La fractura de la crisis: 8,5 millones las personas excluidas en España, 1,2 millones más que hace una década
En España hay más de 8,5 millones de personas excluidas, 1,2 más que antes de la crisis. Esta es la principal conclusión del VIII Informe Foessa, que ha sido presentado esta mañana en la sede de Cáritas, y que advierte de “una sociedad estancada” que provoca una “fatiga de la solidaridad”, que se extiende al incremento de la xenofobia y el olvido de las políticas sociales.
El informe concluye que esas 8,5 millones en exclusión social suponen el 18,4% de la población española. “Son el rostro de la sociedad estancada, un nutrido grupo de personas para quienes el ascensor de la movilidad social no funciona, y no es capaz de subir siquiera a la primera planta”, subrayaron. Casi la mitad –4,1 millones– viven en exclusión social severa, que les impide acceder a una vivienda segura y que sufren un desempleo persistente, precariedad laboral extrema y, ahora que ha concluido el ciclo electoral, “invisibilidad para los partidos políticos”. “Hoy en día, las condiciones de vida son peores que hace diez años”, subrayó Raúl Flores, secretario técnico de la Fundación Foessa.
El informe, el más extenso elaborado por una institución privada, analiza los recortes sufridos en dependencia, educación o sanidad en los últimos años, y advierte de “una cierta fatiga de la compasión en nuestra sociedad”, que está generando “perfiles críticos con las ayudas sociales”. Así, la mitad de la población expresa que ahora ayudaría menos que hace diez años.
Junto a ello, “el miedo ante una sociedad del descenso y de pérdida de estatus” que, denuncia Foessa, “es estimulado desde algunas instancias políticas y mediáticas en un irresponsable juego que genera tensiones y problemas allí donde no los había, como es, por ejemplo, el de la xenofobia”. Preguntado sobre si con esas palabras se refería a Vox, Guillermo Fernández, coordinador del informe, ha respondido que “la referencia ideológica no está vinculada a un partido político en concreto”.
“Este grupo de la sociedad insegura se mueve en el filo de la navaja. Están en la antesala de la exclusión”, relata el informe Foessa, que teme que “la sociedad segura se desentienda del resto y coja más impulso hasta desconectarse”. Y es que, como denuncian desde Cáritas, buena parte de la sociedad “muestra cierta fatiga de la solidaridad”, lo que se traduce en un incremento de la xenofobia. “Vivimos en una sociedad desvinculada, en la que cada vez es más difícil hacernos cargo de los que se quedan atrás”, advirtió Fernández. Esta es la resaca de la crisis“.
El Informe Foessa identifica tres bloques de riesgos sociales. En primer lugar, “la pérdida de calidad de nuestra democracia”. “Estamos arriesgándonos a que se vacíe de contenido ético, y se reduzca a un mero expediente político”, denuncian los autores, que recalcan que las personas con bajos ingresos y en exclusión social “participan menos en los procesos electorales”, lo que provoca “que su voz desaparezca de los procesos electorales. Y si las personas excluidas no votan, no entrarán en la agenda política, y si a la agenda política no le interesa fomentar su voto, esto ahondará más en su situación de exclusión social”.
Tal y como denunció Natalia Peiró, secretaria general de Cáritas, “la contienda política está desplazando la cuestión social a los márgenes del debate”, lo que fomenta “la fragmentación social”. En segundo lugar, Foessa apunta los motores de la desigualdad social. Así, “el acceso a una vivienda digna se ha convertido en un derecho inaccesible para muchas familias”, apunta el informe, que indica cómo en los dos últimos años el alquiler ha subido un 30%; o que dos millones de personas viven con el temor de ser desalojados de su vivienda.
Junto a la vivienda, el desempleo, que se ha llegado a considerar “como un privilegio y no como un derecho”, lo que redunda en una situación de precariedad laboral estructural. Las cifras son abundantes: el 14% de las personas que trabajan están en exclusión social, mientras uno de cada tres contratos dura menos de siete días.
La exclusión afecta especialmente a las familias numerosas (el 33% la sufren) y las monoparentales (el 28% están excluidas). Dos de cada diez hogares con menores se encuentran en exclusión social. También a la mujer, que según Foessa necesita trabajar 1,5 horas más al día para ganar lo mismo que un hombre. Si es inmigrante, dos horas más.
La pobreza se traslada al ámbito de la salud. El 30% de las personas con discapacidad se encuentran excluidos; el 8,8% de la población ha tenido que dejar de comprar medicinas por problemas económicos, y un 15% no se puede permitir un tratamiento bucodental. “No se puede hablar de derechos si no te los puedes pagar”, denunció Raúl Flores.
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