una exconsellera del PP, Milagrosa Martínez. El fiscal Javier Zaragoza, ha impugnado todos los argumentos de las defensas y ha pedido que el tribunal confirme las penas.
Ha sido la hija de Pablo Crespo, Margarita Crespo, la abogada encargada de exponer los argumentos contra las grabaciones que realizó Peñas, exconsejal del PP en Majadahonda y amigo íntimo de Correa. Los DVD que entregó con 58 horas de grabaciones obtenidas entre febrero de 2006 y diciembre de 2007 son, a juicio de los condenados, “la verdadera piedra angulas sobre la que se ha construido esta causa”.
Crespo ha criticado en que los distintos sumarios de las piezas separadas de Gürtel no conste “una transcripción literal” de las conversaciones y las ha tachado de “insoportable violación del derecho a la intimidad”. Según ha explicado, esas grabaciones se produjeron por la amistad entre Correa y Peñas y en lugares privados como despachos, domicilios particulares o comidas privadas.
Peñas “tiró de la lengua” a Correa
La abogada se ha centrado en una de ellas, célebre porque Correa admitió haberle llevado “mil millones” de pesetas al PP y Luis Bárcenas. Esa confesión es fruto de la estrecha amistad de los interlocutores: Peñas va preguntando a Correa, “le va tirando de la lengua” y ayudado por “la locuacidad” del cabecilla de Gürtel puede “llegar al punto que quería”, ha explicado.
La hija de Crespo también ha criticado que las grabaciones completas (62 horas registradas en dos pen drive) no se conocieron hasta 2014, siete años después de que estallase el caso. Además, ha llamado la atención sobre que Peñas tenía claro desde el principio que buscaba entregar esas grabaciones a la Policía y a la Fiscalía -como declaró durante el juicio- lo que invalida esa prueba.
Al final de su alegato y con voz grave, Margarita Crespo ha pedido a la Sala que ponga un “dique contra tantos abusos”, y lo ha hecho echando mano de una frase incluida en la sentencia del Supremo que inhabilitó a Garzón y que dictó el Supremo: “La justicia obtenida a cualquier precio termina no siendo justicia”.
El juez Andrés Martínez Arrieta, que preside la Sala que examinará los recursos, pidió a los abogados que se repartiesen la exposición de sus argumentos contra la sentencia. A Juan Carlos Navarro, letrado de Correa, le ha tocado cargar contra la escuchas que autorizó el primer juez del caso Baltasar Garzón -inhabilitado por ordenar esas escuchas-, a los detenidos cuando se encontraban en prisión. Esas conversaciones fueron excluidas de la causa, pero los abogados creen que han influido definitivamente en la investigación.
“Permitieron a la Policía abrir nuevas vía de la investigación, en la solicitud de prorroga de esas intervenciones se analizan los resultados y las estrategias de defensa que se están llevando a cabo”, ha alegado Navarro. El abogado de Correa, que ha pedido para él una rebaja de la condena y no la absolución, ha señalado que es “imposible” saber hasta qué punto esas grabaciones han “salpicado” la investigación posterior.
“Tuvieron acceso a una información fundamental el magistrado instructor y la fiscalía, y la policía investigadora”, ha añadido Navarro, que ha sido especialmente crítico con estos últimos. Ha afeado a la UDEF que hiciese una “selección” de las grabaciones que entregaba al juez y se encargase de hacer informes en base a esas intervenciones, con “datos desconocidos hasta entonces y que permitieron abrir nuevas vías de investigación”.
El abogado de Correa ha criticado también que el caso Gürtel se crease en un principio como un “hipermacroproceso” que luego se fragmentó en varias piezas separadas. Esta situación ha provocado, dice, que los acusados estén siendo juzgados varias veces por los mimos delitos.
La defensa de Álvaro Pérez 'El Bigotes', por su parte, ha centrado su alegato en pedir la anulación del juicio porque uno de los magistrados que firmó la sentencia había resuelto antes sobre sus recursos contra la apertura de procedimiento abreviado. Eso provoca que la Sala estuviese “contaminada” y haya que volver a repetir el proceso. Sobre su cliente, ha insistido en lo que él mismo ha defendido desde el estallido del caso: era un hombre dedicado a los aspectos creativos que no tuvo papel alguno en los aspectos contables de las empresas de Gürtel.
Una organización para ganar contratos amañados
En la condena recurrida, el tribunal consideró probado que los acusados crearon una trama empresarial para obtener distintos contratos de la Generalitat Valenciana en diversas ferias de turismo (fundamentalmente en las edificios de FITUR entre 2005 y 2009) tras realizar diversas actuaciones encaminadas a manipular, alterar e influir a su favor en la tramitación de los procedimientos administrativos de adjudicación de tales trabajos.
El tribunal aceptó las tesis de la Fiscalía: las adjudicaciones se hicieron a pesar de la falta de experiencia de la compañía, de sus precios, casi siempre los más caros, y de que la justificación de los trabajos se hacía alegando tareas no hechas o directamente con facturas falsas. Orange Market facturó 5 millones de euros solo con sus encargos para Fitur.
El grupo de empresas de Correa, señaló la sentencia, era una organización empresarial creada ex profeso para manipular concursos públicos y participar activamente en el cambio de las condiciones exigidas a los adjudicatarios. Es más, las mercantiles de Correa -Orange Market y demás- carecían de medios personales y materiales para ejecutar esos trabajos, que se limitaban a subcontratar a terceros.