Animales y antibióticos: qué hay detrás de las protestas de los veterinarios por una medida aprobada en 2023

Tras casi un año y medio de moratoria para su aplicación, el 2 de enero de 2025 entró en vigor la obligación por parte de los veterinarios de comunicar qué antibiótico prescriben a los animales de compañía que atienden. La regulación aplica la normativa europea aprobada en diciembre de 2018.

Desde el pasado enero los veterinarios protestan y se manifiestan contra esta norma porque, dicen, les “ata de pies y manos” a la hora de recetar estos medicamentos. La plataforma VetsUnidos organiza una protesta este viernes 28 de febrero con el lema “la legislación nos coarta”. La Federación Estatal de Sindicatos Veterinarios (Fesvet) y la Confederación Empresarial Veterinaria (CEVE) convocan una manifestación el 5 de marzo frente al Ministerio de Agricultura.

En Agricultura explican que los veterinarios “han tenido un año y medio para prepararse, ya que la medida fue aprobada en 2023”. También añaden que la “prioridad” es que “todo el sector esté conectado”, porque los veterinarios de ganado llevan años haciéndolo y que “el control se flexibilizará al máximo”.

La protesta veterinaria se ha visto inflamada por el supuesto caso de una perra muerta en Galicia por, según afirmó el grupo de clínicas veterinarias Adrisa, las medidas derivadas de este decreto. A eso se le unió la divulgación durante una rueda de prensa de una presunta sanción de 90.000 euros a un veterinario asociada al incumplimiento del decreto que deslizó un directivo de la patronal CEVE, aunque sin detallar la clínica, el profesional o el motivo concreto.

La cuestión es que, a pesar de que esa información fue circulada por diversos medios, no ha existido tal sanción a cuenta de este decreto, informa el Ministerio. En realidad se trataba de un veterinario investigado por el Gobierno de las Islas Baleares que fue multado por el Ejecutivo insular por uso irregular de medicamentos.

Con ese terreno de juego desplegado y antes de la manifestación contra el ministro Planas, el presidente de Fesvet, Manuel Martínez Domínguez, cuenta a elDiario.es que la medida sobre informar de los antibióticos prescritos “es la gota que colma el vaso”. Martínez Domínguez sostiene que la normativa “limita la capacidad de los veterinarios de ofrecer tratamientos personalizados y de hacer seguimiento de los casos”.

Un portavoz del Ministerio de Agricultura responde que este procedimiento no es algo realmente nuevo. “Los veterinarios españoles llevan transmitiendo desde enero de 2019 las prescripciones de antibióticos de animales de granja y, en estos momentos, es un sistema conocido y rodado que funciona correctamente”.

Explican que se trata de “un sistema de recogida de información que no establece limitaciones a las prescripciones y por tanto no condiciona en absoluto el juicio clínico del veterinario que debe comunicar lo que prescribe y a quién lo hace”.

Las 'superbacterias'

El decreto publicado en julio de 2023 explica que “el principal objetivo es la lucha contra las resistencias antimicrobianas” que se están produciendo, entre otras cosas, por el uso masivo de antibióticos tanto en el ámbito humano como en el veterinario (ya sea en animales de producción o de compañía).

La resistencia antimicrobiana hace que los patógenos como las bacterias se vuelvan inmunes ante los medicamentos que se utilizan contra ellos y, por tanto, inutilizan tratamientos que antes funcionaban contra infecciones. El resultado de la resistencia son las superbacterias que ya causan más muertes en el mundo que el VIH o la malaria.

“Somos los primeros en Europa en reducción de los antimicrobianos en el ámbito veterinario”, afirma el presidente de Fesvet, que destaca que desde 2014 “ha habido una reducción del 70% en los productos que se utilizan en medicina veterinaria, mientras que en medicina humana la reducción ha sido del 17%”.

Los veterinarios aducen que esta disposición ralentiza la prescripción de tratamientos necesarios. También piden que se les deje dispensar los medicamentos, algo a lo que se han opuesto por su parte los farmacéuticos. La Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles ha reclamado que “se cumpla la Ley de Garantías y Uso Racional de Medicamentos y Productos Sanitarios, según la cual el farmacéutico es el profesional habilitado para la adquisición, custodia, conservación y dispensación de todos los medicamentos sujetos a prescripción, tanto los de uso humano como veterinario”.

Adherido a la polémica sobre la información de medicamentos, los veterinarios exigen poder fraccionar los envases clínicos de antibióticos para, afirman, reducir costes; rebajar las sanciones previstas en la norma y reducir el IVA de los servicios veterinarios. Este IVA, asegura Martínez Domínguez, “encarece los tratamientos”, ya que, a diferencia de otras actividades sanitarias que cuentan con un IVA reducido del 10%, los servicios veterinarios para animales de compañía están gravados con un 21%, mientras que “los tratamientos para animales de producción también se benefician del 10%”.