El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado este miércoles la licitación para la construcción de la nueva Ciudad de la Justicia, un macroproyecto que lleva coleando en la región desde la época de Esperanza Aguirre y que ha dejado por el camino varias intentonas fallidas, sombras de corrupción y despilfarro de dinero público.
El objetivo, ha explicado en rueda de prensa el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, es “centralizar los edificios judiciales en una única sede, más moderna, que resuelva los problemas de espacio”. La empresa adjudicataria deberá hacerse cargo de la construcción del complejo, con 17 edificios en los que se concentrarán las 28 sedes judiciales que hay actualmente en la Comunidad, por un valor de más de 500 millones de euros, así como su mantenimiento y gestión.
A cambio, la administración pagará un canon de 49,4 millones de euros -revisable a partir del octavo año por un precio máximo del 2,5%- durante 40 años y cederá la explotación de dos de los edificios, un aparcamiento público de 1.900 plazas y otros espacios con usos no judiciales, como un centro de deporte de ocio y salud, cafeterías, una escuela infantil privada, una zona de boulevar y otros usos menores “que se irán determinando una vez que se produzca la definitiva adjudicación”, ha explicado el consejero. Esto, ha dicho López, “permitirá al concesionario mediante su explotación la obtención de beneficios al margen del canon”.
Informa David Noriega.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha destacado este miércoles tras reunirse en EEUU con el senador independiente Bernie Sanders que “las alianzas progresistas son más necesarias que nunca”, teniendo en cuenta el actual contexto global de incertidumbre y crisis climática.
“¡Un placer, Bernie Sanders! En momentos de incertidumbre global y crisis climática, las alianzas progresistas son más necesarias que nunca. Acordamos realizar un nuevo encuentro para seguir ensanchando la democracia y protegiendo los derechos humanos. Hay esperanza”, ha escrito la ministra en su cuenta de Twitter después de su encuentro con el máximo representante de la izquierda estadounidense.
Díaz ha viajado a EEUU con el objetivo de “reforzar las relaciones bilaterales” entre los gobiernos de España y EEUU, pero también de “ensanchar las alianzas progresistas a ambos lados del Atlántico”.
Yolanda Díaz se da un año para combatir la desafección en la izquierda: “Si queréis, yo me sumo”
El ex juez Baltasar Garzón ha solicitado al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas que inste a España a cumplir con el dictamen emitido hace un año por este organismo internacional, el cual declaró que se habían violado los derechos fundamentales del otrora magistrado e impuso a las autoridades españolas la obligación de proporcionarle una “reparación integral” del daño causado, una reparación que cree que debe incluir su restitución en la carrera judicial.
La abogada de Garzón en este caso, Helen Duffy, ha informado en un comunicado de que ha enviado un escrito instando a que “el Gobierno cumpla con la obligación de otorgar la 'reparación integral' indicada por el Comité, incluyendo la reinserción en la judicatura, reconocimiento y compensación, y medidas para garantizar la no repetición de la interferencia en la independencia judicial que ha tenido lugar en este caso”.
En su dictamen del 25 de agosto de 2021, el Comité dio la razón a Garzón al concluir que el Tribunal Supremo (TS) vulneró su derecho a la presunción de inocencia y su derecho a la revisión de la condena y la pena cuando en 2012 le condenó a 11 años de inhabilitación por un delito de prevaricación por ordenar la intervención de los teléfonos de los abogados de los principales acusados en el 'caso Gürtel'.
Informa Europa Press.
ENTREVISTA | Baltasar Garzón: “Vox está en el punto de inflexión del populismo al fascismo”
La CUP quiere que la presidenta del Parlament, Laura Borràs, y el diputado de Junts Francesc de Dalmases acudan a la comisión de control a los medios públicos para explicar la bronca a gritos que profirió a una periodista de TV3 el diputado en presidencia de la jefa de la Cámara.
Así lo ha solicitado este miércoles la formación anticapitalista en una petición registrada en el Parlament, en la que también reclaman las comparecencias del director del programa de TV3 donde ocurrió, el FAQs, así como los responsables de Catalunya Ràdio y de la agencia ACN, medios públicos en los que también se han producido denuncias, tal y como reveló este diario.
