La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por los trámites iniciados por el Ministerio de Justicia para renovar el título de Duque de Franco y Grande de España publicados este lunes en el Boletín Oficial del Estado. Carmen Martínez-Bordiú, la nieta del dictador, ha solicitado esta renovación tras el fallecimiento de Carmen Franco Polo, que lo ostentaba.
El escrito, firmado por el presidente de la asociación, Emilio Silva, pone en la diana al Ministerio de Justicia, que ha publicado un edicto en el que comunica que Martínez-Bordiú ha solicitado el ducado. Un paso que consideran que “atenta contra los valores democráticos y contra los derechos de protección por parte del Estado que ostentan las víctimas de las numerosas y terribles violaciones de derechos humanos llevadas a cabo por el dictador Francisco Franco y su régimen de terror”
Por ello, la asociación espera que “desde la Fiscalía se tomen las medidas pertinentes de protección de los derechos de las víctimas y de cumplimiento de las leyes que impiden el enaltecimiento de la dictadura”.
“Entendemos que la colaboración de las instituciones del Estado con el proceso por el que los descendientes del dictador tratan de constituir una dinastía nobiliaria puede ser constitutivo de delito, por tratarse de un acto de enaltecimiento de la dictadura, de la violencia política, del terrorismo de Estado; así como por considerar ejemplar el secuestro de una democracia durante cuarenta años, o de sus miles de asesinatos, violaciones y torturas”, explica la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.
Cita, además, las razones por las que en 1975 Juan Carlos de Borbón otorgó este título a la única hija del dictador: “Deseando dar una muestra de mi Real aprecio a doña Carmen Franco Polo, Marquesa de Villaverde, y en atención a las excepcionales circunstancias y merecimientos que en ella concurren, Vengo en concederle la Merced- Nobiliaria de Duquesa de Franco, con Grandeza de España, para sí, sus hijos y descendientes, exento de derechos fiscales en su creación y en la primera transmisión”.
Una justificación que la asociación califica de “intolerable” porque esas “excepcionales circunstancias y merecimientos”, estima, “no son otros que el haber dado un golpe de Estado el 18 de julio de 1936, haber asesinado a 114.226 personas que fueron hechas desaparecer, haber violado y humillado a decenas de miles de mujeres, haber enviado al exilio a medio millón de personas, haber encarcelado a homosexuales e ingresado en centros psiquiátricos a lesbianas, haber robado a punta de pistola cientos de miles de propiedades, que hoy no están en manos de su legítimos dueños, haber utilizado esclavos políticos hasta 30 años después de terminada la guerra y haber sido parte de una familia que se aprovechó de cuarenta años de terror y de corrupción política y económica para obtener una fortuna construida desde el saqueo y la violencia”.
En el escrito también se asegura que el inicio de los trámites por parte del Ministerio de Justicia es “una forma de humillación y maltrato a las víctimas de los delitos”, entre ellos, las desapariciones forzosas: “Nadie imagina la concesión de un título nobiliario a un asesino terrorista o machista en atención a las excepcionales circunstancias y merecimientos que en él concurrieran”, afirma la asociación.