La cobertura de los servicios sociales a las personas mayores empeora pese a la inyección de dinero del Gobierno

Los recursos de los servicios sociales dirigidos a las personas mayores, como los centros de día, la teleasistencia o la ayuda a domicilio, están estancados. La Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales alerta del “deterioro” de la cobertura para esta población, la “más afectada por la pandemia”, pese a la inyección económica del Gobierno a las comunidades autónomas de 600 millones de euros para reflotar el sistema de dependencia.

Traducido en cifras: la ayuda a domicilio, por ejemplo, alcanza a un 5% de las personas mayores de 65 años en todo el territorio –con mucha desigualdad en función de las comunidades– y la teleasistencia a un 9,9% de la misma población. Son datos de 2021 y ambas coberturas eran ligeramente superiores, una décima, en 2020. El único parámetro que ha mejorado en este ámbito es la media de horas mensuales por beneficiarios. La entidad, que ha presentado el informe Índice DEC este viernes, quiere esperar a confirmar esta tendencia de estancamiento con los datos de 2022, que aún no están disponibles.

“Los servicios sociales han conseguido tener un sistema de protección social de derechos sobre el papel. Se ha avanzado mucho en normativa con leyes de servicios sociales y estamos en la agenda pública, pero la cobertura sigue siendo la misma que hace 12 años y eso es terrible”, ha explicado el presidente de la asociación, José Manuel Ramírez. La práctica, ha reiterado, “no está acompasada con las leyes”. La asociación también asegura que la aportación de las comunidades y las entidades locales en este ámbito sigue siendo inferior a hace una década y sugiere que los gobiernos han usado “el incremento de financiación estatal para reducir sus propias aportaciones en lugar de para ofrecer más y mejores prestaciones y servicios”.

Si ampliamos el foco, 13 comunidades han mejorado sus servicios sociales. La asociación mide la situación de cada comunidad a partir de distintas notas de acuerdo a factores como la existencia o no de una ley actualizada y desarrollada, su porcentaje de gasto respecto al PIB, la ratio de trabajadores, la cobertura de prestaciones o el número de plazas públicas en residencias.

Son una veintena de factores y, considerándolos todos, Murcia se queda a la cola con un 3,1 sobre 10; seguido de Cantabria y Madrid, con un 3,8. En el extremo opuesto se sitúan Navarra, Castilla y León y La Rioja, que tienen, respectivamente un 7,4, un 7,3 y un 6,38. El informe subraya el “esfuerzo” de avance de Canarias y la Comunitat Valenciana, que hace cuatro años ocupaban las peores posiciones y ahora se encuentran en el medio de la tabla, en los puestos 10 y 12 entre las comunidades, respectivamente.

Cinco comunidades retroceden

Las cinco comunidades que, pese a la inyección, no han avanzado en el último año son Andalucía, Baleares, Castilla-La Mancha y Catalunya, según la recopilación de datos, basada no solo en la inversión, sino también en los derechos reconocidos y la cobertura efectiva con esa financiación.

La mejoría global se basa sobre todo, según los gerentes, en los avances en normativa. Sin embargo, el gasto que realizan las administraciones se ha frenado en casi todas las comunidades. El incremento entre el 2020 y el 2021 es del 3,5% en un contexto de gran necesidad de cobertura de los servicios sociales con el golpe de la pandemia. “Eso refleja en las limitaciones de los recursos”, han confirmado los autores del informe, que además de alertar sobre el deterioro de los servicios dedicados a personas mayores advierten de la mala situación de las rentas mínimas de inserción “como consecuencia de la implantación del ingreso mínimo vital”.

En los años 2020 y 2021 se ha reducido el número de preceptores de estas RMI un 19%, con 150.431 perceptores menos al finalizar 2021 que en 2019. La entidad también ha resaltado que “la inversión de las comunidades autónomas en los servicios sociales ha aumentado un 10% respecto al ejercicio anterior pero sigue por debajo de lo que se dedicaba antes de la pandemia”.

Un año más, las cifras confirman las hondas desigualdades entre comunidades: Extremadura tiene un 65% más de gasto por habitante en servicios sociales (561 euros) que Murcia (340). El porcentaje del PIB regional que las Administraciones Públicas destinan a Servicios Sociales en el País Vasco (3,1%) o Canarias (2,6%) triplican el que destinan las Administraciones Públicas de la Comunidad de Madrid, con solo el 1,0%.

Y estas diferencias de gasto se manifiestan en la cobertura de prestaciones y servicios en los diferentes territorios. Por ejemplo, el número de habitantes por profesional en los servicios sociales comunitarios de Canarias (3.241) es casi cinco veces superior a Navarra (689) y el porcentaje de plazas residenciales públicas para personas mayores es 4,4 veces superior en Castilla y León (5,96%) que en la Comunitat Valenciana (1,15%). La Comunidad de Madrid, con 8,96%, ofrece una cobertura 17 veces mayor de ayuda a domicilio que Extremadura (0,53%). Y mientras La Rioja ha incrementado un 56% los perceptores de sus rentas mínimas tras la implantación del IMI (ingreso mínimo de inserción), Murcia los ha reducido un 62%.