Según el escrito registrado, el partido quiere que se investiguen todos los hechos de presiones, broncas y mensajes intimidantes en los medios públicos que implican al diputado Dalmases y, en algunas ocasiones, también a Borràs.
La CUP ha reclamado además que la Mesa aplique el código de conducta, tal y como ya han pedido En Comú Podem y ERC, y que podría abrir la vía sancionadora contra el diputado por los hechos ocurridos en los estudios de TV3 el pasado 9 de julio.
Escribe Arturo Puente.
El presidente de ERC, Oriol Junqueras, y los exconsellers republicanos Raül Romeva y Dolors Bassa ya han presentado su recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por la condena del Tribunal Supremo a 13 y 12 años de cárcel, respectivamente, por los delitos de sedición y malversación en relación a la organización de referéndum del 1-O.
Los dirigentes de ERC han sido los últimos de los condenados por el Supremo y luego indultados por el Gobierno a presentar sus demandas ante Estrasburgo, que ya tiene los recursos de los nueve dirigentes que estuvieron presos por el 1-O. El primero en acudir al TEDH fue el expresidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, en junio del año pasado.
La diferencia de casi un año entre las demandas ante el TEDH se explica por la sucesiva resolución de los recursos de amparo que los independentistas formularon ante el Constitucional, sin cuya resolución no podían abrir la vía europea.
En línea con el resto de dirigentes, Junqueras, Romeva y Bassa denuncian a España por haber vulnerado varios derechos humanos, como el derecho a un juicio justo, al juez predeterminado por ley, a la libertad de expresión y reunión, así como varios derechos políticos, informa la Agència Catalana de Notícies (ACN).
Informa elDiario.es Catalunya
El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado este miércoles con el sí de todos los grupos, a excepción de Vox, que el trabajador de limpieza viaria fallecido el pasado sábado por golpe de calor, José Antonio González, dé nombre a una zona renaturalizada cerca del CEIP Puerto Rico, en Orcasitas.
El portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, se ha descolgado del apoyo a la propuesta de denominación porque supondría “una discriminación para el resto de trabajadores”. Por un criterio de “equidad y ecuanimidad” y como cargo público Vox ha votado en contra. Sí ha apoyado la ratificación de los acuerdos ayer alcanzados.
Por su parte, el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha trasladado sus condolencias y ha apostado por “adoptar medidas” para que esto “no vuelva a suceder”. “Tenemos el reto de que otras ciudades adopten estos acuerdos como propios”, ha señalado. También ha agradecido la voluntad de concejales por llegar a un acuerdo.
A través de Europa Press.
La Comisión de Justicia del Congreso trabaja con la previsión de reunirse la próxima semana con carácter extraordinario para examinar la idoneidad de la candidatura de Álvaro García Ortiz a la Fiscalía General del Estado, en sustitución de Dolores Delgado, que ha dejado el cargo alegando motivos de salud.
García Ortiz, fiscal de sala especializado en medio ambiente, venía ejerciendo como jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado (FGE) y es de la máxima confianza de la ya exfiscal general y también exministra de Justicia.
Según establece el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal la persona que ostenta la máxima responsabilidad en el Ministerio Público es nombrada por el Rey a propuesta del Gobierno. Pero antes debe pronunciarse el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que tiene previsto hacerlo este jueves.
Con información de Europa Press.
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha equivocado este miércoles en el Pleno del Senado y ha votado a favor de la reforma exprés que ha promovido el Gobierno de Pedro Sánchez para desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional, un hecho que el Grupo Popular atribuye a un “error humano”, según fuentes 'populares'.
En concreto, el Senado ha aprobado la proposición de ley impulsada por el PSOE para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial, con el objetivo de permitir al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) nombrar a los dos magistrados que le corresponden en la renovación del TC.
La iniciativa —que ha tenido una tramitación exprés tanto en el Congreso como en Senado— ha contado en su votación final en el Senado 147 votos a favor (PSOE, Izquierda Confederal, Bildu, ERC y PNV) y 110 en contra, entre ellos los del PP, Vox y Ciudadanos.
