Denuncian al abad del Valle de los Caídos por negarse a permitir ocho exhumaciones autorizadas

Las familias de ocho personas que fueron enterradas en el Valle de los Caídos han denunciado al máximo responsable de la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, por la comisión, presuntamente, de un delito de atentado contra la autoridad, desobediencia y denegación de auxilio al oponerse a permitir la exhumación de estos cuerpos, tal y como ha avanzado la Cadena SER.

Eduardo Ranz, el abogado que ha presentado este martes las denuncias ante un juzgado de instrucción de San Lorenzo del Escorial (Madrid), asegura en un comunicado que las familias impulsoras de la causa ya han visto “reconocido por Patrimonio Nacional su derecho a exhumar, así como resuelto que se trata de una sepultura de cementerio público, y no religioso”.

Según explica el letrado, ante la negativa de la exhumación de estos ocho cuerpos – dos pertenecientes al bando nacional y seis al republicano – han presentado doce denuncias, ya que algunas estas impulsadas por distintos miembros de la misma familia. 

En un comunicado explica que con estas causas quieren que se “condene al prior: a disculparse cristianamente y civilmente con las víctimas del franquismo; que sea condenado a realizar trabajos de exhumación a pie de fosa; entrevistarse con familias víctimas de la guerra civil y la dictadura franquista; así como que sea condenado a estar presente en una entrega de restos mortales a las familias represaliadas”.

El padre Santiago Cantera llegó a negar el paso a varios técnicos del Estado, impidió la instalación de una microcámara y envió una carta en la que informaba de que vetaba la entrada en la iglesia, donde están enterrados los más de 30.000 cadáveres de franquistas y víctimas del franquismo y también los hermanos Lapeña que un juez ha ordenado exhumar.  

El Juzgado de Primera Instancia Número 2 de San Lorenzo de El Escorial (Madrid) autorizó la exhumación por la vía civil de los restos mortales de estos hermanos que fueron fusilados y enterrados en una fosa común en Calatayud (Zaragoza) y posteriormente trasladados al Valle de los Caídos sin autorización de sus familiares. Sus descendientes también se han unido a las denuncias presentadas este martes por Ranz contra el prior.

Este letrado recuerda que Patrimonio Nacional reconoció el derecho a la exhumación de los restos mortales de los hermanos Lapeña. Esta investigación se procederá a llevar a cabo en la Cripta adyacente a la Capilla del Santísimo y en el nivel tercero de la Cripta adyacente a la Capilla del Santo Sepulcro, ambas del cementerio público del Valle de los Caídos, las actuaciones técnicas preliminares fueron encargadas al Instituto Eduardo Torroja del CSIC.

Entre la argumentación presentada en la denuncia, el abogado recuerda que el pasado 9 de marzo de 2017 Patrimonio Nacional emitió una resolución dirigida a la abadía benedictina por la que se concluye que “a los osarios existentes en el conjunto monumental del Valle de los Caídos, adyacentes a las capillas de la nave central y de la nave del crucero de la Basílica, les corresponde la calificación jurídica de cementerio público y no la de cementerio de la Iglesia”.

Por lo tanto, continúa indicando el letrado, que este emplazamiento no tiene “la condición de lugar sagrado” y por ello no le ampara “la garantía de la inviolabilidad” recogida en el acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede.

Ranz lamenta que este responsable del Valle de los Caídos no cumpla con las sentencias judiciales. “Lo mismo que ocurre en Catalunya, ocurre en el Valle de los Caídos, una ley que no se cumple, una sentencia que no se ejecuta, con la diferencia que unos están en la cárcel y otros en misa”, apunta en alusión a los exconsellers catalanes que se encuentran en prisión provisional.