El acuerdo alcanzado entre el PSOE, UP y ERC para eliminar en la futura Ley de Educación (LOMLOE) la referencia a que el castellano es la lengua vehicular de la enseñanza promete generar mucho más ruido político que cambios reales en las aulas. Todo indica que la enmienda transaccional se aprobará en la votación de este jueves, pero el cambio que ha escandalizado al PP y Ciudadanos –y por razones diferentes a JxCat– no parece ir más allá de blindar una práctica que ya se realiza en Catalunya –el uso del catalán como lengua vehicular, modelo conocido como 'inmersión lingüística'–. Mientras ERC se congratula por la nueva redacción del texto, al que ha tenido acceso este miércoles elDiario.es, JxCat se opone porque teme que ese 'blindaje' quede al albur del Gobierno. Por su parte, Pablo Casado (PP) e Inés Arrimadas (Cs) han anunciado que llevarán el asunto ante el Tribunal Constitucional si se aprueba.
El texto de la enmienda de la LOMLOE se limita a suprimir la fórmula “el castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares” y dejar un genérico “las administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios, con conformidad con la Constitución española, los Estatutos de Autonomía y la normativa aplicable”.
Se mantienen sin tocar en la redacción de la LOMLOE las referencias a que “al finalizar la educación básica, todos los alumnos y alumnas deberán alcanzar el dominio pleno y equivalente en la lengua castellana y, en su caso, en la lengua cooficial correspondiente”. A este punto se añade que “las Administraciones educativas aplicarán los instrumentos de verificación, análisis y control propios del sistema educativo y promoverán la realización de análisis por parte de los centros, de modo que se garantice que todos los alumnos alcanzan la competencia en comunicación lingüística, en lengua castellana y en su caso en las lenguas cooficiales, en el grado requerido. Asimismo, impulsarán la adopción por parte de los centros de las medidas necesarias para compensar las carencias que pudieran existir en cualquiera de las lenguas”.
Blindar la inmersión lingüística
Desde los tres partidos que han pactado el cambio de normativa defienden que tiene como objetivo “despolitizar la lengua y la educación” (UP), “arreglar el entuerto que se montó con la LOMCE, que generó lío con las lenguas y muchos procesos judiciales” (PSOE) o “blindar la inmersión lingüística” (ERC). El razonamiento es que, al quitar de la ley la obligatoriedad de que el castellano sea lengua vehicular, la inmersión que se practica en la región no entrará en contradicción con la normativa. El Ministerio de Educación también argumenta, según ha defendido en la mañana del miércoles la ministra, Isabel Celaá, que el sistema catalán da resultados académicos satisfactorios para las dos lenguas: los alumnos de la comunidad oscilan alrededor de la nota media española en la prueba de Lengua castellana y literatura en las pruebas de acceso a la universidad en los últimos cinco años: algunos una décima abajo, otros una décima arriba. En el último curso con datos, 2019, en España la media fue de 6,34 y en Catalunya de 6,61.
La situación en que quedará la enseñanza en relación a la lengua tampoco va a ser nueva. Como explica Mariluz Martínez Seijo, portavoz socialista de Educación en el Congreso, hasta 2013, cuando se aprobó la LOMCE, no existía referencia alguna a que el castellano tuviera que ser lengua vehicular en la educación. Las comunidades con lengua cooficial propia gestionaban el tema como querían, más o menos. En el caso de Catalunya –comunidad en la que se pone el foco con esta polémica–, estaba ya implantada desde 1983 la inmersión lingüística, que básicamente consiste en sumergir a los niños en el catalán desde que acceden a la escuela –todas las asignaturas, todas las horas–.
En 2013, el PP cambió el tablero de juego por primera vez e introdujo la fórmula: “El castellano es lengua vehicular de la enseñanza en todo el Estado y las lenguas cooficiales lo son también en las respectivas comunidades autónomas”. Pero no llegó a ser una realidad en Catalunya. O sí, según se mire, pero no debido a esa ley. Lo habían decidido los jueces antes de que la LOMCE lo estipulara. En 2010, tres años antes de la Ley Wert, el Tribunal Constitucional había especificado que el castellano debía ser lengua vehicular en Catalunya, aunque no concretó con qué peso. Debía hacerlo la Generalitat.