Feijóo se ha equivocado al emitir su voto y no ha votado en contra como los demás senadores del PP. Sin embargo, en este caso su voto no ha sido determinante, dada la amplia mayoría con la que la proposición ha salido adelante.
Aparte de Feijóo, también han equivocado dos senadores del Grupo Socialista, la salmantina María Elena Diego Castellano y el granadino Alejandro José Zubeldia Santoyo, que en este caso han votado en contra de la reforma impulsada por su propio grupo parlamentario.
Horas después Feijóo reaccionaba a su error en las redes sociales.
Informa Europa Press.
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado este miércoles la licitación para la construcción de la nueva Ciudad de la Justicia, un macroproyecto que lleva coleando en la región desde la época de Esperanza Aguirre y que ha dejado por el camino varias intentonas fallidas, sombras de corrupción y despilfarro de dinero público.
El objetivo, ha explicado en rueda de prensa el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, es “centralizar los edificios judiciales en una única sede, más moderna, que resuelva los problemas de espacio”. La empresa adjudicataria deberá hacerse cargo de la construcción del complejo, con 17 edificios en los que se concentrarán las 28 sedes judiciales que hay actualmente en la Comunidad, por un valor de más de 500 millones de euros, así como su mantenimiento y gestión.
A cambio, la administración pagará un canon de 49,4 millones de euros -revisable a partir del octavo año por un precio máximo del 2,5%- durante 40 años y cederá la explotación de dos de los edificios, un aparcamiento público de 1.900 plazas y otros espacios con usos no judiciales, como un centro de deporte de ocio y salud, cafeterías, una escuela infantil privada, una zona de boulevar y otros usos menores “que se irán determinando una vez que se produzca la definitiva adjudicación”, ha explicado el consejero. Esto, ha dicho López, “permitirá al concesionario mediante su explotación la obtención de beneficios al margen del canon”.
Informa David Noriega.
El Pleno del Senado ha aprobado definitivamente este miércoles la reforma exprés de la ley orgánica del Poder Judicial que reinstaura las competencias para que el CGPJ, en funciones desde hace más de tres años por la negativa del PP a renovarlo, designe a dos magistrados del Tribunal Constitucional. El cambio, aprobado en tiempo récord, permitirá así al Gobierno nombrar a los dos magistrados del tribunal de garantías que le corresponden y que van unidos a los del CGPJ.
El PSOE y Unidas Podemos logran así sortear el bloqueo del PP, que se había extendido al Constitucional el pasado 12 de junio, cuando caducó el mandato de cuatro de los 12 magistrados del tribunal, entre ellos el del presidente. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, planteó como condición para acceder a la renovación del CGPJ una reforma integral del Poder Judicial.
El Gobierno de coalición ha sorteado la maniobra del PP con una reforma ad hoc que, en parte, revertía el cambio previo promovido también por el PSOE y Unidas Podemos para impedir que el CGPJ en funciones pudiera hacer nombramientos. Un intento de presionar al PP para acceder a una renovación que, en virtud de las mayorías parlamentarias, le haría perder el control del Poder Judicial. Pero Feijóo mantuvo el bloqueo, lo que ha empujado al Gobierno de coalición a otra reforma.
El PP se ha revuelto contra esta nueva reforma, aunque la mayoría parlamentaria que sostiene al Gobierno lo ha aprobado. El propio Feijóo, senador desde el pasado mes de mayo, se ha equivocado y ha votado 'sí' en lugar de 'no'.
Escribe Aitor Riveiro.
La Unión de Autónomos UATAE, vinculada a CCOO, ve “aceptable” la reforma del sistema de cotizaciones al considerar que en los últimos días se han producido los suficientes avances como para suscribir el acuerdo.
UATAE, que no estaba a favor de dar vía libre a un acuerdo hasta que se rebajaran las cotizaciones para los rendimientos más bajos y que pedía un esfuerzo mayor por parte de la Seguridad Social, ha celebrado finalmente el acuerdo alcanzado entre los agentes sociales y las principales organizaciones de autónomos para el despliegue de esta reforma de calado, entre 2023 y 2025.
Aquí puedes ver qué cuotas pagarán los autónomos según ingresos en 2023, 2024 y 2025