Vaciamiento de políticas de derechos humanos, eliminación de organismos clave y una larga lista de provocaciones
El 10 de diciembre de 2023 asumió el primer presidente argentino que cuestiona abiertamente el consenso que el país tiene sobre los crímenes de la última dictadura. Como candidato a ocupar el sillón de Rivadavia, Javier Milei negó la cifra de los 30.000 desaparecidos y, tal como el exintegrante de la Junta Militar de la dictadura Emilio Massera en 1985, llamó “excesos” a los delitos de lesa humanidad.
Una vez en la Casa Rosada, Javier Milei comenzó a convertir su discurso en políticas contrarias a las de memoria, verdad y justicia que todos los anteriores gobiernos democráticos iniciaron o mantuvieron. Entre ellas, provocaciones constantes hacia los militantes de derechos humanos y el desfinanciamiento de los sitios de memoria.
El 24 de marzo pasado, el Gobierno lanzó un video de 13 minutos en redes sociales en el que renombraba al Día de la Memoria como “el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia Completa”. En la pieza audiovisual, conducida por el miembro de las SIDE menemista y mileísta Juan Bautista “Tata” Yofre, el exmontonero Luis Labraña se adjudicó haber creado la cifra de los 30.000 desaparecidos. Milei prepara otro video para este 24 de marzo que también bregará por la llamada “memoria completa”.
La vicepresidenta Victoria Villarruel, prominente militante en grupos de militares, fue la artífice de la alianza entre la nueva y la vieja derecha. Hoy está alejada de Milei pero, ya desde el inicio de la gestión, fue completamente corrida del relato sobre la dictadura: según dicen cerca de ella, nunca fue consultada sobre este tema, no participó en la elaboración del primer video de 2024 y tampoco meterá mano en la secuela de este año. Villarruel continúa con su militancia –acaso más sutil– en soledad, enfocándose en “las víctimas del terrorismo” como punta de lanza.
En julio pasado se conoció una visita que un grupo de diputados de La Libertad Avanza hizo a los represores condenados en Ezeiza Alfredo Astiz, Carlos Suárez Mason, Raúl Guglielminetti, Antonio Pernías y Adolfo Donda, entre otros. El diputado Beltrán Benedit se adjudicó la organización del viaje y lo defendió en un grupo de WhatsApp, afirmando que los cargos contra los genocidas “no han sido probados, no tienen condena firme y en muchos casos son inventados”. Si bien LLA se despegó del escándalo, quien recibió el escarnio y luego la expulsión del partido no fue Benedit, sino Lourdes Arrieta, diputada que participó de la visita y que luego expuso su organización. Según cuenta, cuando publicó los chats grupales “la bajada de línea [de LLA] era decir que Arrieta está loca”. Afirmó también a elDiarioAR que las operaciones que sufrió le generaron “ataques de pánico y mucha angustia”.
Pero quizás la provocación más importante fue ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) en una audiencia en noviembre del año pasado. Allí, el Secretario de Asuntos Internacionales del Ministerio de Defensa, Juan Battaleme, llamó “proceso de reorganización” a las políticas económicas del gobierno ante las miradas de Estela de Carlotto y Taty Almeida. Battaleme estaba defendiendo la eliminación de los Equipos de Relevamiento y Análisis, que relevaba documentos de los archivos de las Fuerzas Armadas para colaborar con los requerimientos de información y seguimiento de casos de terrorismo de Estado. Afirmó que se trataba de una “estructura duplicada” y que sus empleados eran un grupo de “vengadores”.
“Hablaron del revanchismo de los organismos, de ‘organismos militantes’... claramente somos militantes, pero militantes de una justicia, de una verdad histórica que estamos reconstruyendo porque nunca nos olvidemos de que el que niega la información es justamente el Estado Nacional y en particular las Fuerzas Armadas”, dijo a elDiarioAR Miguel “el Tano” Santucho, hijo de Julio Santucho y Cristina Navajas, que continúa desaparecida.
En aquella audiencia, el Estado defendió que en agosto el Ministerio de Justicia cerrara la Unidad Especial de Investigación de la Desaparición de Niños como Consecuencias del Accionar del Terrorismo de Estado, que dependía la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI). La justificación oficial del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, fue que el organismo no respetaba “la división de poderes”.
El secretario de Derechos Humanos durante la gestión de Alberto Fernández y el nieto número 75 en ser restituido por las Abuelas, Horacio Pietragalla Corti, dijo que ese archivo es valioso. “Se le quitó una facultad que tenía la CONADI para hacer investigaciones dentro de los legajos de militares. Por ejemplo, si un militar tenía un nene apropiado y tenía una obra social, son los papeles que se podían investigar cuando llegaban denuncias”, afirma.
Y agrega: “El ataque a las políticas de derechos humanos es es uno de los lugares donde tanto la vicepresidenta como Milei hacen hincapié para generar un sentido común medio confuso en la sociedad”, afirmó.
Dos altas fuentes de La Libertad Avanza con llegada a Milei negaron ante elDiarioAR que la estrategia sea un error no forzado que pueda alejar a gente que apoyaría al gobierno de no ser por la posición ante la dictadura. “La sociedad es más de derecha que lo que el periodismo piensa”, dijo uno. “La gente quiere la verdad. Y los 30.000 es una mentira”, dijo otro.
Mientras, la situación en los sitios de memoria es precaria. La Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, aseguró que hubo 1.000 despidos en 2023 en la Secretaría de Derechos Humanos y que no se detuvieron en 2024 y 2025. Solo en enero hubo 600 echados que, para el sindicato, dan cuenta de que el Gobierno quiere “desarmar, desarticular y vaciar” esa dependencia. Parte de la sociedad no lo toleró: miles de personas le dieron un abrazo simbólico a la ESMA contra el vaciamiento. Mientras, el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti de la ESMA permanece cerrado y varios sitios de la memoria corren riesgo de correr ese destino ante los despidos.
En uno de los sitios de la memoria más concurridos del país, los guías piden que no los graben por miedo a represalias de la Secretaría. La ESMA, por falta de estos trabajadores, redujo sus días de visita.
Este mes, el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, llegó a apostar a la Policía Federal frente a ese sitio de memoria para impedir el ingreso de los trabajadores que eran notificados, ahí mismo, que los habían echado.
“Trabajadores que se enteraban por una lista que tiene la policía en la mano que no pueden entrar más en sus puestos de trabajo”, narró a elDiarioAR una trabajadora del predio que habló bajo condición de anonimato. “Trabajadores despedidos que han sido acompañados por la policía a sus puestos de trabajo para vaciarlos”. Además, muchos trabajadores vieron “brutalmente reducidos sus salarios” y se vieron forzados a renunciar.
Sin embargo, los organismos de derechos humanos no ceden ante las provocaciones y llamaron a marchar el 24 en una marcha que, por primera vez en dos décadas, no está dividida. Las Abuelas, las Madres e incluso los HIJOS apuestan a las nuevas generaciones.
“Hace años que vengo planteando que hay una batalla cultural que tenemos que dar, que tenemos que saber actualizar a nuestros tiempos”, dice el “Tano” Santucho. “Hay muchos jóvenes que nacieron en democracia que no vivieron la transición a tener realmente políticas inclusivas de derechos humanos, de reconocimientos y espacios de memoria. Todo ese largo trabajo, quizás una parte de las generación de hoy en día lo desconoce. Nosotros tenemos que estar a la altura de poder hacer ese traspaso generacional”, afirmó.
FI/DTC
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