El Gobierno y los agentes sociales, patronal y sindicatos, han anunciado este jueves un acuerdo para el desarrollo del Plan de Choque y el impulso del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. El plan desarrollado por el Ministerio de Derechos Sociales de Pablo Iglesias, y que será aprobado este viernes con las comunidades autónomas para su puesta en marcha, contempla una inyección de 600 millones de euros en un sistema cuya financiación se ha visto recortada en la última década, contará así con el respaldo de las principales organizaciones de trabajadores y de empresarios.
El acuerdo de la Mesa de Diálogo Social en Autonomía Personal y Dependencia, cuyos trabajos comenzaron en julio del año pasado, establece “reducir de forma sustancial la lista de espera y los tiempos de tramitación de las solicitudes”; “asegurar que las condiciones laborales” de los trabajadores del sistema “son adecuadas”; e “introducir mejoras en los servicios y prestaciones que garanticen la atención adecuada de las personas dependientes, preferiblemente mediante servicios profesionales de calidad”, según una nota de prensa firmada por las diferentes partes.
En los trabajos han participado la CEOE, la CEPYME, CCOO y UGT, junto con la Secretaría de Estado de Derechos Sociales que dirige Nacho Álvarez. Según la nota, todos “han mostrado una clara voluntad de alcanzar un acuerdo en torno a una cuestión tan importante como la mejora del Sistema de Atención a la Dependencia”.
El acuerdo recoge también la regulación de la figura profesional del Asistente Personal este mismo 2021. Además, se fija el compromiso de que “al final de 2022, todas las personas dependientes con grado reconocido que vivan en su domicilio tendrán acceso al servicio de teleasistencia, que pasará a considerarse un 'derecho subjetivo' ligado a la condición de dependencia”.
A su vez, continúa la nota, Gobierno, sindicatos y patronal se emplazan a cerrar nuevas propuestas “para la revisión del Acuerdo de acreditación de centros y servicios” para la Dependencia. “Esta revisión incluirá mejoras que refuercen la calidad de los servicios; las condiciones laborales de las personas que trabajan en ellos; así como la adopción de las medidas necesarias para el cumplimiento de estándares de calidad, incluyendo el posible incremento de los precios de concierto vinculados a la mejora de los estándares de calidad en la atención y el empleo”, concluye la información.