14 años después de que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero impulsara la primera ley de memoria histórica en nuestro país, el Consejo de Ministros ha dado luz verde al proyecto de ley que la deroga y profundiza en algunas cuestiones hasta ahora pendientes. La Ley de Memoria Democrática comenzará ahora su andadura en las Cortes, donde le espera la férrea oposición de las derechas –el PP ya ha anunciado que la llevará al Tribunal Constitucional– y la insatisfacción de una parte de las izquierdas y las asociaciones memorialistas, que coinciden en que se trata de un avance innegable, pero reclaman también una mayor ambición.
El texto, que puede incorporar cambios en su tramitación, apenas ha sufrido modificaciones tras pasar por los órganos consultivos y mantiene las líneas maestras aprobadas en primera vuelta por el Gobierno hace casi un año. Impulsada por la entonces vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, hoy llega a la mesa de las y los ministros de la mano de su recién estrenado sustituto, Félix Bolaños, que también trabajó en ella durante este tiempo. La norma supone una nueva hoja de ruta para corregir y reparar las violaciones de derechos humanos cometidas por el franquismo y busca paliar los vacíos en la materia que lleva años señalando Naciones Unidas.
“Es una ley necesaria que nos hace mejores como país”, ha manifestado Bolaños en la rueda de prensa tras la celebración de la reunión. El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática ha explicado que la ley de 2007 “necesitaba ser actualizada” y ha señalado que los ejes del texto pasan por “colocar a las víctimas en el centro de la acción política”, “poner en valor el papel de las mujeres” en la lucha por la democracia y la represión y “dar importancia al movimiento memorialista”. Una vez se apruebe, “conseguimos que España tenga un régimen asimilable al del resto de países de nuestro entorno que han sufrido dictaduras”, ha añadido Bolaños.
El plan es tocar una buena parte de los puntos que en 2007 se dejaron de lado, entre otras cosas, la asunción de oficio por parte del Estado de la apertura de miles de tumbas e identificación de restos de víctimas mediante la puesta en marcha de un plan estatal de exhumaciones. Es decir, será la Administración la responsable de buscar a los restos de miles de personas represaliadas, la mayoría aún sin identificar. Lo hará de oficio o por solicitud. Actualmente esta labor la llevan a cabo asociaciones de memoria histórica a través de subvenciones que el Gobierno del Partido Popular mantuvo durante años en cero. Bolaños ha lanzado un mensaje a las familias de represaliados aún desaparecidos: “Queremos que las miles que hoy todavía siguen buscando sepan que cuentan con el Gobierno para ayudarles con esta misión”.
El Gobierno se abre a “mejoras” en la tramitación
También se creará un Banco Nacional de ADN para facilitar las búsquedas y un censo de víctimas. La ley dedica un capítulo a la definición de víctima, que va desde la muerte o desaparición, al encarcelamiento, la deportación, los trabajos forzados, la represión, la incautación, la depuración y otras muchas violencias, incluida la participación en las guerrillas antifranquistas o la masonería. No obstante, las asociaciones consideran que la norma se ha quedado corta en este sentido, entre otras cosas porque cierra la puerta a las posibles indemnizaciones a los represaliados o familiares de los mismos, y llaman a que se amplíe en la tramitación parlamentaria.
En este sentido, el ministro se ha abierto a posibles modificaciones para “mejorar la ley” y con el objetivo de “lograr un consenso más amplio” porque es una norma, ha defendido Bolaños, “que debería ser aprobada por unanimidad”. “Si conseguimos mejorar la ley y mayores apoyos, no habrá ningún problema por parte del Gobierno”, ha zanjado.
La ley prevé la supresión de títulos nobiliarios concedidos durante la dictadura que tengan “connotaciones” y vinculación política con el Golpe de Estado y la imposición del franquismo y de medallas y reconocimientos policiales y militares y declara “ilegítimos” los tribunales formados durante la Guerra Civil responsables de las persecuciones y represalias por motivos religiosos, políticos o ideológicos, anula las condenas y sanciones dictadas por estas mismas razones durante la dictadura y declara “nulos de pleno derecho” los juicios. Se trata, sin embargo, de reparaciones simbólicas que no llevan aparejadas indemnizaciones.
Investigación de crímenes, pero mismas trabas para enjuiciar
Cuenta también con una intención pedagógica e incorpora la actualización de los contenidos curriculares en la ESO, Bachillerato y Formación Profesional con el objetivo de apuntalar la enseñanza de la represión franquista y prevé el reconocimiento de las mujeres en la lucha por la democracia y las formas específicas de represión que sufrieron. Otra de sus patas será la extinción de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y la expulsión de los frailes benedictinos a través de un Real Decreto que se tramitará en paralelo en el marco de una negociación entre el Gobierno y la Iglesia que ya se está produciendo. Todo ello para una futura “resignificación” que aún está pendiente de detallar.
Se creará, además, un Fiscal de Sala en el Tribunal Supremo para la investigación de los hechos producidos en la Guerra Civil y la dictadura hasta la entrada en vigor de la Constitución que indagará en estas vulneraciones de derechos humanos, pero no prevé resolver el muro con el que se encuentran las víctimas y que hacen que España siga sin juzgar los crímenes. Con la ley en la mano, la investigación está asegurada pero las trabas, denuncian las asociaciones memorialistas, siguen sobre la mesa: fundamentalmente la Ley de Amnistía o el argumento de la prescripción de los delitos, cuestiones que pelearán formaciones como Unidas Podemos o ERC en la tramitación.
El texto contempla como causa de extinción de las fundaciones la apología del franquismo, un requisito al que se ha incorporado la humillación a las víctimas después de que lo recomendara el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en su informe, en el que apuntó a que hacer apología del franquismo podía estar amparada por la ley. La norma establece también que las Administraciones deberán impedir actos públicos de exaltación u homenaje a la dictadura y, de no hacerlo, será considerada una infracción muy grave con multas que pueden llegar hasta los 150.000 euros. Esta es otra de las novedades de la ley, la imposición de un régimen sancionador que castigará entre otras cosas la destrucción de fosas o los llamados “lugares de memoria”.