Ante la inacción en el tema del Gobierno catalán, finalmente fue el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya el que lo estableció para todas aquellas familias que lo pidiesen: un 25% de las horas lectivas, rechazando el 50% que pedía el Ministerio de Educación del PP. Esto es, Lengua Castellana y al menos otra asignatura troncal deberían impartirse en castellano a las familias que lo reclamasen. Desde entonces, han sido minoritarias las familias que lo han reclamado. Desde la Asociación por una Enseñanza Bilingüe (AEB), la principal entidad que combate la inmersión, contabilizaron 15 resoluciones judiciales –en 10 colegios– entre 2019 y enero de 2020.
La LOMLOE no cambiará mucho esta dinámica aunque se apruebe esta enmienda. Pese a que la nueva redacción de la ley dirá que “las administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano”, no especifica cuánta enseñanza recibirán en castellano y apelan a la normativa vigente (la que lo esté) para cumplir esta máxima. Y establece en el punto cuarto y último de esta disposición sobre la lengua que: “Tanto la materia Lengua Castellana y Literatura como la Lengua Cooficial y Literatura deberán impartirse en las lenguas correspondientes”.
Los expertos respaldan esta teoría. “En la práctica no va a cambiar mucho”, explica Ismael Palacín, director de la Fundación Jaume Bofill. “Con sentido profesional y pedagógico los maestros se preocuparán de que los alumnos aprendan las dos lenguas”. En esta línea, el propio Departamento de Educación catalán abrió la puerta a principios de legislatura a relajar el modelo de inmersión y permitir más horas de castellano como lengua vehicular en aquellas zonas más catalanoparlantes y en aquellos centros en los que detecten que el conocimiento del castellano o su expresión oral o escrita entre sus alumnos es deficiente.
“Lo que sí desmontaría el modelo actual sería lo contrario: lo que hizo Wert, desmontar el sistema e imponer horas en castellano”, argumenta Palacín. Además, pese a que Wert estableció en la LOMCE una disposición según la cual las familias podían acudir a la privada para tener una escolarización bilingüe si la pública no se lo garantizaba –y a cargo de la Administración catalana–, las familias que lo hicieron siempre de nuevo minoritarias: solo 40 en 2016.
Desde la crítica, la Asamblea por una Escuela Bilingüe también cree que lo que más va a cambiar es intangible. “Vamos a seguir ganando los recursos en los tribunales porque nos ampara la Constitución y la jurisprudencia”, explican fuentes de esta asociación. El problema, añaden, es que “dificulta el argumentario al que tenemos que hacer frente cuando vamos a recurrir. Lanza el mensaje de que la nueva Ley de Educación ampara la inmersión, y eso es lo que quiere el independentismo para que la gente deje de pensar que es posible cambiar ese sistema y pedir más horas de castellano”, afirman. “Si los pide el nacionalismo es por algo, porque desligan aún más la escuela catalana y la sociedad catalana del resto de España”, añaden.
Una reforma con ambición “garantista” que no va a evitar la polémica
El PSOE sostiene que la enmienda es “garantista”, que fija la Constitución como marco y los estatutos de autonomía como referentes a la hora de definir las políticas lingüísticas, normas todas ellas aprobadas en el Congreso. Cree Martínez Seijo que con la Ley Wert “se generó un conflicto donde nunca lo hubo” y sostiene que “con esta enmienda intentamos poner fin a un conflicto y un proceso generado de llevar al sistema educativo y las lenguas a procesos judiciales, que es lo que pasó con la LOMCE”.
Pero la bronca política no es que se intuya por esperada: ya ha empezado. En la mañana del miércoles, un día después de conocerse la enmienda, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, anunció que la recurrirá ante el Tribunal Constitucional si se aprueba. Ciudadanos también. No es nueva la fijación de estos partidos con la inmersión en Catalunya: ambos partidos vienen denunciando el sistema y el acorralamiento del castellano en la escuela catalana desde la pasada década. De hecho, hasta el Gobierno andaluz, donde ambos mandan en coaliación, aprobó el pasado año un plan “para andaluces amenazados por la inmersión lingüística”.
