La Iglesia española está dispuesta a pagar el IBI... pero si también lo hacen ONG, fundaciones o partidos políticos. Así lo señaló este miércoles el portavoz de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, que defendió que los obispos “no quieren privilegios, pero tampoco discriminación”. El argumento es que su sistema fiscal se rige por la Ley de Mecenazgo de 2002, y no por los Acuerdos Iglesia-Estado. Un argumento tramposo, pues dicha norma sólo afecta a los bienes para uso litúrgico o eclesial, y no a aquellos por los que la Iglesia obtiene beneficios económicos (garajes, pisos de alquiler, oficinas...), pero por los que no tributa.
“Reconocemos el derecho que tiene el Gobierno a modificar su política fiscal”, apuntó Argüello, quien reclamó “que este asunto, que afecta a todas las entidades no lucrativas, no se trate como si fuera solo un privilegio de la Iglesia”. La referencia es inequívoca, y el mensaje, claro: la Iglesia aceptaría pagar el IBI si también lo hacen otras instituciones amparadas, efectivamente, por la Ley de Mecenazgo de 2002.
En cualquier caso, los obispos retuercen con estas declaraciones las intenciones que la vicepresidenta Carmen Calvo explicó tanto al nuncio del Papa, Bernardito Auza, como al secretario de Estado, Pietro Parolin. La cuestión es muy sencilla: el Gobierno no pretende que la Iglesia pague el IBI de sus templos o en actividades relacionadas con el culto, que son los únicos edificios protegidos por la Ley de Mecenazgo... pero sí por aquellos que tengan “actividades económicas”, para adecuarse a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que en junio de 2017 dictaminó que la Iglesia debe pagar sus tasas de bienes inmuebles “cuando realice actividades económicas” que conlleven “beneficios fiscales”. Esto ocurre en casas de alquiler, garajes u otro tipo de inmuebles que generen réditos y que, bajo el paraguas de la institución, no han sido objeto del cobro de impuestos.
Una negociación que excluye a los obispos
Son muchas las cuestiones que la Iglesia tiene pendiente abordar con el Gobierno. Pero las negociaciones irán en dos tiempos. Los que ha impuesto la vicepresidenta Carmen Calvo, que ya ha iniciado sus conversaciones con el nuncio y el secretario de Estado vaticano, y no con los obispos. Sin embargo, este miércoles el portavoz de la Conferencia Episcopal negó que hubiera malestar por la actitud de Calvo, y reivindicó su papel para llevar a la realidad cualquier acuerdo al que se llegue. “No nos sentimos ninguneados” por el hecho de que el Ejecutivo quiera confrontar su agenda política directamente con la Santa Sede. Pero, apuntó, cuestiones como la educación o las inmatriculaciones, e incluso el pago del IBI deben ser “concretados” por la Iglesia española.
“En diálogos anteriores (con el Gobierno en funciones) ya dijimos que estábamos dispuestos a estudiar estos temas, siempre en clave de que la Iglesia no desea privilegios ni discriminación”. A pesar de las reivindicaciones, de momento el papel de los obispos en este escenario es incierto. ¿El nuevo Ejecutivo les ha llamado ya para dialogar? “No, todavía no”, ha reconocido el portavoz.
Veto parental y clase de Religión
Sobre el 'veto parental', Luis Argüello se enredó en la colisión de los derechos de los padres y de la sociedad a organizar el sistema educativo. Si hay conflicto, el portavoz dijo entender el derecho a “la objeción de conciencia” en aquellos derechos “en los que se discuten cuestiones antropológicas” (identidad, género, etc...).
“No nos importa solo la clase de Religión o la escuela concertada, sino una propuesta educativa que humanice y ayude a formar ciudadanos que sean capaces de acogerse y colaborar por el bien común”, clamó, lanzando un 'dardo' a la vicepresidenta que, en su opinión, no les ningunea. “En mayo el Papa organiza un encuentro por un Pacto Educativo Global, al que la vicepresidenta anunció que quiere participar. Sería extraño que no le interesase conseguir ese pacto en nuestro país”.
También criticó el portavoz al Gobierno por la futura aprobación de la ley de la Eutanasia. “La realidad del sufrimiento pide cuidados paliativos, no solucionar un problema, que existe, con un atajo (causar la muerte de manera proactiva) que deshumaniza”, afirmó.
Eutanasia y Cataluña
“Me sorprende que en el preámbulo de esta ley se hable de 'demanda social', cuando en la ley educativa se quita la demanda social. Parece ser que la 'demanda social' sólo es útil para tener una coartada moral supuestamente democrática para legislar en contra de la vida”, denunció Argüello.
Finalmente, y preguntado sobre el futuro en Cataluña después del anuncio electoral de Quim Torra, Luis Argüello llamó al “diálogo” pero sin “romper el actual marco jurídico-político”. “Ese diálogo y posible acuerdo habrá de concluir en una determinada configuración jurídico-político, que tiene que tener un respeto al actual marco jurídico-político, para poder dialogar, reconocer la historia compartida, la realidad de comunidades diferenciadas y encontrar juntos un marco de convivencia. Si valoramos un marco, no es legítimo romper el marco que los españoles nos hemos dado”, finalizó.
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