La situación, de hecho, no es exclusiva de Catalunya. Los mismos partidos denunciaron el decreto de plurilingüismo por el que el Gobierno de la Comunitat Valenciana pretendía en 2017 equiparar las horas de inglés y valenciano a las de castellano, informa Miguel Giménez. El Tribunal Superior de Justicia valenciano les dio la razón y tumbó el texto. Finalmente, en 2018 se aprobó otra norma con un programa único que desliga las horas de formación en inglés de las del valenciano, como establecía el anterior, y aumenta progresivamente las horas de enseñanza en estas lenguas, pero deja los tiempos de implantación del modelo en manos de los centros. Sigue contando con las críticas de los partidos de derecha y ultraderecha, aunque en los últimos tiempos habían remitido.
Los partidos del Gobierno denuncian que esta fijación es ideológica. “¿Por qué no hay problemas con los proyectos bilingües de inmersión en inglés y francés?”, se pregunta la portavoz socialista Martínez Seijo. “La Constitución no dice por ningún sitio que el castellano deba ser la lengua vehicular de la educación”, añaden desde UP. El artículo 3 de la Carta Magna tiene tres puntos: “El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla”; “Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos”; y “la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección”.
Desde ciertos sectores, se ven otras intenciones detrás de este acuerdo. Sus detractores afirman que realmente el Gobierno ha realizado esta concesión a ERC a cambio de su apoyo en los Presupuestos Generales del Estado. Las partes implicadas lo han negado. La ministra Celaá ha afirmado que “el presupuesto y la actuación del ministerio es autónomo, no depende de nada. Se trabaja para el bien de los alumnos y alumnas, para mejorar su capacitación profesional, para que sean capaces de enfrentarse al mundo”. En una línea similar se ha manifestado Montse Bassa, portavoz de Educación de ERC en el Congreso, y fuentes de UP.
Y entre medias de unos y otros, el PNV va a lo suyo. El partido también tiene cosas que decir respecto a la lengua en la educación, y ha registrado una enmienda, que también se vota este jueves, sobre el uso del euskera en la escuela. “Las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano, lengua oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios. El castellano es lengua vehicular de la enseñanza en Comunidades Autónomas que carezcan de lengua cooficial; en las Comunidades Autónomas con lenguas cooficiales, la lengua vehicular será la que determine en sus respectivos estatutos u normativa”, reza el texto propuesto por los nacionalistas vascos (la parte en cursiva sería la novedad). Fuentes del partido explican que el objetivo es que “el euskera, de acuerdo con lo que dice el Estatuto de Gernika, sea reconocida como lengua propia y, por tanto, vehicular”. No va a tener mucho recorrido. Fuentes del PSOE explican que no votarán a favor (esa enmienda era incompatible con la suya propia), lo cual la deja sin opciones reales.
Aunque esta enmienda se ha comido todos los focos mediáticos, no es la única que se vota. Entre los elementos que se someterán a consideración de los grupos está otra de las medidas estrella de la ley, quizá no tanto a nivel educativo pero sí social: la prohibición de otorgar conciertos a los centros privados que segregan a su alumnado por sexo, unos acuerdos que fueron avalados por el Tribunal Constitucional tras denuncia del PSOE.
También se votará una disposición por la que se integra a los profesores técnicos de Formación Profesional en el cuerpo de profesores de Secundaria, una reivindicación histórica del sector y que supone un ascenso de facto para unos 30.000 docentes de esta etapa. El sindicato STES advierte de que el texto de estas enmiendas es confuso y podría llevar a este profesorado a tener que pasar una prueba para este cambio de categoría, lo cual rechaza, y pide que el cambio de adscripción sea automático.
Por último, el Congreso también vota este jueves una propuesta de ERC sobre la posibilidad de ofertar en Primaria y Secundaria enseñanza religiosa pero no confesional y otra de UP para que los municipios cooperen con las administraciones educativas en la obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes públicos.